La sucesión en la Fiscalía llega en un momento crítico, Irving Barrios aún permanece en el cargo y lo dejará el 15 de diciembre, tras siete años al frente, una gestión marcada por cuestionamientos y por la facilidad con que se alineó al juego político del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
El relevo de Barrios, Jesús Eduardo Govea, es originario de Michoacán, tiene 58 años de edad, es abogado egresado de la UAT y se incorporó a la estructura de la Fiscalía en 1997, -era procurador José Herrera Bustamante y creció bajo la sombra de Paco Cayuela-, y hereda ahora una institución rebasada por el rezago, expedientes extraviados y una burocracia insensible, indiferente ante el dolor social.
En este ciclo de siete años que concluye dentro de 15 días, la frontera chica vivió desapariciones masivas y desplazamientos forzados, Camargo, Miguel Alemán y Mier se volvieron sinónimo de vacío institucional, la violencia alcanzó también a Nuevo Laredo, donde ataques a civiles quedaron sin esclarecer ni avanzar en carpetas serias.
Reynosa y Matamoros tampoco escaparon a la tormenta, homicidios de alto impacto y secuestros en corredores carreteros se volvieron parte de la rutina criminal, mientras las carpetas por colusión policial quedaron congeladas en la etapa preliminar pese a testimonios y reportes internos.
Los casos pendientes son una deuda pública que se arrastra sin tregua, desapariciones, ataques, ejecuciones y secuestros nunca recibieron la respuesta mínima, el olvido institucional terminó por convertirse en una segunda agresión que aún hoy lastima a cientos de familias en el estado.
El rezago en violencia familiar y delitos sexuales explotó bajo la misma inercia, miles de denuncias se amontonaron sin protección efectiva, sin personal especializado y con tiempos que revictimizan, un caos ominoso que la Fiscalía empujó al fondo de la bandeja pese a la urgencia social.
Tampoco pasaron inadvertidos los errores en detenciones y judicializaciones, expedientes mal integrados terminaron liberando a presuntos responsables, una cadena de fallas que abrió espacio a criminales y operadores corruptos y que hoy representa un desafío para reconstruir credibilidad.
Govea asume un sistema que funciona a medias, ministerios públicos rebasados, mandos que operan por inercia y áreas donde investigar se volvió un trámite ocioso, un entorno gris donde crecieron la corrupción interna, la simulación procesal y la vieja práctica de acomodar expedientes.
La delincuencia organizada controla áreas clave de la economía, dentro y fuera de la legalidad, mantiene cobro de cuotas, provoca desapariciones de jóvenes y domina carreteras donde ciertas horas son intransitables, comunidades enteras siguen vacías porque sus habitantes no han podido regresar. Ahora regentea el negocio del huachicol fiscal y ordeña ductos.
Ese escenario tiene relación directa con el funcionamiento de la Fiscalía, los casos se acumularon, la estructura fue rebasada y la respuesta institucional quedó corta, Govea tendrá que activar capacidad real de decisión y la capacidad de reaccionar ante situaciones complejas, o la inercia terminará por arrastrarlo.
La depuración es urgente y una condición de supervivencia, la Fiscalía perdió cuadros valiosos y toleró estructuras que trabajaron para sí mismas, si Govea no corta esas raíces a fondo, será absorbido por las mismas inercias que dejaron sin justicia a miles de víctimas.
La autonomía será puesta a prueba desde el primer choque, habrá presión política, criminal y social, Govea llega con blindaje del poder y con un bloque protector, pero también tendrá que transitar en un entorno donde cada movimiento genera frentes abiertos, más ahora que las ambiciones políticas se mezclan con alianzas extralegales.
Su actitud previa a la designación tuvo un aire político y promocional, pero el escrutinio ciudadano verdadero lo tendrá cuando, en las horas difíciles, demuestre que tiene valor, conocimiento y determinación para responder a los retos de su nueva chamba.
Y también cuando la gente vea los resultados de su gestión ya concluida en la Fiscalía Anticorrupción.
CAFÉ EXPRESO / PEDRO ALFONSO GARCÍA
