Por Nora Marianela García Rodríguez
Expreso-La Razón
De cada 100 litros que salen de la presa Vicente Guerrero rumbo al distrito de riego 086, en Soto la Marina, apenas 45 llegan al riego; el resto se filtra en suelo desnudo, se evapora o escurre por canales de concreto agrietado que acumulan décadas sin reparación.
El propio director del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Conagua, Jaime Gudiño Zárate, admitió que en algunos tramos se pierde hasta 60% del agua agrícola por infraestructura deficiente, siendo que Tamaulipas destina 77% de toda su agua a la agricultura.
En conjunto, los siete distritos de riego de la entidad funcionan por debajo de 50% de eficiencia, según la misma autoridad federal, lo que significa que de cada dos metros cúbicos que se extraen para producir sorgo, maíz o caña, uno no llega jamás a su destino productivo.
El distrito 086 riega cerca de 17 mil hectáreas y aprovecha apenas 45% del agua que recibe de la presa Vicente Guerrero.
Más al norte, los distritos 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan integran la zona de riego compacta más extensa del país, con más de 250 mil hectáreas, una superficie que arrastra el mismo lastre estructural, canales de tierra, compuertas vencidas y conducción a cielo abierto que regala agua a la evaporación.
El agua agrícola en México se concesiona por volumen, no por resultado, así que un productor o una asociación de usuarios paga lo mismo riegue con goteo de precisión o inunde una parcela por gravedad dejando que el sobrante se pierda en el camino.
Esa infraestructura no es nueva ni neutral, buena parte de los canales del norte tamaulipeco se trazó entre las décadas de 1950 y 1970, bajo un paradigma que premiaba la superficie sembrada y el volumen extraído, de modo que el sistema se diseñó para mover mucha agua.
A esa lógica se suma que el sector agrícola consume alrededor de 76% del agua nacional y es, al mismo tiempo, el de menor medición.
LA SEQUÍA QUE ORDENA
El derroche pesa más cuando se mira el mapa hídrico real del estado, profundamente desigual, la capacidad total de las presas tamaulipecas ronda los 9 mil 058 millones de metros cúbicos, pero ese volumen ni se distribuye parejo ni se reparte por necesidad.
En el norte fronterizo el cuadro es crítico, la presa Falcón abrió 2026 con apenas 4.3% de su capacidad y La Amistad con 5.4%, niveles que comprometen el abasto de los valles agrícolas que dependen del Río Bravo y que viven, además, bajo la presión de un compromiso internacional.
En el centro y el sur la historia cambia, el Sistema Lagunario del Tamesí cerró 2025 por arriba de 90% y la presa Vicente Guerrero, principal fuente de Ciudad Victoria, superó 70% en octubre tras haber estado por debajo de 10% en mayo de 2024, una recuperación que el discurso oficial celebró como logro de gestión.
La recuperación fue de la lluvia: entre febrero y abril de 2026 el almacenamiento estatal cayó de 4 mil 776 a 4 mil 274 millones de metros cúbicos, más de 500 millones perdidos en dos meses de estiaje, sin huracán que culpar.
LA DEUDA QUE NO PERDONA
La dimensión que vuelve insostenible el desperdicio es internacional, bajo el Tratado de Aguas de 1944 México debe entregar a Estados Unidos un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales del Río Bravo, equivalentes a 2 mil 158 millones por cada ciclo de cinco años.
El ciclo 36 cerró el 24 de octubre de 2025 con incumplimiento, México apenas había entregado 1 mil 091 de los 2 mil 158 millones comprometidos, un faltante cercano a los mil millones de metros cúbicos que detonó la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles de 5% a las exportaciones nacionales.
Mil millones de metros cúbicos es una cifra del mismo orden que la que el riego ineficiente deja escapar año con año en un estado que manda 77% de su agua al campo y la aprovecha a menos de la mitad, de manera que la deuda que tensó la relación con Washington cabría, en buena medida, en lo que los canales tamaulipecos pierden sin que nadie lo registre.
En diciembre de 2025 ambos gobiernos pactaron una salida, México liberaría 249 millones de metros cúbicos a partir del 15 de ese mes y abandonaría el esquema de acumular la deuda hasta el final del quinquenio para entregar agua de manera lineal, año con año, bajo supervisión binacional.
El trasvase se conduce por la presa Marte R. Gómez, en Camargo, justo el corazón del sistema que riega el norte tamaulipeco, de manera que cada metro cúbico que se fuga por un canal sin revestir es un metro que el estado deja de tener para producir, para beber o para pagar una deuda que ya cotiza en aranceles.
En diciembre de 2025, al arrancar la entrega a Texas, Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, denunció que el Distrito 025 quedó sin una gota mientras el agua del Río Bravo viajaba al norte.
Sus 202 mil hectáreas, el viejo granero fronterizo de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, estaban labradas y listas, sin embargo la Conagua ni siquiera había convocado a los productores para confirmar el riego del ciclo, “pero requieren de humedad para iniciar la siembra”, lamentó el dirigente.
LA NUEVA LEGISLACIÓN
El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley General de Aguas junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el cambio normativo más profundo en dos décadas, que redefine el agua como derecho humano prioritario por encima de cualquier uso productivo.
La reforma reconoce, en sus propios motivos, una crisis hídrica estructural, sobreexplotación de acuíferos, modelo patrimonialista heredado y 76% de las cuencas del país bajo algún grado de presión, además elimina la transmisión de derechos entre particulares y el cambio de uso del agua concesionada.
Sobre el papel endurece el castigo, las sanciones suben hasta 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, un tope cercano a los 3.4 millones de pesos, y crea un Registro Nacional del Agua para sustituir al viejo padrón que durante años funcionó más como archivo que como instrumento de control.
A ello se sumó, en el mismo paquete, un decreto de facilidades para regularizar concesiones agrícolas de hasta 500 mil metros cúbicos anuales con trámite simplificado y plazo hasta abril de 2026, una amnistía administrativa que ordena el papeleo sin tocar la conducta, legaliza el volumen sin obligar a no desperdiciarlo.
LA MODERNIZACIÓN QUE VIENE
Frente a este cuadro el gobierno estatal y la federación construyeron una respuesta que apuesta al cuidado, tecnificación, sustentabilidad, uso eficiente y modernización.
Se aplicauna inversión superior a 7 mil millones de pesos para los distritos 025 y 026, parte de un Plan Nacional Hídrico que proyecta 51 mil 800 millones en el sexenio para 13 distritos del país y promete recuperar 2 mil 800 millones de metros cúbicos a escala nacional.
El esquema reparte el costo: 50% federal, 30% estatal y 20% de los propios usuarios del agua, lo que confirma que quien más desperdicia será también, en parte, quien financie la solución.
Los avances reportados a finales de 2025 fueron de 33% en el distrito 026 y de 15% en el 025, de manera que la zona de riego más extensa del país sigue, en su mayor parte, perdiendo agua al ritmo lento de los convenios y las licitaciones.
Durante años el desperdicio no se combatió porque a nadie le costaba, funcionó como un subsidio silencioso al riego ineficiente, una transferencia que nunca apareció en el presupuesto pero que la sociedad pagó en pozos secos y ciudades racionadas.
El acueducto de Ciudad Victoria lo ilustra con crudeza, mil 800 millones de pesos para garantizar agua a 350 mil habitantes a través de una segunda línea, una obra mayor para llevar a la población lo que, a pocos kilómetros, los canales del campo dejan escapar por filtración cada temporada de riego.
