En menos de veinticuatro horas el país escuchó tres versiones de sí mismo: en Palacio Nacional el Gabinete de Seguridad reportó que el homicidio doloso cayó 48%, de 86.9 a 45.4 víctimas diarias entre septiembre de 2024 y junio de 2026; en Orlando el titular de la DEA, Terrance Cole, habló ante una cumbre sobre fentanilo de una “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno mexicano; y en los estados, colectivos y especialistas volvieron a preguntar a dónde se fueron los muertos que ya no aparecen en la tabla.
El número oficial es sólido en sus propios términos: lo integra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con cifras consolidadas de las 32 fiscalías al 30 de junio, registra el junio con el promedio más bajo desde 2015, un primer semestre de 49.7 homicidios diarios, el menor arranque de año desde 2016, una baja de 32% en delitos de alto impacto y reducciones en 29 entidades; además precisa que ocho estados concentran 54% de los asesinatos del semestre, cuatro mil 835 casos, una lista en la que Tamaulipas no aparece.
La presentación tuvo además una estética precisa: la resta convertida en relato, 41 vidas salvadas cada día según la presidenta, y el rechazo explícito a que el descenso se explique por el Mundial, pese a que el Plan Kukulcán desplegó más de 124 mil elementos durante los partidos; el gobierno pide leer tendencia donde otros ven coyuntura, y la tendencia, hay que decirlo, existe en el papel.
Conviene entender qué mide ese dato, porque ahí empieza la disputa: el Secretariado no cuenta muertes, cuenta carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales, de modo que todo el edificio estadístico descansa en la primera clasificación que hace cada ministerio público frente a cada cuerpo, un acto administrativo que ocurre lejos de cualquier auditoría externa; el dato nace, literalmente, en la oficina de quien será evaluado por él.
La duda tampoco es un capricho opositor: investigaciones periodísticas documentaron que el catálogo nacional de delitos pasó de 53 a 71 tipos y que varias fiscalías comenzaron a mover asesinatos hacia la categoría de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; un fiscal estatal admitió bajo anonimato que al menos diez entidades reclasifican, mientras especialistas en seguridad describen treguas entre organizaciones criminales que pactan territorios y un uso intensivo de fosas clandestinas que reduce los hallazgos sin reducir las muertes.
El gobierno respondió en dos registros: la presidenta sostuvo que homicidio es homicidio y que no hay maquillaje, y la titular del Secretariado explicó que la metodología es pública y fue actualizada este año para separar las tentativas y transparentar la categoría cuestionada; la respuesta es verificable a medias, porque la metodología efectivamente puede consultarse, pero la clasificación inicial de cada caso sigue siendo invisible para el ciudadano que quisiera comprobarla.
Al otro lado de la frontera la acusación llegó sin expediente: Cole afirmó que cárteles y gobierno mexicano son una y la misma cosa, sin presentar pruebas en el evento, y el Gabinete de Seguridad contestó con una tarjeta que enumera 59 mil 582 detenidos desde octubre de 2024, 31 mil 366 armas aseguradas, casi 500 toneladas de droga y más de 80 servidores y exservidores públicos procesados, entre ellos siete alcaldes en funciones.
Hay una paradoja que nadie subrayó: la mejor defensa del gobierno frente a la acusación de complicidad es la admisión de que la infiltración existe, porque presumir alcaldes detenidos es aceptar que el crimen llegó a las presidencias municipales; y hay un espejo incómodo del otro lado, porque la agencia que exige cuentas acusa exactamente con el método que denuncia, afirmaciones graves sin sustento público.
Lo que está en disputa no es la violencia sino su contabilidad, y esa disputa exhibe un vacío de fondo: México no tiene un árbitro autónomo de sus propias cifras criminales, porque el Secretariado depende de las fiscalías, las fiscalías dependen de los gobiernos y los gobiernos se califican con el dato que ellos mismos generan; el INEGI publicará meses después su propia cuenta, construida desde las actas de defunción y ajena a cualquier ministerio público, y esa segunda cifra, la que ningún atril anuncia, dirá si la tendencia resiste fuera del discurso.
El deber institucional mínimo sería someter la clasificación inicial de cada caso a auditorías externas y aleatorias, como se audita el gasto, porque un dato que decide presupuestos, estrategias y relatos merece el mismo escrutinio que el dinero público; mientras eso no ocurra, los colectivos de búsqueda seguirán cargando con la prueba que a ninguna institución le toca certificar.
Hay además un tercer registro que ninguna fiscalía puede reclasificar, el miedo declarado: la encuesta urbana del INEGI de marzo dibuja en Tamaulipas un mapa partido, Nuevo Laredo bajó de 67.4% a 34.8% de población que se siente insegura respecto de 2022, Victoria quedó en 49.5%, Tampico se mantiene entre las diez ciudades con menor temor del país con 28.4% y Reynosa alcanzó 86.1%, cuarto lugar nacional; el mismo estado que no figura entre los ocho con más homicidios contiene a la cuarta ciudad con más miedo del país, una grieta que ningún promedio alcanza a contar.
La discusión tampoco es nueva, cada sexenio ha peleado su propio libro de cuentas, de las bajas colaterales del calderonismo a los desaparecidos que nadie ha logrado contar dos veces igual; lo nuevo es la simultaneidad de los tres frentes, el interno, el ciudadano y el binacional, a días de una ronda comercial donde la seguridad pesará tanto como los aranceles.
El número importa: define alertas de viaje, primas de seguro, decisiones de inversión y el tono de la mesa con Estados Unidos, de modo que para un estado fronterizo el costo de una estadística sin credibilidad se paga en empleos; ninguna familia busca un porcentaje, busca un nombre, y para quien perdió a alguien en junio, junio no fue el mes más seguro en once años.
La seguridad se construye con policías, pero la confianza pública se construye con datos que cualquiera pueda auditar, porque ninguna estrategia se corrige cuando el evaluado fabrica su propio termómetro; mientras el número sea propiedad de quien lo presume, de quien lo acusa o de quien lo llora, seguiremos discutiendo cuántos muertos tenemos en lugar de por qué los tenemos, y un país que no se pone de acuerdo en cómo contar a sus muertos todavía no ha decidido cuánto le importan
