La gestión de Irving Barrios Mojica al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) concluirá con un rezago acumulado de carpetas de investigación y órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse, de acuerdo con los indicadores más recientes del INEGI.
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 del INEGI, durante el año pasado la FGJT abrió 40,183 carpetas de investigación.
Sin embargo, la capacidad de concluir procedimientos se mantuvo limitada.
En la etapa de investigación inicial se registraron 21,335 determinaciones o conclusiones, mientras que en la investigación complementaria se alcanzaron 3,909. En contraste, al cierre del año quedaron pendientes de conclusión 35,199 procedimientos.
Estos pendientes pueden corresponder tanto a carpetas iniciadas en el año como a ejercicios anteriores.
El volumen de expedientes se refleja también en la calidad del avance procesal.
En 2024 se reportaron 25,753 carpetas con persona imputada y 14,430 sin imputado. De las personas imputadas, se formularon imputaciones a 979, logrando la vinculación a proceso de 855 y dejando fuera por no vinculación a 124.
Otro indicador que muestra el rezago es el cumplimiento de órdenes judiciales que pueden ser de aprehensión, reaprehensión o comparecencia.
Al inicio del año, la Fiscalía acumulaba 1,470 órdenes pendientes; durante el periodo se giraron 549 más, pero solo se concluyeron 423. Para el cierre del ejercicio, el número de órdenes pendientes llegó a 1,603.
Cifra negra sigue al alza
A la carga operativa se suma un problema estructural de confianza social hacia las instituciones encargadas de investigar delitos.
El diagnóstico de la Fiscalía para 2025, basado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), muestra que en 2023 la cifra negra —delitos no denunciados o no investigados— alcanzó 96.4% en Tamaulipas, uno de los niveles más altos del país. Solo 5.3% de los delitos fueron denunciados y, de ellos, únicamente 67.7% derivaron en una averiguación previa o carpeta de investigación.
Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional en cifra negra, resultado tanto de delitos no denunciados (94.3%) como de denuncias que no se convirtieron en investigaciones formales.
El incremento sostenido en esta medición evidencia un deterioro progresivo: en 2020 la cifra negra era de 93.19%, en 2021 subió a 94.19%, en 2022 alcanzó 95.1% y en 2023 llegó a 96.4%.
Las razones detrás de la ausencia de denuncias muestran un patrón consistente. ENVIPE señala que la pérdida de tiempo representa 25.9% de los motivos, seguida de la desconfianza en la autoridad con 15%. En total, 56% de los delitos no denunciados en Tamaulipas obedecen a causas directamente atribuibles a las instituciones encargadas de atender a las víctimas, como temor a extorsiones, trámites largos y difíciles, o actitudes hostiles de la autoridad.
La capacidad resolutiva del Ministerio Público se redujo.
Mientras en 2017 el porcentaje de carpetas determinadas alcanzaba 37.61%, la cifra cayó a 19.13% en 2018 y se ha mantenido en descenso: 18.08% en 2019, 17.81% en 2020, 13.3% en 2021 y 13.54% en 2022. Para 2023, este indicador fue de apenas 11.19%, uno de los más bajos en la última década. Esto significa que casi nueve de cada diez carpetas iniciadas no lograron una conclusión formal por parte del Ministerio Público durante ese año.
El porcentaje de carpetas sin determinar en fase inicial también es reflejo del rezago. En 2023, Tamaulipas registró 78.52% de procedimientos en investigación preliminar sin resolución, lo que implica que la mayoría de los casos no avanzan hacia la judicialización.
A pesar de ello, cuando los casos llegan a etapa de juicio, el porcentaje de sentencias condenatorias fue de 84% en 2023, lo que indica que la Fiscalía logra sostener sus acusaciones ante los jueces cuando los asuntos alcanzan el proceso penal.
Casos emblemáticos
En los últimos años, diversos casos de alto impacto han generado cuestionamientos hacia los procesos de investigación, integración de carpetas y conducción jurídica dentro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
El homicidio de la ciudadana española Pilar Garrido, ocurrido en julio de 2017, fue uno de los más polémicos y hasta la fecha desata discusiones.
Su esposo, Jorge “F.”, fue detenido un mes después del hallazgo del cuerpo, bajo la hipótesis presentada por el Ministerio Público de que él había provocado la muerte.
La versión oficial fue rechazada desde el inicio por las familias Garrido Santamans y Fernández González, quienes señalaron contradicciones en los dictámenes ministeriales. Durante el juicio, el equipo de fiscales sostuvo que Jorge “F.” golpeó a la víctima, lo que derivó en su caída, un golpe en la nuca y posterior estrangulamiento.
El proceso finalmente culminó en una sentencia condenatoria de 47 años de prisión en enero de 2019.
Sin embargo, años después, tribunales federales revocaron la sentencia al señalar “argumentos incongruentes” y deficiencias en la valoración de pruebas testimoniales y periciales.
La Sala Penal de Tamaulipas emitió una nueva sentencia reiterando la culpabilidad, pero volvió a ser objetada por incumplir los lineamientos judiciales.
Caso Carlos Domínguez se desplomó
El homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido en enero de 2018 en Nuevo Laredo, se convirtió en un expediente emblemático debido a los señalamientos sobre fabricación de culpables.
En marzo de ese año, la FGJ detuvo a seis personas, entre ellas dos comunicadores y un empresario. Sin embargo, en 2019 un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a cinco acusados tras concluir que no existían pruebas suficientes para sostener su participación.
La Sala Colegiada Penal ordenó posteriormente la reposición del juicio.
Caso Camargo: justicia pendiente
La masacre de 19 personas en Camargo, ocurrida el 22 de enero de 2021, es otro expediente emblemático.
La investigación concluyó que 12 policías estatales participaron en los hechos. En 2023, 11 de ellos fueron condenados a 50 años de prisión por homicidio calificado, abuso de autoridad y otros delitos, convirtiéndose en una de las primeras sentencias de este tipo contra agentes del Estado en un caso de masacre de migrantes.
Aunque la resolución judicial fue considerada un precedente relevante, organizaciones civiles señalan que la investigación no ha sido exhaustiva. Entre los puntos pendientes se encuentran la posible participación de otras autoridades y el uso de vehículos previamente asegurados por el Instituto Nacional de Migración, lo que derivó en cuestionamientos sobre la coordinación institucional y el seguimiento de evidencia bajo resguardo oficial.
Edder Benavides no aparece
La desaparición de Edder Alfonso Benavides Ruiz, ocurrida el 31 de mayo de 2025 en Padilla, expuso nuevamente los retos de la Fiscalía en materia de búsqueda inmediata y reconstrucción de hechos.
Aunque se localizaron sus tenis en la orilla del río Purificación —lo que orientó la búsqueda hacia esa zona—, hasta la fecha no se ha determinado su paradero. La Fiscalía informó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la desaparición, quienes fueron vinculadas a proceso. No obstante, las diligencias no han derivado en información concluyente que permita dar con la víctima.
El caso permanece abierto y ha sido calificado como prioritario por la institución; sin embargo, su desarrollo ha sido seguido de cerca por colectivos y familiares debido a la ausencia de resultados definitivos y la falta de información pública sobre las líneas de investigación restantes.
