Emitir insultos, calumnias o difundir información falsa en redes sociales podría ser castigado de 1 a 3 meses de trabajo comunitario pero se incrementará en caso de que sean reiteradas y anónimas.
Si el Congreso aprueba la propuesta, Tamaulipas se convertirá en uno de los primeros estados del país en tipificar y sancionar penalmente la difamación digital, respondiendo a una de las demandas sociales más urgentes en la era de las redes sociales.
La iniciativa presentada por el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, de Morena, plantea sancionar estas conductas con trabajo comunitario de uno a tres meses y multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El nuevo artículo 390 Quáter del Código Penal estatal establece castigos a quien, por medios digitales, afecte el honor, reputación, credibilidad, buen nombre o principio de inocencia de cualquier persona física o moral, ya sea pública o privada.
La propuesta también endurece las penas cuando los ataques sean reiterados, anónimos o con fines de daño social, aumentando las sanciones hasta en una mitad.
Cruz Martínez explicó que la iniciativa busca llenar un vacío legal en el combate a la violencia digital, que actualmente no contempla sanciones por insultos, agravios o difamación en redes sociales. “No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de proteger derechos fundamentales como el honor y la dignidad”, subrayó.
La violencia digital, agregó, puede generar daños psicológicos, emocionales y sociales profundos, especialmente en mujeres y grupos vulnerables. De acuerdo con el INEGI, más del 20% de los usuarios de internet en México ha sido víctima de ciberacoso.
Organismos internacionales como la ONU y la UNESCO han advertido que este tipo de violencia afecta gravemente la dignidad humana y el derecho a la integridad personal. Además, más del 73% de las mujeres periodistas en el mundo han sufrido ataques en línea, según la UNESCO.
Actualmente, el Código Penal tamaulipeco sanciona el ciberacoso y la difusión no consentida de contenido íntimo (Ley Olimpia), pero no contempla las agresiones verbales o la difusión de rumores falsos, lo que deja a las víctimas sin protección jurídica efectiva.
La iniciativa también aclara que no se castigará la crítica legítima ni el ejercicio periodístico, siempre que estén amparados por la libertad de expresión y no busquen dañar deliberadamente a una persona o institución.
“Esta reforma es un paso decisivo para garantizar que el entorno digital sea un espacio seguro, donde se respete la dignidad y el buen nombre de las personas”, enfatizó el legislador.
Por Arturo Rosas H.
