El abandono de obligaciones familiares se ha convertido en uno de los principales motivos de atención en la Procuraduría de la Familia del DIF Victoria.
De acuerdo con su titular, Carlos Eduardo López García, cada mes se reciben decenas de denuncias y asesorías relacionadas con la falta de cumplimiento de deberes paternos o maternos, principalmente en lo referente a la pensión alimenticia.
El procurador detalló que, aunque en algunos casos los padres buscan regularizar la convivencia con sus hijos, el grueso de las solicitudes está relacionado con la exigencia de pensión alimenticia.
Señaló que en lo que va de 2025 se han iniciado 94 juicios de tipo familiar, de los cuales una gran parte corresponde a este rubro.
“En su mayoría, quienes acuden son madres, alrededor del 80 por ciento; el resto lo integran padres que tienen la custodia y reclaman el derecho de sus hijos a recibir alimentos”, puntualizó.
El procedimiento inicia con una asesoría jurídica en la que se informa a los solicitantes sobre los derechos de los menores a tener acceso a la alimentación, educación, salud y vestido. Posteriormente, se interpone la demanda correspondiente y el juez determina medidas provisionales que pueden convertirse en definitivas, fijando un porcentaje de los ingresos del deudor para garantizar la manutención.
López García explicó que muchos deudores suelen justificar su incumplimiento con argumentos como la falta de empleo o la existencia de otra familia que mantener. Sin embargo, aclaró que ninguna de estas razones los exime de sus responsabilidades. “El derecho de los hijos a recibir alimentos es irrenunciable.
La ley protege a los menores y no hay pretextos válidos para incumplirlo”, enfatizó.
Una herramienta que se ha utilizado con mayor frecuencia es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Una vez que un juez dicta sentencia, el nombre del incumplido puede inscribirse en este padrón, lo que le impide realizar trámites como pasaportes, visas o incluso algunos créditos.
Con ello, se busca presionar a los responsables para que cumplan con sus obligaciones y evitar la evasión.
En cuanto a las asesorías, la Procuraduría de la Familia ha brindado más de 400 en lo que va del año, principalmente relacionadas con pensiones alimenticias.
“De esas, alrededor de 300 corresponden a este tema en específico, lo que refleja la magnitud del problema”, precisó el procurador.
El impacto de estos casos va más allá del ámbito legal.
Para los niños y adolescentes, crecer sin el respaldo económico de uno de sus progenitores significa enfrentar limitaciones en su desarrollo escolar, en su salud y en sus condiciones de vida. Por ello, el DIF Victoria insiste en que la responsabilidad parental no se trata únicamente de una obligación jurídica, sino también de un compromiso humano y moral con los hijos.
Por Raúl López García
