Por Staff
Expreso-La Razón
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció este martes sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve compañías vinculadas a una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operó a través de aduanas terrestres en beneficio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los individuos señalados son Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, originario de Matamoros, y J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65, junto con las empresas bajo su control, entre las que figuran OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo.
En la lista aparecen también las empresas OF Tranportes, Ogui Fletes, Soma Transportes y Servicios y Centro Cambiario La Peseta, asentadas en Matamoros.
Las sanciones implican la inmovilización de todos sus bienes, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de operar con ciudadanos o empresas de ese país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en el comunicado que la medida “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales.” La OFAC precisó que las empresas sancionadas generaban “decenas de millones de dólares anualmente para el cártel.”
Según la alerta de la OFAC, el esquema funciona así: empresas mexicanas con permisos formales compran combustible a vendedores conchabados en Estados Unidos, quienes aprovechan sus relaciones con refinerías y distribuidores para adquirirlo en terminales de exportación y desviarlo hacia redes interconectadas de empresas fantasma en ambos países, bajo control de los cárteles.
El producto ingresa a México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones, frecuentemente con documentos aduaneros falsificados. “Reportes públicos indican que entre una cuarta y una tercera parte de todo el combustible que se vende en México podría ser ilícito”, precisa el documento de la OFAC.
Operador clave en Matamoros
A Juraidini Silva se le describe como “un operador clave”, “un contable y la mente maestra” detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. La OFAC lo acusa de crear y operar compañías pantalla, falsificar documentos de aduanas y evadir el pago de impuestos para luego distribuir el combustible a una red de gasolineras. Ruiz Villagómez, por su parte, es señalado como contrabandista activo que pagaba tarifas a los cárteles para facilitar el cruce de las aduanas.
Tras el anuncio de Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México informó el bloqueo de las cuentas bancarias de los sancionados y la imposición de restricciones a sus operaciones financieras, derivado de sus presuntos vínculos con la red de robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG. La UIF señaló que, tras un análisis fiscal, financiero y corporativo, identificó “posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.”
La alerta complementaria emitida por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), publicada de manera simultánea a las sanciones, advierte que las empresas estadounidenses involucradas en el esquema lavarían fondos ilegales mediante la compra de artículos de lujo, vehículos de alta gama, joyería y bienes raíces. En el lado mexicano, el documento apunta que los cárteles destinan parte de esos recursos a pagos en efectivo a “campañas políticas y medios de comunicación para ayudar a los políticos corruptos a ganar elecciones.”
El caso es consecuencia directa de una alerta que el gobierno estadounidense emitió hacia el sector financiero en mayo de 2025, tras la cual la OFAC recibió 160 reportes de actividades sospechosas por un valor de 7,000 millones de dólares que, según la dependencia, “circularon entre Estados Unidos y México” e involucraron principalmente al CJNG.
Objetivo recurrente de las sanciones del Tesoro
La acción de este martes no es la primera vez que la OFAC dirige sus medidas hacia estructuras criminales asentadas en Tamaulipas. En una acción previa, la dependencia sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por la organización que ejerce control territorial sobre la plaza de Nuevo Laredo y que Estados Unidos clasifica como Organización Terrorista Extranjera desde la administración Trump.
En ese caso, la OFAC también designó al Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA).
Según el comunicado de la dependencia, el CDN utiliza el establecimiento como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego, y sus trastiendas como espacio para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel. La misma empresa operaba el Casino Diamante, con una sucursal en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web de apuestas en línea, también designado bajo las órdenes ejecutivas que rigen las sanciones contra organizaciones terroristas y redes de tráfico de drogas.
Esa acción formó parte de una investigación coordinada entre la OFAC y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en sus oficinas de Laredo y San Antonio.
Aprietan decomisos en Tamaulipas
Tan solo en los últimos cuatro meses, los operativos ejecutados acumulan más de 3.35 millones de litros decomisados, decenas de autotanques y vehículos de trasiego, y al menos dos detenidos en Reynosa.
El municipio fronterizo concentra los mayores aseguramientos relacionados con huachicol fiscal en el estado.
Autoridades federales y estatales ejecutaron este mes dos cateos en predios de la periferia de Reynosa que resultaron en el aseguramiento de más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo y la captura de dos personas.
Sumado al operativo del 29 de marzo en la misma ciudad —donde se decomisaron más de dos millones de litros— el total cuantificado en litros asegurados en Tamaulipas durante 2025 supera los 3.35 millones, en una secuencia de golpes que apuntan a desmantelar redes de almacenamiento y distribución de combustible de origen ilícito.
Los operativos fueron ejecutados en inmuebles ubicados en caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, a partir de investigaciones iniciadas tras denuncias anónimas sobre almacenamiento ilegal de combustible.
En el primer predio, agentes federales localizaron 1,200,000 litros de combustible, 24 autotanques, 18 contenedores tipo fractank, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, cargadores, cartuchos y diversa documentación. Durante la intervención fueron detenidos dos individuos que se encontraban al interior de una bodega industrial utilizada para el trasiego. Las autoridades no revelaron sus identidades.
En el segundo inmueble se aseguraron otros 155,000 litros de hidrocarburo, ocho fractanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y aproximadamente 190,000 litros de alcohol.
El mayor decomiso individual del año en el estado ocurrió el 29 de marzo, también en Reynosa. En ese cateo, autoridades aseguraron más de 2,000,000 de litros de combustible, 49 fractanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque. La magnitud del arsenal logístico sugería la operación de un centro de concentración y distribución de escala regional.
Un mes después del operativo en Reynosa, el 25 de abril, autoridades intervinieron un predio en Matamoros donde se aseguraron dos pipas, 13 contenedores tipo fractank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca, además del propio inmueble. Las autoridades cuantificaron el golpe a la estructura criminal en 8.3 millones de pesos. El lugar operaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilegal.
El mes pasado, la FGR informó el desmantelamiento de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes detectadas en el país, derivada de investigaciones iniciadas a partir de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira. Las empresas involucradas en ese caso utilizaban documentación falsa o con datos inexactos y recurrían a compañías fachada para encubrir sus actividades. La red operaba bajo un esquema logístico multimodal que integraba transporte marítimo, ferroviario y terrestre, lo que facilitaba la introducción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal del combustible.
