Sin mayor sorpresa, el Congreso del Estado eligió a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas.
El próximo martes tomará protesta para iniciar el proceso de entrega-recepción y el 16 de diciembre inicia formalmente su periodo al frente de la dependencia por siete años, con opción para reelegirse por un periodo más.
En sesión de este sábado, los legisladores emitieron su voto por cédula y el abogado no tuvo mayor problema para alcanzar los votos de las dos terceras partes que requería.
En la terna se incluían a los abogados Marisol Ivette Borja Lara y Jesús Gilberto Alarcón Benavides, quienes llegaron hasta el último tramo pero no alcanzaron los votos necesarios.
La votación final fue de 27 votos para Jesús Eduardo Govea Orozco, cinco votos en abstención y un voto nulo.
Jesús Eduardo Govea Orozco es licenciado en Derecho por la UAT, Maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con una especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Su preparación académica se complementa con certificaciones nacionales en materia penal, investigación criminal, justicia acusatoria, derechos humanos, seguridad pública.
Su carrera data desde hace más de 30 años como auxiliar y Director Jurídico del Sistema para la Integración de la Población al Desarrollo Urbano al Gobierno de Tamaulipas.
Trabajó en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, dentro del Grupo Beta, realizando acciones de protección a migrantes en áreas fronterizas.
Dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se desempeñó en cargos como agente del Ministerio Público, Coordinador, Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal.
Ocupó el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), coordinando el análisis patrimonial y detección de operaciones irregulares y hasta este sábado se desempeñó como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
El paso de Govea Orozco por esa Fiscalía inició en septiembre del 2023, cuando la diputación permanente de la Legislatura 66, decidió separar del cargo al entonces titular de Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda.
Jesús Govea fue nombrado encargado del despacho, pero esto fue solo momentáneo, ya que Ramírez Castañeda tramitó amparos y regresó a la titularidad hasta el 30 de septiembre del 2024, cuando a través de una carta, presentó su renuncia al cargo.
Fue hasta el 30 de octubre del 2024, tras salvar los filtros de la convocatoria, en sesión del Congreso, Jesús Govea fue electo por unanimidad y en esa misma sesión le tomaron la protesta al cargo.
Su llegada a la FECC no estuvo exenta de polémica, pues la oposición en el Legislativo aseguró que su perfil no garantizaba imparcialidad, por haberse desempeñado como representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.
Desde esa posición le tocó impulsar investigaciones que se encontraban estancadas por el anterior Fiscal, especialmente aquellas denuncias en contra de los funcionarios del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Destacan las sentencia de 19 años de prisión al ex Secretario de Educación Mario “G” por el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Peculado, por la firma de seguros para trabajadores de la Secretaría de Educación por 8 millones 285 mil 878.87 pesos.
Además de las vinculaciones a proceso de los ex Secretarios de Administración Jesús Alberto “S”; de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G”; de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto “E”; de Finanzas, María de Lourdes “A”.
De Bienestar Social, Rómulo “G”; de Seguridad Pública, José Jorge “O”; ex Contralora Gubernamental, Elda Aurora “V”; el ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud, Enrique Jorge “N”; ex Director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Luis Fernando “C”.
A su salida de la Fiscalía Especializada, quedará vacante esa posición por lo que el Congreso del Estado deberá iniciar un nuevo procedimiento para seleccionar a su titular.
Ofrece reducir tiempos de atención
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, se comprometió a actuar con imparcialidad, sin sesgo de ninguna especie, “el proceder correctamente, con apego al principio de legalidad, nos da la certeza que lo que estamos haciendo no obedece a una persecución ni menos a un interés político partidista”.
De entrada, realizará un diagnóstico situacional, que podrá tenerse en los primeros cuatro meses de trabajo sobre la situación del personal, el estatus de las finanzas de la dependencia y el desempeño del personal.
Se comprometió a que en los primeros tres años se logrará una reducción en tiempos de atención a los casos que se reciben en la Fiscalía, aprovechando los mecanismos alternativos de solución de controversias y salidas alternas con apego a derecho, lo que ayudará , dijo, a despresurizar el sistema y mejorar los índices de eficiencia.
Además de depurar el personal sustantivo con base en resultados, generando las condiciones para tener cuando menos, un 100 por ciento más de los alrededor de 800 policías investigadores que actualmente se tienen.
Es decir, 1,500 policías investigadores, 600 agentes del Ministerio Público; además de ampliar la plantilla de forense especializado y contar con bodegas y centros de acopio de evidencias, que hoy no se tienen.
Govea Orozco propuso una línea de trabajo con base en cinco ejes a partir de su llegada a la Fiscalía de Justicia:
1.- Ampliar el marco normativo institucional para garantizar la legalidad, certeza jurídica en todas las actuaciones del Ministerio Público, “esto es un deber que está implícito en las obligaciones del personal sustantivo”.
2.- Implementar mecanismos para hacer expedita la protección de víctimas de delito y reparación integral del daño, “el Estado tiene órganos dedicados a atender, proteger y representar a las víctimas, pero la Fiscalía debe formar parte, dentro del marco de sus funciones de investigación y persecución de los delitos, buscar que se garanticen dichos derechos”.
3.- Rediseñar el esquema de profesionalización del personal sustantivo (agentes del MP, policías y peritos), “hoy en día la exigencia es clara, necesitamos personal más profesional, capacitado y evaluado”.
4.- Impulsar acciones de supervisión de la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía, “así como crece la plantilla, su infraestructura, requieren adecuarse a esta evaluación, estos mecanismos de supervisión y eventualmente, incluso, de sanción, de aquellas acciones que lo ameriten”.
5.- Fomentar la coordinación interinstitucional y vinculación con la sociedad, “acercarnos a la sociedad, a organismos a particulares, invitarlos a que ellos mismos aprovechen la apertura para que conozcan nuestro quehacer y coadyuven en esta obligación que atañe a todos los ciudadanos”.
Propuso líneas de acción como la creación de protocolos de actuación para los delitos y diferenciada para grupos vulnerables, con perspectiva de género y de derechos humanos.
Depuración del personal sustantivo con base en resultados, procesos de selección transparentes y meritocráticos para cargos técnicos y mandos, reforzamiento de la profesionalización del Ministerio Público y la Policía en investigación, debate jurídico, teoría del delito y razonamiento probatorio.
Evaluaciones periódicas de desempeño con criterios públicos y sanciones por incumplimiento o irresponsabilidades; crear unidades especializadas o reforzar las ya existentes como la de secuestro, feminicidio o extorsión, donde la Fiscalía está actualizada.
Por Perla Reséndez
