Por Nora García Rodríguez
Expreso-La Razón
Entre 2022 y 2024, los doce municipios de Tamaulipas clasificados en semáforo rojo crítico registraron la autorización de 16 mil 987 viviendas nuevas.
Reynosa, con estrés hídrico superior al 80 por ciento de sus reservas renovables, acumuló 5 mil 380 unidades en ese período.
Matamoros sumó 3 mil 620, Ciudad Victoria 3 mil 500 y Nuevo Laredo 2 mil 10, esta última también en la franja de mayor alerta.
El crecimiento del parque habitacional de Tamaulipas avanza con mayor intensidad donde el agua escasea con mayor evidencia.
De las 16 mil 987 viviendas registradas, la totalidad se concentra en municipios cuya disponibilidad hídrica ya opera en condición de restricción activa, y diez de los doce dependen de las presas internacionales La Amistad y Falcón, en la cuenca del Río Bravo, que llevan meses sin recargas significativas.
La actualización presentada en marzo de 2026 durante la 24 Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación colocó en rojo crítico a doce de los cuarenta y tres municipios del estado: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Tula y Victoria. En esa franja vive el 54 por ciento de la población estatal.
El color rojo significa disponibilidad extremadamente limitada del recurso, restricciones obligatorias en uso doméstico y productivo, y dependencia creciente de pipas para garantizar el abasto mínimo.
Especialistas advierten que el problema es estructural, porque incluso en años con mejores lluvias el sistema hídrico no logra recuperarse al ritmo que impone la demanda acumulada.
La Secretaría de Recursos Hídricos tiene uno de los instrumentos de monitoreo más precisos que ha tenido el estado en su historia reciente, pero las autorizaciones de fraccionamientos no están obligadas consultar el semáforo.
La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas establece que el estado autoriza y los municipios garantizan el servicio.
La SEDUMA emite el dictamen de impacto urbano previo a cualquier fraccionamiento: revisa uso de suelo, densidad, anchos de calle, áreas de donación y criterios de diseño.
Lo que ese dictamen no garantiza es que el organismo operador municipal tenga capacidad hidráulica para absorber la demanda que el nuevo desarrollo va a generar.
Esa responsabilidad la recibe el ayuntamiento el día que el desarrollador entrega la obra, junto con una lista de vecinos que ya están esperando que llegue el agua.
Sin atlas de riesgo
Solo diez de los cuarenta y tres municipios tienen actualizado su Atlas de Riesgo. En los treinta y tres restantes, las autorizaciones operan sobre mapas incompletos.
Protección Civil ha rechazado proyectos al detectar predios sobre ductos o en zonas de inundación, pero esos rechazos son una excepción.
El caso de Reynosa es el más documentado.
Los niveles del Río Bravo y las presas del norte están rebasados. Con ese diagnóstico sobre la mesa, se ha mantenido la aprobación de fraccionamientos porque la demanda de vivienda no se detiene.
La solución propuesta por el propio municipio fue externalizar la responsabilidad al subsuelo: que los desarrolladores gestionaran pozos ante la CNA.
Fraccionamientos como Condado del Norte, Framboyanes, Lomas de Valle Alto y Los Laureles, ya registran cortes programados y suspensiones de emergencia con regularidad documentada. La demanda que Riberas del Valle va a generar se sumará a un sistema que, por declaración de sus propios operadores, ya no puede responder.
Ciudad Victoria combina variables similares. La capital crece a un ritmo de 5 mil 500 habitantes por año, lo que genera una demanda sostenida de más de 3 mil 500 viviendas anuales. Entre 2020 y 2024 se registraron exactamente esas 3 mil 500 unidades, todas en un municipio clasificado en rojo crítico en la cuenca del Soto la Marina.
El esquema de tandeo activo afecta al menos 50 colonias y fraccionamientos.
Alrededor de 4 mil familias en sectores irregulares dependen exclusivamente de pipas para el abasto cotidiano.
La presa Vicente Guerrero mantiene un nivel funcional, pero los pozos urbanos y los manantiales de La Peñita han caído en capacidad.
El negocio de la vivienda nueva depende de la velocidad de la autorización.
A nivel nacional, el INFONAVIT concentró el 67.9 por ciento de los créditos hipotecarios otorgados en 2024, orientados mayoritariamente a trabajadores de ingresos bajos y medios.
Para esas familia, la pérdida de valor del inmueble por falta de servicios afecta al único activo que construyó en su vida.
