EN PÚBLICO/ NORA M. GARCÍA RDZ.
Uno de los problemas más recurrentes en el estado es la desaparición de mujeres, no se trata de hechos aislados ni de episodios del pasado, sino de ausencias que se acumulan día a día en montañas de expedientes y, sobre todo, en la memoria de familias enteras.
La magnitud del problema es grave y constituye una de las facetas más alarmantes de la inseguridad, con patrones que muestran una violencia que se reproduce a lo largo y ancho del país con una regularidad que no se ha podido contener.
Los informes de Red Lupa del (IMDHD), con corte a mayo de 2025, registran más de 12,000 desapariciones no resueltas en el estado; de ellas, 2,757 corresponden a mujeres, es decir, un 22.9%, y la mayoría afecta a jóvenes de entre 15 y 19 años.
Niñas y adolescentes suman al menos 1,831 menores reportadas como desaparecidas, casos que revelan un patrón: mujeres en la transición de la niñez a la juventud, con su proyecto de vida truncado. Esta problemática golpea más a municipios fronterizos, Reynosa lidera con 2,817 personas no localizadas, seguido por Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero, que concentran la mayoría de los reportes.
La limitación de información desagregada por sexo es un punto crítico, a ello se suma que Reynosa ha sido escenario de fosas clandestinas que agudizan la crudeza del problema y la ausencia de respuestas.
Las instituciones encargadas en la operación del problema reflejan un gran vacío, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga y judicializa los casos, la Comisión Estatal de Búsqueda coordina las acciones de localización en conjunto con los colectivos, el Instituto de la Mujer y la Secretaría de Igualdad intervienen cuando las desapariciones se relacionan con violencia de género.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa en recomendaciones por omisiones y, en el plano federal, la FGR asume los casos de desapariciones forzadas, mientras la Comisión Nacional de Búsqueda administra el registro nacional.
Existe una robusta gama de instituciones, sin embargo, en la práctica son las familias las que siguen con la búsqueda por medio de colectivos.
El caso de Miriam, en San Fernando, confirma la brecha entre instituciones y realidad, fue asesinada en 2017 tras dar con los responsables de la desaparición de su hija, su historia se convirtió en símbolo de vulnerabilidad y resistencia, y en ejemplo del grave peligro que corren las madres buscadoras. Recientemente, colectivos como Amor por los Desaparecidos localizaron sitios clandestinos en Reynosa con restos humanos y objetos personales, estos hallazgos son prueba de que la sociedad civil —y no el Estado— sostiene la búsqueda.
En la experiencia internacional existen casos que ofrecen lecciones útiles para enfrentar la crisis actual, Argentina, con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), logró localizar más de 21,500 personas entre 2012 y 2024, coordinando provincias y federación con una efectividad del 77 %.
En Colombia se aprobó la Ley 2364, que reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de derechos y garantiza su participación en políticas públicas, en América Latina destacan experiencias como el Equipo Argentino de Antropología Forense, las comisiones de verdad en Guatemala, Chile y Uruguay, así como las Madres Buscadoras de Sonora en México.
Todos estos ejemplos muestran que los avances provienen de la autonomía forense, la coordinación estatal y el respaldo legal a las familias, señalan la necesidad de que en México, y particularmente en Tamaulipas, exista un registro único con enfoque de género, laboratorios forenses independientes y la participación protegida de colectivos y familias.
La trascendencia del problema a nivel federal es evidente, Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional en desapariciones, principalmente por su condición fronteriza que lo convierte en corredor de violencia del crimen organizado, tráfico de personas y disputas territoriales.
Los 57 sitios de exterminio localizados en el estado colocan a la entidad como un foco de violencia extrema en el país, lo que ocurre en Tamaulipas no solo es un asunto local, es un ejemplo de la magnitud no controlada de impunidad nacional.
Aunque el gobierno estatal ha hecho esfuerzos por contener el problema, los resultados son mínimos, entre enero y agosto de 2023 reportó la detención de 675 personas, la emisión de 235 órdenes de aprehensión y la vinculación a proceso de 562 individuos. Sin embargo, estudios académicos advierten que solo el 8 % de las personas desaparecidas han sido localizadas, 5 % con vida y 3 % sin vida.
El camino pendiente es amplio, se necesita fortalecer la búsqueda inmediata con perspectiva de género, garantizar protección a las madres buscadoras, invertir en capacidades forenses y mejorar la coordinación entre instancias locales y federales.
El Congreso estatal tiene que asumir su papel con presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas, no hay que perder de vista los ejemplos de éxito empleados en otros países, donde se reconoce a las madres buscadoras como sujetas de derechos y se invierte en políticas integrales. Cerramos con el recuerdo de una luchadora cuyo sacrificio debe ser motivo para actuar: Miriam Rodríguez, madre de San Fernando asesinada en 2017 tras buscar a su hija, convertida en símbolo de coraje y en el recordatorio más doloroso de la deuda del Estado con las mujeres desaparecidas y sus familias.
