El ambiente político sigue tenso. No es una impresión pasajera, es un escenario sostenido donde la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas antes de que su gobierno pueda asentarse, una tensión que también se refleja en la percepción ciudadana: encuestas señalan que el 72 % de los mexicanos considera que el país vive conflictos frecuentes entre grupos políticos, una cifra que no ha bajado en la última década.
López Obrador habló de actores que buscan frenar la estabilidad, pero dejó fuera un punto clave, porque los adversarios más activos no solo están en la oposición, también están dentro de Morena y llevan meses moviendo piezas, un fenómeno que distintos estudios sobre partidos hegemónicos describen como competencia intra-élite, documentado por el CIDE en procesos de transición donde los liderazgos locales intentan preservar poder.
La oposición mantiene su ruta, organiza marchas, presiona en medios y busca recuperar espacios, pero ese libreto ya es conocido; lo relevante hoy es lo que ocurre dentro del movimiento que llegó al poder con la bandera de unidad y hoy muestra fisuras visibles. Datos del INE muestran que el 38 % de las rupturas partidistas en México en los últimos quince años provino de conflictos internos, no de presiones externas.
En varios estados operan grupos que se fortalecieron durante el obradorismo y ahora resisten los cambios, frenan decisiones, bloquean nombramientos, condicionan apoyos y defienden estructuras que les dieron poder e influencia en los últimos años. En 2023 y 2024, organizaciones como Integralia registraron más de cien episodios de pugnas internas en partidos gobernantes a nivel estatal, un indicador de que la fragmentación no es un riesgo hipotético.
No se confrontan abiertamente, pero sí intervienen en procesos clave, usan su cercanía pasada con AMLO para cuestionar la autoridad de la presidenta y buscan mantener un control territorial que no corresponde al nuevo momento político, un comportamiento que coincide con patrones detectados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la disputa por cargos subnacionales durante cambios de administración.
Sheinbaum intenta ordenar el gobierno, fijar reglas claras y reconstruir disciplina, pero enfrenta un movimiento que ya no actúa como un bloque unido, porque el relevo presidencial expuso rivalidades internas y redes que buscan preservar posiciones sin importar el costo.
La duda es si López Obrador reconoce este punto, porque cuando habla de enemigos del proyecto su mensaje queda incompleto si no incluye a quienes sabotean desde dentro, actores que se presentan como aliados pero sostienen prácticas que complican la operación del gobierno. Las divisiones internas, según Parametría, son percibidas por el 57 % de simpatizantes del propio movimiento como un riesgo para la gobernabilidad.
Ese ruido tiene efectos directos, retrasa decisiones, genera incertidumbre en áreas estratégicas, condiciona políticas públicas y alimenta la idea de que el partido no está alineado con la presidenta en esta etapa inicial. En los primeros cien días de gobiernos previos, los mayores cuellos de botella identificados por la Auditoría Superior de la Federación se relacionaron con disputas por nombramientos y controles administrativos internos.
La presión para Sheinbaum viene por dos vías: la crítica externa que busca desgastar al gobierno y la resistencia interna que intenta conservar privilegios, una combinación que limita su margen y explica la sensación de un ambiente político enrarecido. Estudios del programa de Gobernabilidad del ITAM muestran que cuando convergen presiones internas y externas, la capacidad de decisión del Ejecutivo se reduce hasta un 30 % en los primeros meses.
La gobernabilidad depende de corregir estas tensiones dentro de Morena, establecer reglas firmes y cerrar espacios a los cálculos personales que ya no encajan en un proyecto que necesita eficacia y cohesión. La OCDE advierte que la estabilidad institucional en los cambios de gobierno se fortalece cuando hay disciplina partidista clara y procesos internos transparentes, dos pendientes que hoy vuelven al centro del debate.
El país está en un proceso de ajuste entre dos liderazgos, un punto donde cada grupo mide su futuro político, pero el gobierno requiere un movimiento alineado, no estructuras que operen con doble discurso y frenen decisiones en momentos clave. Lo demuestran experiencias previas: en 2018 y 2021, los estados con mayor conflictividad interna tuvieron también mayores retrasos en ejecución presupuestal según la SHCP.
La presidenta enfrenta el desafío de ordenar su propio partido mientras conduce al país. Ese frente interno, más que cualquier crítica externa, es el que definirá la estabilidad política en los próximos meses.
EN PÚBLICO / NORA M. GARCÍA
