El Winner Casino de Ciudad Victoria permanece cerrado y bajo resguardo de sus propios trabajadores, quienes mantienen bloqueados los accesos con un tráiler, lonas de huelga, un barandal reinstalado y una barda nueva sobre uno de los costados del inmueble, luego de que un intento de embargo derivara el miércoles en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Estatal.
La diligencia comenzó alrededor de las 09:00 horas del miércoles, cuando un actuario del Poder Judicial del Estado se presentó en el inmueble, ubicado sobre el Bulevar Tamaulipas, en el cruce con la calle Montes Altos, al norte de la capital, para ejecutar una orden de embargo derivada del juicio de amparo federal 1550/2026, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo.
Cerca de 200 empleados se colgaron de los barandales y bloquearon los accesos para impedir la diligencia, ante el temor de que el aseguramiento de bienes del casino —entre ellos, máquinas tragamonedas— redujera sus posibilidades de cobrar los salarios que, afirman, se les adeudan.
Ante la resistencia, la autoridad judicial solicitó el apoyo de la Guardia Estatal, que desplegó elementos en 21 patrullas. Los uniformados intentaron primero retirar el barandal de acceso con ayuda de un soldador particular, maniobra que los propios empleados frenaron arrojando agua sobre el equipo de soldadura autógena.
Personal de la Secretaría del Trabajo del estado acudió al lugar para orientar a los inconformes sobre la presentación de demandas laborales y buscar una vía de diálogo, aunque las negociaciones no prosperaron debido a la ausencia de representantes de la parte patronal.
Para la mañana de este jueves, el Winner Casino amaneció completamente cerrado: bloqueado con tráileres, con el barandal reinstalado, una barda nueva construida sobre uno de los costados del predio y lonas de huelga laboral colgadas en la fachada. Los trabajadores insisten en que no se moverán del inmueble hasta que se les paguen los salarios pendientes, que van, según sus propios señalamientos, de tres quincenas para el personal operativo hasta tres meses para empleados de confianza.
Gerardo Torres, abogado que representa a los trabajadores, explicó a medios locales que el actuario acudió a cumplir un mandato judicial federal que las corporaciones estatales debían ejecutar en un plazo de 24 horas, bajo riesgo de sanciones económicas significativas si no lo hacían.
El litigante sostuvo además que los empleados no fueron notificados formalmente de la diligencia y que el actuario no mostró la documentación correspondiente al momento de la intervención. Según Torres, el siguiente paso corresponderá al Poder Judicial de la Federación, una vez que reciba el informe sobre la imposibilidad de ejecutar el embargo, mientras continúan las negociaciones con los propietarios del casino.
Un amparo por incumplimiento de contrato
El episodio del embargo se suma a un proceso judicial que ya pesaba sobre el inmueble. Se trata del juicio de amparo indirecto 1550/2026-3-A, promovido por Martha Sonia Verdugo Villegas, mujer de 82 años y usufructuaria del predio identificado como Finca 80831 del municipio de Victoria, con una superficie de 14 mil 228 metros cuadrados.
Verdugo Villegas rentó el inmueble a Winner Casino, S. de R.L. de C.V., y a Jaime Humberto Canales López como aval, mediante un contrato firmado el 15 de mayo de 2022 con vigencia de cuatro años, el cual venció el pasado 14 de mayo. Según su versión, los arrendatarios no solicitaron renovación del contrato y se negaron a desocupar el predio.
Una fe de hechos notarial del 29 de junio documentó, de acuerdo con el expediente, la realización de actividades de juegos y apuestas en el inmueble sin licencias federales visibles. Ante ese escenario, y ante el riesgo de que el predio pudiera ser asegurado por autoridades y eventualmente sujeto a un procedimiento de extinción de dominio, la propietaria solicitó al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ciudad Victoria providencias precautorias para recuperar la posesión del inmueble mientras se resuelve el litigio civil de fondo.
El juez civil negó esa petición el 6 de julio, al considerar que concederla equivaldría a resolver de facto el juicio principal antes de que este se sustanciara. Verdugo Villegas impugnó esa negativa mediante amparo, y el 10 de julio el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo le concedió la suspensión provisional solicitada, ordenando el retiro inmediato de los arrendatarios y la entrega provisional de la posesión a la quejosa mientras se resuelve el juicio civil. El juzgado responsable tenía 24 horas, a partir de su notificación, para cumplir la orden, bajo apercibimiento de una multa de 300 Unidades de Medida y Actualización. El expediente contempla además una audiencia incidental programada para el 17 de julio, en la que se determinará si la suspensión se convierte en definitiva.
El cierre de operaciones dejó, de acuerdo con reportes locales, a más de 200 empleados sin actividad y con reclamos salariales sin resolver, en un negocio que, según testimonios de los propios trabajadores, arrastraba dificultades financieras que derivaron en pagos parciales durante los últimos meses.
