El lunes se instalaron los Consejos de Paz y Justicia Cívica y, más allá del acto protocolario, vale la pena detenerse a pensar en el compromiso real que asumirán quienes hoy los integran, porque no se trata de un adorno institucional sino de una responsabilidad que toca la vida diaria y que puede marcar diferencia si se toma en serio.
Ojalá, por lo pronto, los alcaldes muestren en este tema una conciencia mayor que la que suelen mostrar en la atención de los servicios públicos y se ocupen de estos asuntos cotidianos, pero cruciales, que con frecuencia quedan relegados porque no generan reflectores ni rentabilidad política inmediata.
El riesgo es claro, que los Consejos se entiendan como un mero trámite, una reunión más en la agenda, una fotografía para el archivo, sin método ni seguimiento, y si eso ocurre su utilidad se agotará antes de empezar, como ha pasado con tantos otros esfuerzos bien intencionados.
La lógica de estos espacios apunta a otra dirección, ir al fondo de los asuntos diarios, esos conflictos que parecen menores porque se repiten tanto que se normalizan y que, con el tiempo, terminan por desbordarse y convertirse en problemas mucho más costosos para la autoridad y para la sociedad.
Ahí están las riñas vecinales, los escándalos recurrentes, el consumo de alcohol en la vía pública, los pleitos familiares en fase temprana, las faltas administrativas que se acumulan sin solución y que nadie decide enfrentar con seriedad, aunque sean el pan de cada día para policías municipales.
Los datos ayudan a dimensionar el problema, en Tamaulipas, de acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reportes municipales, más del 70% de las intervenciones policiales en zonas urbanas están relacionadas con faltas administrativas y conflictos no penales, no con delitos de alto impacto, una carga enorme para instituciones pensadas para otra función y que terminan saturadas en tareas preventivas que nunca se ordenan.
A eso se suma la violencia familiar, uno de los focos rojos del estado, cada año se registran más de 14,000 denuncias formales ante fiscalías, según cifras oficiales, y en la mayoría de los casos el conflicto inició con discusiones constantes, amenazas o agresiones verbales, etapas donde la intervención cívica todavía puede contener el daño antes de que escale.
Son problemas comunes, sí, pero también son el punto de partida de dinámicas más complejas de violencia, porque en ese terreno se incuban resentimientos, se rompen acuerdos básicos de convivencia y se erosiona la autoridad, hasta que el conflicto cruza la línea y entra al ámbito penal.
En Tamaulipas este enfoque no debería sorprender a nadie, la experiencia muestra que buena parte de la presión social y policial no proviene de grandes delitos, sino de la suma de conflictos mal atendidos, dispersos en colonias, barrios y comunidades, que se repiten día tras día sin intervención eficaz.
La percepción ciudadana lo confirma, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 6 de cada 10 habitantes en ciudades tamaulipecas dicen sentirse inseguros, y cuando se pregunta por qué, las respuestas no aluden solo a homicidios o secuestros, sino a riñas, pandillas, consumo de alcohol, desorden en el espacio público y ausencia de autoridad cotidiana.
Por eso los Consejos no están pensados para perseguir criminales ni para sustituir a policías o fiscalías, su tarea es ordenar, coordinar, mediar, sancionar con proporcionalidad y dar seguimiento a lo que ocurre todos los días, justo donde la seguridad empieza o se deteriora y donde, según estudios del propio Poder Judicial y organismos internacionales, se puede prevenir una parte importante de la violencia futura.
No se trata de ser indulgentes, sino de ser eficaces, los estudios sobre justicia cívica muestran que cuando una falta se sanciona sin seguimiento la reincidencia puede superar el cuarenta por ciento, mientras que con mediación, trabajo comunitario y canalización social ese porcentaje se reduce de manera sostenida, aliviando además la carga policial y judicial.
Los Consejos también cumplen una función política que no siempre se valora, poner a dialogar a dependencias que suelen operar por separado y hacerlo con datos, prioridades territoriales y metas claras, algo que rara vez ocurre en la rutina administrativa y que suele marcar la diferencia entre una política viva y una política simulada.
Eso exige liderazgo, tiempo y constancia, porque la justicia cívica no ofrece resultados espectaculares de un día para otro, funciona cuando hay continuidad, cuando los acuerdos se cumplen, cuando las sanciones se aplican y cuando alguien se encarga de medir si lo que se hace sirve o no.
Si faltan presupuesto, indicadores y evaluación pública, todo quedará en buenas intenciones y la rutina administrativa terminará por diluir lo que hoy se anuncia como una apuesta relevante, como ya ha ocurrido con otros programas de prevención que se quedaron a medias y nunca rindieron cuentas.
Hay quien cree que la seguridad se resuelve solo con más patrullas o castigos más duros, pero la experiencia dice otra cosa, la violencia también se alimenta del abandono cotidiano, de la falta que nadie corrigió, del conflicto que nadie quiso enfrentar cuando aún era manejable.
El lunes se dio el primer paso formal, ahora viene lo difícil, demostrar que los Consejos son una herramienta viva para atender lo que pasa en calles, colonias y barrios y no un membrete más en la estructura gubernamental.
La pregunta de fondo es simple, si quienes los integran están dispuestos a entrarle de verdad a los problemas diarios, esos que no siempre se ven ni se presumen, pero que casi siempre explican lo que después lamentamos.
EN PÚBLICO / NORA MARIANELA GARCÍA RODRÍGUEZ
