Por Nora García Rodríguez
Después de los hallazgos de cuerpos que logran tanto colectivos de búsqueda como desaparecidos, se genera un embudo que ha contribuido a la crisis forense que padece el estado.
Los colectivos denuncian que entre 20 y 30 sitios con fosas clandestinas o restos humanos permanecen sin concluir su procesamiento en Tamaulipas, algunos localizados desde 2023, a la espera de que la autoridad acuda, levante los indicios y los analice.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 132 mil 534 personas con ese estatus al corte presentado en marzo de 2026, una cifra que el propio gobierno federal depuró tras la reforma legal de 2025, y que sigue siendo la única fuente oficial sobre el tema.
Dentro de ese mapa nacional, Tamaulipas supera las 13 mil personas desaparecidas.
Reynosa concentra el epicentro de esa herida, pues pasó de poco más de 2 mil 600 casos a cerca de 2 mil 800 en un solo año, desplazando incluso a Nuevo Laredo como el municipio con más reportes, una cifra que confirma que la desaparición se concentra en los corredores fronterizos donde el crimen disputa territorio. Monitoreos académicos han estimado que en Reynosa desaparecen entre tres y seis personas cada día.
Nada de esto es nuevo, porque los casos de desaparición en Tamaulipas comenzaron a dispararse hacia 2009 y alcanzaron su punto más alto en 2011, el año con la mayor concentración de personas que siguen sin aparecer, de modo que buena parte del rezago actual hunde sus raíces en los años más violentos de la entidad y no en la coyuntura reciente.
La relación entre colectivos y autoridad ha oscilado entre la denuncia y la coordinación, toda vez que las familias han reclamado peritajes detenidos en algunos predios, aunque también reconocen que en los meses recientes existe mayor comunicación con la Fiscalía estatal, que participa en el levantamiento y procesamiento de restos.
Quien sostiene la búsqueda no es principalmente la autoridad, sino las familias, porque los colectivos de madres y padres buscadores localizaron 52 sitios con restos humanos a lo largo de 2025, entre fosas clandestinas, puntos de exterminio y zonas con restos calcinados, en jornadas de campo que realizan casi a diario y muchas veces con sus propias manos.
En el periodo de 2025 se contabilizaron 97 búsquedas encabezadas por colectivos frente a 25 acompañadas por la Comisión Estatal de Búsqueda.
El balance entre reportes y localizaciones deja poco margen para el optimismo, dado que entre marzo de 2024 y enero de 2025 la Comisión Estatal de Búsqueda recibió 1 mil 192 reportes de desaparición y localizó 453, por lo que por cada persona encontrada en ese lapso quedaron varias más sumándose a una lista que crece más rápido de lo que se reduce.
No todo termina en una fosa, dado que una parte de las personas reportadas aparece con vida, y en cortes recientes cerca de cuatro de cada diez localizaciones correspondieron a personas vivas, un dato que obliga a no confundir desaparición con muerte mientras no exista certeza.
El ritmo no ha bajado en 2026, puesto que el colectivo Amor por los Desaparecidos reportó al menos cinco nuevos sitios de exterminio en Reynosa y la frontera chica apenas iniciado el año.
La naturaleza de los hallazgos complica todavía más la identificación, ya que en muchos puntos los restos aparecen calcinados o fragmentados, con concentraciones de varios kilos de fragmentos óseos imposibles de asociar a una sola persona, lo que convierte cada bolsa de evidencia en un problema técnico que exige laboratorio, tiempo y tecnología que rara vez llegan al ritmo necesario.
Identificar a una persona a partir de un fragmento exige una cadena precisa que pocas veces se completa, dado que hace falta una muestra genética útil del resto, un perfil de referencia aportado por la familia y un laboratorio que cruce ambos en una base común, así que basta con que uno de esos eslabones falle para que el cuerpo permanezca como no identificado.
Ese rezago tiene un rostro reciente y verificable, dado que en junio de 2026 la presidenta del colectivo Buscando el Camino Hacia Encontrarlos, de Aldama, María Maribel Medina Mendoza, dio a conocer el caso de una madre tamaulipeca que buscó a su hijo durante seis años sin saber que el cuerpo había ingresado al Servicio Médico Forense apenas un día después de que ella presentara la denuncia.
El desenlace vuelve el caso todavía más doloroso, porque según la activista existían muestras de ADN, fotografías y otros elementos que habrían permitido identificarlo desde el primer momento, sin que la familia recibiera notificación alguna en todo ese tiempo, así que el cuerpo estuvo siempre del lado del Estado, mientras la búsqueda recaía, una vez más, en quien menos herramientas tenía para encontrarlo.
Tamaulipas cuenta con centros de resguardo temporal para restos óseos en municipios como Miguel Alemán, San Fernando y El Mante, además de figurar entre las entidades donde se ha construido infraestructura de identificación, sin embargo, la existencia de instalaciones no equivale a capacidad operativa, toda vez que sin personal suficiente, presupuesto sostenido y cruces genéticos masivos, un centro de resguardo solo administra el rezago en lugar de resolverlo.
Una crisis nacional
El problema, además, es nacional antes que estatal, pues el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estimó a inicios de 2026 que en México hay alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar bajo resguardo del Estado, una cifra que diagnósticos ciudadanos elevan por encima de los 79 mil y que coloca a la identificación forense como la deuda más grave del sistema.
Esa cifra creció ante los ojos de todos, ya que el mismo organismo internacional había estimado 52 mil cuerpos sin identificar en 2021, con lo cual en apenas cinco años el rezago aumentó en decenas de miles, una trayectoria que confirma que el país acumula muertos sin nombre más rápido de lo que es capaz de identificarlos.
El crecimiento del registro tiene un contexto temporal claro, dado que desde 2018 se concentra más de la mitad de todos los casos históricos del país, con decenas de miles de desapariciones acumuladas en el sexenio anterior, así que el rezago forense de hoy es la factura diferida de una violencia que se disparó y nunca se procesó a tiempo.
La geografía de las fosas dimensiona el horror, debido a que se calcula que en México existen más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han hallado más de 6 mil 200 cuerpos y otros 4 mil 600 restos humanos, y en las fosas comunes oficiales 7 de cada 10 cuerpos permanecen sin identidad, una estadística que retrata a un Estado que entierra sin saber a quién.
Algunas decisiones administrativas agravaron la fragilidad del sistema, puesto que el Centro Nacional de Identificación Humana, creado en 2022, vio reducida su plantilla, mientras el país carece de una base de perfiles genéticos verdaderamente homologada, lo que obliga a las familias a dejar muestras de ADN en cada estado donde sospechan que podría estar su familiar.
El desmantelamiento alcanzó a mecanismos que habían nacido para resolver justamente este problema, toda vez que la pérdida de capacidades en organismos de identificación trasladó casi por completo la carga a las familias, así que el Estado no solo dejó de avanzar, sino que en algunos tramos retrocedió sobre lo poco que había construido.
Solo dos sentencias
La Fiscalía especializada en desaparición forzada de Tamaulipas abrió 9 mil 821 carpetas de investigación entre 2017 y 2024, de las cuales solo 19 avanzaron a juicio y apenas dos terminaron en sentencia condenatoria, ambas dictadas en 2024, según datos entregados por la propia institución.
De cada mil expedientes por desaparición forzada en Tamaulipas, solo dos llegaron a una condena.
El componente presupuestal añade matices, dado que la Fiscalía especializada operó entre 2021 y 2024 con asignaciones anuales que oscilaron entre 41 y 50 millones de pesos, con años en que ejerció más de lo autorizado y otros en que gastó menos.
Las demandas de las buscadoras para la Fiscalía son concretas y técnicas, pues piden procesar los sitios localizados, tomar muestras de ADN a los cuerpos resguardados sin identificar, agilizar los peritajes y ampliar los días de diligencia, ya que el tiempo asignado para las jornadas resulta insuficiente, de modo que la propia mecánica institucional empuja a que los puntos se acumulen y la identificación quede relegada.
El marco legal existente, no obstante, opera por debajo de su promesa, porque la Ley General en materia de desaparición forzada, reformada en 2025, ordena activar todas las herramientas de búsqueda e identificación, mientras en la práctica el registro nacional muestra subregistros, inconsistencias y cifras cambiantes.
Organismos internacionales ya pusieron el foco sobre México, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2026 un informe con 40 recomendaciones que reconoce la lucha de las familias y exige un enfoque masivo de identificación, mientras la ONU calificó la situación forense como un punto nodal de su preocupación.
