En distintas épocas y en diferentes circunstancias, hubo casos que cimbraron al país, historias con un mismo hilo, personajes en el centro de la tormenta, actuaciones en entredicho y polémicas mediáticas y políticas que aún no se apagan.
Un caso que aún enciende el debate es el espectacular operativo militar de marzo de 2009 en Michoacán; alcaldes y funcionarios fueron detenidos, acusados de pactar con “La Familia”, golpe histórico que se hizo pasar por un acto de justicia pero que en realidad buscaba legitimar a un presidente con el sello de la duda en la frente.
Meses después todo se vino abajo, los jueces liberaron a los acusados, las pruebas resultaron de humo, y el país se hundió en la peor ola de violencia del siglo, herencia de un poder que usó la ley como arma política.
En 2017, sacudió a los tamaulipecos y repercutió en todo el mundo el caso Pilar Garrido, española avecindada en México, desaparecida tras un viaje a la playa; semanas después apareció muerta, la Fiscalía culpó al marido, lo sentenció a 47 años, y tiempo después un tribunal federal tiró el caso por pruebas endebles solo por unos meses, porque después se ratificó el fallo.
El periodista Carlos Domínguez fue victimado en Nuevo Laredo en 2018, seis fueron acusados de su muerte, incluyendo colegas suyos, un expediente que parecía cerrado, pero que se vino abajo cuando los jueces absolvieron a todos.
Después quedó claro que el crimen fue pretexto para desatar una cacería de políticos acusados, perseguidos, empujados al exilio; fue una venganza disfrazada de justicia y el uso de un aparato legal manipulado para ajustar cuentas con los enemigos del gobernante en turno.
En Camargo, los horrores se multiplicaron cuando en 2021 apareció una camioneta con diecinueve cuerpos calcinados, la mayoría migrantes; la Fiscalía imputó a doce elementos estatales, por primera vez señalaba a policías como los verdugos de una masacre.
Matamoros entró en escena con el secuestro de cuatro estadounidenses, dos aparecieron muertos, la Fiscalía mostró detenidos de inmediato, pero la sombra quedó, familias y defensores denunciaron inocentes encarcelados con pruebas prefabricadas.
Apenas este año Reynosa se tiñó con la desaparición del Grupo Fugitivo, después confirmaron que habían sido asesinados, la Fiscalía presentó nueve detenidos y culpó al crimen organizado, la versión oficial se vendió rápido, aunque las familias nunca dejaron de dudar.
En el balance no solo hay casos perdidos, hubo procesos firmes, sobre todo en delitos sexuales contra menores, sentencias de más de quince años, expedientes sólidos que sirvieron como muestra de que la institución también podía avanzar.
La historia del fiscal Irving Barrios Mojica se escribe en claroscuros, expedientes que tronaron en tribunales como aquél “michoacanazo”, que orquestó cuando encabezaba la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR; y otros que resistieron, como algunas indagatorias exitosas en Tamaulipas, relacionadas con el combate al crimen organizado.
Pronto dejará la Fiscalía, a la institución le deja más atribuciones y más recursos, pero también un pesado historial de investigaciones cuestionadas, un mar de historias que marcaron a Tamaulipas en la última década.
Por. Pedro Alfonso García
