El Gobierno federal prepara un nuevo mecanismo de trazabilidad para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, como parte de las medidas para enfrentar el huachicol fiscal que se incorporarán al Paquete Económico 2027.
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum llega a Tamaulipas en momentos en que la entidad concentra algunos de los casos de contrabando fiscal de hidrocarburos más relevantes documentados en el país, con expedientes abiertos en las aduanas de Matamoros, Tampico y Altamira.
La Mandataria federal adelantó en su conferencia matutina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en un esquema para dar seguimiento al pago del IEPS desde la importación hasta la venta final del combustible.
“Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad. Eso nos va a ayudar mucho con el tema que ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos de huachicol”, dijo. Sheinbaum precisó que la medida no representa un impuesto nuevo, sino un refuerzo en el control de uno ya existente: “No es nuevo impuesto, obviamente. Es el mismo que existe hasta ahora, pero que combate la evasión fiscal”.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reportó 3 mil 109 casos de posible contrabando relacionados con 109.4 millones de litros de hidrocarburos y una evasión potencial de 4 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la ANAM detecta en promedio 10 casos diarios de posible huachicol fiscal a nivel nacional, cifra que da dimensión al fenómeno que el nuevo esquema de trazabilidad busca contener.
En ese contexto, las aduanas tamaulipecas no son ajenas al patrón que documentan las cifras federales.
La aduana de Matamoros fue señalada en un caso de fraude fiscal por 144 millones de litros de combustible y 291 pedimentos irregulares, uno de los expedientes de mayor volumen conocidos en la frontera noreste del país.
En Tampico y Altamira, por su parte, se ha documentado el esquema conocido como “Los Primos”, una red que habría operado dentro de las propias instalaciones aduanales para facilitar el ingreso irregular de combustible, mientras que en el puerto de Altamira las autoridades aseguraron en meses recientes el buque Challenge Procyon, embarcación vinculada al tráfico marítimo de hidrocarburos de procedencia no acreditada.
El endurecimiento fiscal anunciado por la Presidenta se suma a una tendencia de fortalecimiento de controles que, de acuerdo con el análisis de la consultora QUA Energy Consulting, ya se refleja en las cifras de sanciones del SAT.
Marcial Díaz, socio director de la firma, señaló que la autoridad fiscal canceló los sellos de facturación de 2 mil 205 empresas comercializadoras de combustible entre octubre de 2024 y agosto de 2026, mientras que los registros públicos únicamente contabilizan 714 permisos de comercialización cancelados, vigentes o en proceso.
Esa diferencia, dijo, evidencia que el mercado de combustible que opera fuera de los canales visibles para la autoridad es considerablemente más amplio que el reflejado en el padrón oficial de permisionarios.
“No son sólo estaciones de servicio. Hay un mercado importante de combustible que se entrega directamente a empresas constructoras, obras, patios de autotransporte, minas, industrias, actividades agrícolas y otras instalaciones de autoconsumo”, explicó Díaz, quien identificó a los intermediarios que compran combustible para suministrarlo posteriormente a terceros como uno de los puntos críticos del esquema.
Ese perfil de intermediación resulta relevante para Tamaulipas, entidad con un corredor de hidrocarburos que se extiende desde la Cuenca de Burgos hasta Reynosa y que históricamente ha combinado el robo mediante tomas clandestinas con el contrabando fiscal a mayor escala documentado en las aduanas y puertos del estado.
El nuevo entorno regulatorio, apoyado en registros de autoconsumo, controles volumétricos, CFDI y sistemas de geolocalización, busca precisamente cerrar el margen de operación de empresas que hasta ahora trataban el combustible como un insumo operativo y no como una actividad sujeta a fiscalización estricta.
En el caso tamaulipeco, ese enfoque de trazabilidad integral tocaría directamente los eslabones que las investigaciones periodísticas y los propios reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) han identificado en la entidad: refinerías clandestinas como la operada por la razón social Maytrack, S.A. de C.V., en el predio conocido como Quinta Campestre Las Magnolias, en Reynosa.
A nivel nacional, la FGR inició 9 mil 459 carpetas de investigación por ilícitos en materia de hidrocarburos durante el periodo reportado en el Segundo Informe de Gobierno, con 859 personas detenidas, 307 vinculadas a proceso y más de 10.3 millones de litros de combustible asegurados. Las autoridades fiscales, en paralelo, cancelaron 3 mil 434 sellos digitales para facturar y presentaron 118 denuncias penales relacionadas con estas operaciones.
Sheinbaum adelantó que los detalles del Paquete Económico 2027, en el que se incluirá formalmente la propuesta de trazabilidad fiscal para combustibles, serán presentados el 9 de septiembre, un día después de su entrega al Congreso de la Unión.
La Mandataria reconoció que, pese a la disminución del fenómeno respecto a años anteriores, persisten casos de evasión fiscal y de empresas factureras que buscan eludir sus obligaciones tributarias.
