Esta fecha, 23 de septiembre, marca la efeméride del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, un día que recuerda la violencia cotidiana que atraviesa nuestra sociedad.
Es tema que no es lejano ni ajeno, que se alimenta de la pobreza, de la desigualdad y de la impunidad, y que golpea a un sector de la sociedad que permanece en el olvido.
En Tamaulipas los números oficiales apenas describen la magnitud del problema: durante el 2023 se abrió una sola carpeta de investigación por trata de personas y entre enero y en mayo de 2024 se iniciaron dos más, por tratas de menores, y en agosto de este año sólo dos víctimas mujeres fueron reconocidas en todo el estado.
Las cifras no cuadran con las denuncias de activistas y periodistas, porque la realidad es que la explotación sexual y la trata se presentan con mucha más frecuencia de lo que aparece en registros oficiales.
El gran problema es el subregistro, los delitos suelen clasificarse con otros nombres: lenocinio, corrupción de menores o abusos sexuales y en varios municipios las estadísticas marcan “cero” casos, como si la trata no existiera, cuando en realidad está presente en calles, bares, zonas agrícolas y, sobre todo, cada vez más en medios y entornos digitales donde la vigilancia institucional es casi nula.
Un caso reciente lo confirma, el 21 de agosto de 2025 fue detenido en Ciudad Victoria Juan “R”, vinculado a una red de pornografía infantil que operaba a través de redes sociales y que había difundido más de diez mil imágenes y mil quinientos videos de abusos, un hecho que exhibió la magnitud del delito y la facilidad con que las redes criminales se extienden desde el espacio digital hasta nuestra entidad, golpeando a los más indefensos.
El marco legal es insuficiente, desde 2023 el estado cuenta con la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en conjunto con la Ley General y aunque norma obliga a prevenir, perseguir y proteger a las víctimas, en la práctica hay una brecha enorme.
Se legisla, se publican protocolos, pero la efectividad es mínima y las víctimas siguen esperando una respuesta real. Este año se han presentado iniciativas importantes en el Congreso: en junio se propuso una reforma a la Ley de Turismo que obliga a hoteles y prestadores de servicios a verificar vínculos legales de adultos con menores y denunciar casos sospechosos de explotación sexual infantil, en julio el diputado Isidro Vargas Fernández de Morena presentó una reforma al Código Penal para tipificar la edición digital de pornografía infantil y endurecer las sanciones, y en agosto Humberto Prieto Herrera, también de Morena, registró una iniciativa vinculada con delitos sexuales y de explotación. Son propuestas que llenan vacíos legales de la ley actual, pero no han servido para cambiar el panorama real.
La educación es la herramienta más poderosa para frenar el delito, desde las aulas debe hablarse de consentimiento, enseñarles a los alumnos a reconocer engaños y detectar abusos de poder. Los docentes necesitan preparación para identificar señales tempranas y contar con mecanismos para actuar.
El núcleo familiar es esencial, un hogar sin comunicación ni confianza abre la puerta a este tipo de delitos, la familia debe ser refugio y no territorio de riesgo, los padres tienen que estar atentos, escuchar, acompañar y fortalecer la autoestima de niñas, niños y adolescentes para evitar que caigan en redes de engaño.
Actualmente sí hay cambios: leyes nuevas, protocolos estatales, investigaciones abiertas y detenciones como el caso de la red de pornografía infantil y sin embargo, son pasos aislados ante una realidad que sigue en las sombras, porque persiste la impunidad, las víctimas siguen invisibles y los recursos para atenderlas son ineficientes.
Como advirtió Simone de Beauvoir, “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.
En nuestro estado la trata persiste porque el silencio, la omisión y, sobre todo, la indiferencia se vuelven cómplices y nos debe quedar claro que romper esas cadenas es un deber humano y social impostergable.
Nuestra época carga con historias como las de Marcial Maciel y Naasón Joaquín García, ejemplos de cómo el poder disfrazado de fe llevó a los peores excesos antes de que se les aplicara la ley, y que nunca deberían repetirse.
ENPUBLICO / NORA M GARCÍA RODRÍGUEZ
