Por Alfredo Peña
Un juez federal sentenció a siete ex elementos de la antigua Policía Ministerial de Tamaulipas por el secuestro de nueve personas en Ciudad Victoria, ocurrido en marzo de 2013, y por su posterior entrega a integrantes de la delincuencia organizada.
La resolución pone fin a un proceso que se extendió por más de una década y determina que los sentenciados interceptaron a las víctimas el 13 de marzo de 2013 en las inmediaciones de la Central Camionera de Ciudad Victoria, para después trasladarlas y entregarlas a delincuentes en la región centro del estado.
Las víctimas permanecieron privadas de su libertad por 18 días, hasta que el 31 de marzo de 2013 sus cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta abandonada cerca del ejido Santa Clara, sobre la carretera Victoria-Soto la Marina.
Los cuerpos presentaban signos de violencia y fueron identificados como los nueve hombres reportados como desaparecidos tras los hechos del 13 de marzo, lo que permitió a los investigadores establecer la línea directa entre la detención en la terminal y el hallazgo en la carretera.
La zona donde fueron encontrados los cuerpos, en el tramo carretero que conecta la capital del estado con el litoral tamaulipeco, concentró durante ese periodo múltiples hallazgos similares y fue escenario recurrente de la violencia entre organizaciones criminales en el centro de la entidad.
Las investigaciones federales determinaron que los sentenciados pertenecían al área de recuperación de vehículos robados de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, una de las unidades con mayor exposición operativa.
Los agentes habrían interceptado a las víctimas en la terminal de autobuses y de acuerdo con la acusación, las habrían entregado a la organización que controlaba entonces amplias zonas del centro del estado.
Roberto “S” y Martín “D” recibieron las condenas más elevadas del fallo: 61 años y seis meses de prisión, tras ser encontrados culpables de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.
Además de la pena privativa de libertad, ambos deberán pagar una multa superior a un millón 115 mil pesos cada uno, de acuerdo con los términos de la resolución.
Otros cinco ex agentes fueron sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado: Romualdo “G”, Ricardo “C”, Francisco “J”, Dony “E” y Carlos “G”.
Los siete acusados negaron durante el proceso su participación en los hechos y señalaron irregularidades en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía federal, argumentos que el tribunal desestimó tras revisar los testimonios e informes ministeriales integrados a lo largo de la investigación.
La sentencia contempla también reparación del daño para las familias de las nueve víctimas, cuya identidad no ha sido divulgada en los registros judiciales públicos disponibles, en un expediente tramitado íntegramente bajo la jurisdicción federal.
Los hechos ocurrieron durante uno de los periodos de mayor violencia registrados en la historia reciente del estado, que derivaron de una confrontación armada entre grupos que habían pertenecido a una misma organización y que se extendió por amplias zonas de Tamaulipas.
El conflicto entre ambos bandos generó una ola de secuestros, desapariciones y ejecuciones colectivas que afectó municipios de la franja fronteriza, el centro y el litoral del estado, y dejó como saldo miles de víctimas durante varios años.
La investigación que concluye en sentencia de los ex policías fue atraída al fuero federal en agosto de 2013 por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, meses después del hallazgo de los cuerpos y cuando las primeras líneas de indagación apuntaban hacia elementos de la Ministerial.
A partir de esa intervención se integraron los expedientes que derivaron en la detención y el procesamiento de los siete ex agentes, en un proceso que requirió mantener cadenas de evidencia complejas durante más de diez años ante el tribunal federal competente.
En Tamaulipas, varios expedientes vinculados a la infiltración policial por el crimen organizado durante ese periodo transitaron años en etapas de investigación y procesamiento, y en algunos casos aún no han llegado a sentencia en el fuero federal.
Durante el tiempo que duró el proceso, la corporación que integraron los sentenciados fue objeto de reorganizaciones institucionales, al pasar de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la actual Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Esos cambios no alteraron el curso del expediente federal, que avanzó de manera independiente bajo la jurisdicción de la FGR, con base en las pruebas reunidas desde agosto de 2013 y sin que las reorganizaciones del estado afectaran la cadena de custodia.
La #FGR obtuvo sentencia de hasta 61 años de prisión en contra de Carlos "N", Dony "N", Francisco "N", Martín "N", Ricardo "N", Roberto "N" y Romualdo "N", por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. En 2013, privaron de la… pic.twitter.com/OQxa8qUjVd
— FGR México (@FGRMexico) March 16, 2026
