El cierre de la Cruz Roja en Ciudad Victoria no es una anécdota ni un problema administrativo que pueda explicarse con un comunicado; es, en los hechos, la evidencia de una falla acumulada en la provisión de un bien público esencial: la salud; y cuando eso ocurre en una capital lo que se exhibe no es la fragilidad de una institución sino los límites del Estado para responder a lo básico.
Conviene poner los datos sobre la mesa; en Tamaulipas al menos nueve delegaciones de Cruz Roja han suspendido o reducido operaciones recientes por inviabilidad financiera, no por excepción sino por patrón; esto ocurre en una entidad donde más del 45% de la población no tiene seguridad social (INEGI) , es decir casi la mitad depende de servicios públicos o de esquemas de auxilio como la propia Cruz Roja para atender emergencias.
Ciudad Victoria concentra esa presión; no sólo por su población cercana a 350 mil habitantes sino por su papel como nodo administrativo y receptor de pacientes de otros municipios; la red hospitalaria, Hospital General, Civil, Infantil, IMSS, ISSSTE y el Regional de Alta Especialidad, opera con saturación constante, con tiempos de espera prolongados y con limitaciones que no son nuevas pero sí cada vez más evidentes; a nivel nacional México tiene alrededor de 1.4 camas hospitalarias por cada mil habitantes, según la OCDE, muy por debajo del estándar de países con sistemas consolidados.
En paralelo la transición hacia IMSS-Bienestar se planteó como la solución para atender a más de 53 millones de personas sin seguridad social; en la práctica ha implicado centralización, ajustes presupuestales y una implementación que no termina de cerrar brechas; el sistema asume más responsabilidades pero no incrementa su capacidad al mismo ritmo. Desde la economía pública el diagnóstico es conocido; mayor demanda, oferta limitada, financiamiento insuficiente; México destina alrededor de 3% del PIB al gasto público en salud mientras el promedio de la OCDE ronda el 6%, una brecha que no es técnica sino política y que se traduce en menos infraestructura, menos personal y menor capacidad de respuesta.
La Cruz Roja operaba como una válvula de escape; atendía emergencias, facilitaba traslados, absorbía parte de la demanda que el sistema público no podía cubrir con oportunidad; su cierre no origina la crisis pero sí la acelera porque elimina un componente que hacía funcional un sistema ya tensionado; las emergencias no desaparecen, lo que desaparece es la capacidad de respuesta inmediata.
Lo que ocurre en Ciudad Victoria no es un colapso súbito sino un desgaste progresivo; no es una ruptura sino una acumulación de fallas que se vuelven visibles cuando el margen de maniobra se reduce; así se deterioran los sistemas públicos, por omisión, por insuficiencia y por decisiones que postergan lo urgente hasta que deja de ser postergable.
Aquí ya no hay espacio para eludir responsabilidades; lo que se requiere es decisión política con recursos etiquetados, integrar formalmente la atención prehospitalaria al sistema público, garantizar financiamiento estable, invertir en capacidad hospitalaria en la capital y establecer indicadores que midan tiempos de respuesta y resultados; sucede que cuando el Estado empieza a fallar en lo básico deja de administrar un problema y comienza a incubar una crisis de gobernabilidad, y esa, a diferencia de otras, no da segundas oportunidades.
