Por Staff
Expreso-La Razón
El Gobierno del Estado de Tamaulipas rechazó que exista una persecución política contra el empresario propietario de Grupo Empresarial Dalka, proveedor de despensas con quien mantiene un litigio administrativo y penal que se originó en marzo de 2023.
El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo Estatal, licenciado Marco Antonio García Barrientos, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que detalló la cronología del conflicto, las resoluciones emitidas por distintas autoridades y el fundamento de la investigación penal que actualmente conduce la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
García Barrientos fue enfático: no se trata de un asunto surgido esta semana ni de una decisión reciente, sino de un caso que lleva más de tres años transitando por instancias legales y jurisdiccionales de diversas competencias, tanto estatales como federales.
El origen del conflicto se remonta al contrato celebrado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas. El Gobierno del Estado determinó rescindir el contrato al considerar que la empresa no cumplió con una obligación esencial: la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El 6 de agosto de 2023, Grupo Empresarial Dalca promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, reclamando una indemnización por daños y perjuicios derivada de dicha rescisión, lo que dio inicio formal al litigio.
La primera resolución fue favorable a la empresa. El 27 de enero de 2025, la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa emitió un fallo a su favor. Sin embargo, las dependencias estatales involucradas impugnaron esa determinación mediante los recursos legales correspondientes.
El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó por unanimidad la resolución inicial el 27 de mayo de 2025 y ordenó la reposición del procedimiento. Incluso el magistrado que había emitido el primer fallo votó a favor de la revocación, según informó el consejero jurídico.
La empresa promovió entonces el juicio de amparo ante instancias federales, y la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa fue confirmada, ratificando nuevamente la legalidad de la actuación del Estado.
García Barrientos subrayó que el asunto ha sido revisado por órganos jurisdiccionales estatales y federales, y que las resoluciones emitidas hasta este momento han confirmado que el Gobierno del Estado actuó dentro del marco legal.
La investigación penal que corre paralela al proceso administrativo no se originó en declaraciones públicas ni en diferencias políticas. El 21 de abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación derivada de posibles hechos detectados dentro del propio procedimiento legal.
Durante esa investigación, la Fiscalía solicitó información a la institución afianzadora para verificar la autenticidad y fecha de emisión de las pólizas de garantía presentadas en el litigio administrativo.
La respuesta oficial de la afianzadora señaló que dichas pólizas fueron entregadas en la Ciudad de México el 11 de abril de 2023. Sin embargo, en la demanda presentada por la empresa se había sostenido expresamente que esas mismas pólizas fueron entregadas personalmente en la Secretaría de Administración el 15 de marzo de 2023, en la firma del contrato.
Fue precisamente esa contradicción entre hechos, fechas y documentos incorporados a los expedientes la que dio origen a la investigación penal actualmente en curso, explicó el funcionario.
En palabras sencillas, dijo García Barrientos, se investiga al empresario porque para obtener una sentencia favorable sostuvo su demanda con afirmaciones falsas. Afirmó que el empresario refiere en su demanda que presentó las pólizas el 15 de marzo, el día en que firmó el contrato, lo cual es materialmente imposible, ya que las recibió el 11 de abril, según informe de la propia afianzadora que emitió los documentos.
Las figuras delictivas que se investigan son falsedad en declaraciones e informes dados ante una autoridad, y fraude procesal.
El consejero jurídico mostró durante la conferencia documentos que acreditan tanto el contenido de la demanda de la empresa como el informe de la afianzadora, con el fin de que los medios de comunicación y la ciudadanía contaran con elementos verificables.
García Barrientos negó que el empresario se encuentre arraigado. Presentó imágenes en las que se observa al empresario ingresando libremente a las instalaciones de Palacio de Gobierno el 3 de junio de 2026, durante una visita que él mismo solicitó.
Ese día, durante una audiencia dentro del procedimiento judicial, la representación de la empresa solicitó un receso para explorar una posible conciliación con el Gobierno del Estado. Derivado de esa petición, el empresario contactó al consejero jurídico y acudió a Palacio, donde fue recibido en un marco de respeto institucional.
El funcionario aclaró que el empresario entregó voluntariamente su visa y pasaporte al juzgador como medida cautelar, para garantizar que no se sustraiga de la acción de la justicia, decisión que corresponde al juez en el marco del procedimiento penal en curso.
Respecto al señalamiento que circuló en medios de comunicación sobre una supuesta solicitud de pago de moche por parte del empresario a un familiar del gobernador, el consejero jurídico respondió que no existe referencia alguna ni dato alguno que señale directamente a alguien por ese concepto dentro de los procedimientos judiciales.
García Barrientos estableció la distinción entre lo declarado en entrevistas y lo que obra en un expediente judicial: en la entrevista son hechos narrados por la persona; en el procedimiento judicial tiene que probarse lo que se argumenta.
El consejero jurídico recordó que durante más de tres años de litigio en instancias locales y federales, el representante legal de la empresa ejerció plenamente su derecho de defensa mediante demandas, recursos y juicios de amparo.
Sin embargo, precisó, no existe constancia dentro de esos procedimientos de las acusaciones que recientemente ha realizado en medios de comunicación. Las resoluciones emitidas por las distintas autoridades se construyeron con base en elementos incorporados formalmente a los expedientes.
El funcionario también informó que, con posterioridad a la rescisión del contrato, el suministro de despensas se realizó a través de Diconsa, institución de gobierno que ofrecía mejores condiciones para el Estado y para las familias beneficiarias de los programas alimentarios.
Más tarde, el propietario de Dalka, Israel Valdez Sánches emitió un comunicado en el que refutó lo dicho por el funcionario e insistió en que sufre una persecución política.
