El país amaneció bajo la presión de los bloqueos del campo, una protesta que paralizó rutas estratégicas y exhibió que la crisis agrícola dejó de ser un reclamo sectorial para convertirse en un problema nacional que impacta movilidad, abasto y certidumbre económica.
La inconformidad no apareció de improviso, los costos de producción crecieron más de 46 por ciento en cinco años y los precios de granos cayeron hasta la mitad, mientras los agricultores producían a pérdida y la economía oficial presumía repuntes que se desmoronaron cuando miles de camiones quedaron varados.
El desbalance viene de décadas, la producción de maíz cayó a 26.5 millones de toneladas en 2022 y la demanda interna no disminuye, por eso la disponibilidad per cápita se sostiene con importaciones y para el ciclo 2024-2025 se prevén compras externas por casi 22 millones de toneladas.
La ecuación es conocida por todos, fertilizantes disparados, diésel caro y maquinaria cuyo costo rebasa un ciclo completo de siembra, un escenario que hace inviable la rentabilidad y confirma que sin rentabilidad no hay campo, aunque el discurso oficial insista en lo contrario.
Los bloqueos dejaron al descubierto una estructura distorsionada, auditorías federales reportan que apenas cinco por ciento de los beneficiarios concentró más de la mitad de los subsidios y que padrones inflados, intermediarios y duplicidades desplazaron a millones de pequeños productores que recibieron apoyos simbólicos.
El colapso carretero mostró otro rostro, entidades como Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán operan bajo cobro de piso, robo de maquinaria y control criminal de rutas agrícolas, una condición que eleva costos, provoca abandono de tierras y acelera desplazamientos forzados en regiones antes productivas.
El caos lo confirmó en cuestión de horas, cientos de tráileres detenidos en puntos clave elevaron costos logísticos, frenaron cadenas de suministro y golpearon el abasto urbano, mientras la banca endureció créditos, las aseguradoras limitaron coberturas y la tecnificación quedó suspendida frente al riesgo.
Los productores demandan precios que cubran costos, como seis mil pesos por tonelada de sorgo, y apoyos reales para insumos, además de seguridad en carreteras y libre tránsito para mover cosechas, porque el conflicto dejó de ser sectorial y hoy afecta comercio, industria, transporte y estabilidad logística.
La mesa de diálogo colapsó porque el sector perdió confianza en instituciones que por años privilegiaron operadores políticos y manipularon padrones, un desgaste que explica por qué los bloqueos son el síntoma de un modelo agotado que restó credibilidad, rentabilidad y capacidad de reacción nacional.
El gobierno enfrenta una decisión urgente, reconstruir el campo con reglas claras, inversión en riego y caminos, seguridad efectiva y apoyos transparentes, o continuar con parches que no evitarán nuevas paralizaciones en un entorno marcado por importaciones crecientes, precios presionados y volatilidad global.
El país debe escuchar lo que dijeron las carreteras bloqueadas, sin condiciones dignas para producir no hay alimentos, sin seguridad no hay transporte y sin agricultores no hay futuro económico, una lección contundente que recordó que México ya no puede ignorar a quienes sostienen su mesa todos los días.
EN PÚBLICO / NORA M. GARCÍA
