Por Salvador Valadez C.
Si se aplica la orden ejecutiva impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obligaría a los migrantes a demostrar su estancia legal para enviar remesas, alrededor del 45 por ciento de los tamaulipecos que viven en ese país y se encuentran en situación irregular podrían verse afectados, así como sus familias en México que dependen de esos recursos.
El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que la medida incrementaría los requisitos para realizar operaciones financieras y bancarias relacionadas con el envío de remesas.
“La preocupación es que, si la medida queda firme, muchos migrantes tamaulipecos y mexicanos tendrán dificultades para mandar dinero a sus familias”, señaló.
Comentó que el Gobierno de Tamaulipas ha sostenido reuniones con Financiera para el Bienestar (Finabien) para analizar alternativas en caso de que la disposición se aplique a las instituciones bancarias estadounidenses.
“Se busca encontrar esquemas que permitan a los migrantes seguir enviando recursos si los bancos reciben instrucciones de no abrir cuentas ni procesar operaciones a personas que no acrediten su estancia legal”, explicó.
Rodríguez Alvarado advirtió que la medida podría provocar el regreso de prácticas que ya habían sido superadas, como el envío de efectivo a través de terceros, lo que aumentaría el riesgo de fraudes y encarecería las transferencias.
Detalló que, de los aproximadamente 500 mil tamaulipecos que residen en Estados Unidos, alrededor de 120 mil podrían quedar imposibilitados para utilizar los sistemas financieros formales de envío de remesas.
Indicó que Tamaulipas es el único estado que se ha acercado a Finabien para plantear este escenario y revisar posibles acciones preventivas. Recordó que el gobierno estatal ha promovido la bancarización de los migrantes y sus familias mediante tarjetas vinculadas a esa institución financiera.
“El problema es que aún no se sabe si esas tarjetas quedarían incluidas dentro de las medidas restrictivas”, comentó.
El funcionario agregó que alrededor de 210 mil familias tamaulipecas reciben remesas y que el flujo anual supera los mil 100 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, cerca del 45 por ciento de los tamaulipecos en Estados Unidos se encuentra en condición migratoria irregular.
De concretarse las restricciones, muchas personas tendrían que recurrir nuevamente al envío de efectivo, al encargo de dinero con viajeros o al uso de terceros, mecanismos que resultan más costosos y menos seguros para las familias receptoras de remesas.
