Un vicealmirante de la Armada de México, con 33 años de carrera militar y formación en el Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras acusa haber sido convertido en culpable desde el primer día en un expediente que, asegura, fue construido con prisa política y sin garantías mínimas de debido proceso.
El mando naval fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en su oficina dentro de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de delincuencia organizada vinculada a delitos en materia de hidrocarburos, uno de los frentes más sensibles de la agenda de seguridad nacional.
Desde entonces está vinculado a proceso y privado de la libertad en el CEFERESO 1, un destino reservado para perfiles de alto impacto, lo que refuerza la narrativa oficial de un caso ejemplar, pero también eleva las preguntas sobre la solidez de las pruebas y la prisa institucional por cerrar un expediente con nombre y rango.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicealmirante sostiene que el caso fue politizado, que la Fiscalía y la propia Secretaría de Marina lo trataron como culpable antes de que un juez resolviera el fondo, y que su defensa ha sido obstaculizada de manera sistemática.
Uno de los hechos más delicados es su baja de la Armada de México, decretada el 18 de diciembre de 2025, cuando el proceso penal seguía abierto. Para el mando naval, la decisión no solo fue ilegal, sino una señal interna de que el veredicto ya estaba dictado dentro de la institución, sin esperar resolución judicial.
A esto se suma una acusación clave: desde noviembre de 2025 solicitó acceso a la investigación complementaria y a diversos actos de investigación, sin que hasta ahora la Fiscalía haya entregado la información necesaria para una defensa efectiva, una práctica que erosiona el principio de igualdad procesal.
El caso se inscribe en el combate al robo y tráfico ilegal de combustibles, un negocio multimillonario que ha obligado al Estado a exhibir resultados rápidos. En ese contexto, el expediente del vicealmirante plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la persecución del delito y en qué punto se cruza la línea del castigo anticipado?
La carta no es solo una defensa personal. Es una acusación directa al funcionamiento interno de las instituciones encargadas de impartir justicia y de administrar la disciplina militar, y coloca a la Presidencia frente a un dilema político: sostener la narrativa de mano dura o revisar si, en nombre de esa narrativa, se están vulnerando derechos elementales.
Hasta ahora no hay respuesta pública de la Presidencia ni de la Secretaría de Marina. El silencio, en un caso de esta magnitud, también comunica.
