La iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal —conocida como Plan B— traerá cambios estructurales a la vida política de Tamaulipas: reducirá el número de regidores y síndicos en los 43 municipios del estado, establecerá un techo al presupuesto del Congreso local y eliminará seguros y prestaciones especiales para los funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y el Tribunal Electoral (TRIELTAM) del estado.
El impacto más inmediato recaerá sobre los cabildos. La reforma establece que cada ayuntamiento podrá contar con un máximo de 15 regidores y un solo síndico, lo que significa una reducción significativa en los municipios más poblados del estado.
Los municipios con mayor afectación serán los de mediana y gran población. Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Río Bravo, Tampico, Victoria y Valle Hermoso —que tienen entre 60,000 y 370,000 habitantes— quedarían con 15 regidores. Lo mismo ocurriría con Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, este último con más de 700 mil habitantes, que actualmente cuentan con cabildos más numerosos.
Los 33 municipios restantes, con menos de 60,000 habitantes, se quedarían con siete regidores. La norma también aclara que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con menos de 15 regidurías conservarán su integración actual, y cualquier modificación futura deberá basarse en criterios de población y aprobarse por mayoría calificada del Congreso del Estado.
Los cambios entrarán en vigor a partir del inicio del siguiente periodo administrativo municipal en cada entidad.
Tope al gasto del Congreso local
La reforma también establece un límite presupuestal directo para el Poder Legislativo de Tamaulipas: el gasto anual del Congreso del Estado no podrá superar el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad. Adicionalmente, el presupuesto legislativo solo podrá actualizarse conforme a la inflación anual; quedarán prohibidas las ampliaciones, transferencias o reasignaciones que lo incrementen por encima de ese umbral.
Las remuneraciones de los servidores públicos del Congreso deberán, asimismo, ajustarse a los topes fijados por el artículo 127 de la Constitución Federal, que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República.
El Congreso tamaulipeco deberá armonizar su marco jurídico con estas disposiciones a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Para el presupuesto de egresos de este año, el Congreso del Estado se aprobó un gasto de 310 millones de pesos, que representa un 0.38% del presupuesto total de Tamaulipas que asciende a 81,015 millones de pesos.
El tercer frente de la reforma apunta a los organismos electorales locales. La iniciativa prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros de ahorro privados, seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales —como el Seguro de Separación Individualizado— en beneficio de consejeros y magistrados del Instituto Electoral de Tamaulipas y del Tribunal Electoral del Estado.
El argumento del Ejecutivo Federal es que estas prestaciones representan un privilegio incompatible con el principio de austeridad republicana que guía la reforma. Los recursos liberados deberán permanecer en la hacienda pública de cada entidad y destinarse a obras de infraestructura, servicios públicos y acciones de bienestar social.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales presentadas desde la Presidencia de la República orientadas a consolidar la llamada austeridad republicana y a reducir el gasto en estructuras político-administrativas. El proyecto también busca fortalecer el mecanismo de revocación de mandato como instrumento de democracia directa.
En Tamaulipas, los efectos de la reforma serán graduales: la reducción de regidores aplicará al inicio del siguiente periodo municipal, mientras que las adecuaciones presupuestales del Congreso y de los organismos electorales deberán estar en marcha antes de que concluya mayo de 2026.
Fiscalización de partidos
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum había planteado inicialmente someter a consulta ciudadana el financiamiento a las fuerzas políticas, la iniciativa no contemplará ese mecanismo ni modificaciones a las prerrogativas.
“Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, sostuvo.
En materia de fiscalización, se establece la obligación de que los partidos políticos reporten en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado, así como la posibilidad de que el INE firme convenios con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos.
“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, señaló Rodríguez.
Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas, así como la recepción de financiamiento del extranjero y aportaciones en efectivo.
La propuesta incorpora también la obligación de transparentar las remuneraciones de los dirigentes de partidos políticos y establece un tope a sus ingresos equivalente a mil 500 UMAs.
