El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro personas y 11 empresas que vincula con el Cártel del Noreste (CDN), entre las que está una red de constructoras, gaseras y transportistas. Según la dependencia, el grupo criminal usó esa red para lavar recursos y obtener contratos públicos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que es la cuarta acción contra las redes del CDN durante la administración de Donald Trump y la de mayor alcance hasta ahora.
El comunicado indica que los designados participan en carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el autotransporte de carga y el sector de petróleo y gas, en lo que describió como la “huella comercial diversa” del cártel.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la medida “marca el esfuerzo más significativo hasta la fecha para interrumpir la infraestructura financiera” de la organización.
El empresario, su hijo y nueve empresas
El Tesoro identifica a Gamaliel Garza García, nacido el 23 de octubre de 1974 en Nuevo León, como empresario, aficionado a las carreras de caballos y asociado del CDN. Según la OFAC, compite en México y en hipódromos de California y Nuevo México, y sus caballos corren con frecuencia en La Molienda. También controla la Cuadra San Dibanh, una caballeriza de cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León.
La acusación central contra Garza García se concentra en su constructora, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA). De acuerdo con el Tesoro, el CDN utilizó esta empresa para canalizar dinero a las campañas electorales de sus candidatos preferidos.
La dependencia afirma además que CEGESA obtuvo contratos de gobierno de manera corrupta y luego subcontrató los trabajos a personas afiliadas al cártel. El comunicado la describe como una receptora importante de contratos públicos en el norte del país, entre ellos los del municipio de Nuevo Laredo y los del Gobierno de Tamaulipas.
Según la OFAC, Garza García creó en Nuevo Laredo la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) para integrar el esquema. CEGESA ejecutaba o subcontrataba las obras y COPASA surtía los materiales. El Tesoro sostiene que a principios de 2026 ambas eran de las pocas constructoras autorizadas por el CDN para trabajar en Nuevo Laredo.
La red incluye además seis empresas con sede en Nuevo Laredo que, según la dependencia, son propiedad del empresario o están bajo su control. Son las constructoras Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios; las distribuidoras de combustible y gas Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable y Propane Trading Group, y la empresa de transporte de gas Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Su hijo, Gamaliel Garza Elías, nacido el 10 de julio de 1997 en Nuevo Laredo, fue designado por su papel en CEGESA, donde participa en la operación diaria. El Tesoro afirma que también entregó dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el CDN.
El comunicado no identifica a los candidatos que habrían recibido esos recursos ni a los funcionarios que otorgaron los contratos. Tampoco precisa en qué periodos o administraciones se asignaron.
De acuerdo con la OFAC, Club La Molienda es un hipódromo, restaurante y bar controlado por el CDN, y es la pista de carreras más importante de Nuevo Laredo. El negocio genera ingresos para el cártel con el cobro de cuotas de entrada a quienes inscriben caballos para competir y también a los espectadores.
El Tesoro señala que el hipódromo está bajo el control de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”. Mientras este permanece preso en Estados Unidos, lo supervisan otros líderes y asociados de la organización. Según el documento, líderes y miembros del CDN compran caballos para correrlos en La Molienda, muchos de ellos en Estados Unidos.
La dependencia agrega que el hipódromo y el Casino Centenario mantenían una alianza que permitía apostar desde el casino en las carreras de La Molienda. Esa alianza funcionó hasta abril de 2026, cuando una acción conjunta de México y Estados Unidos suspendió las operaciones del casino.
El hipódromo fue designado conforme a dos órdenes ejecutivas: la 14059, relativa al narcotráfico internacional, y la 13224, relativa al terrorismo. El motivo fue que es propiedad del CDN o actúa en su nombre.
El jefe de plaza y la empresa transportista
La OFAC sancionó también a Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, nacido el 29 de diciembre de 1998 en Tamaulipas, a quien identifica como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del grupo. Según el Tesoro, fue detenido en 2020 por su relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, y después fue liberado. La dependencia le atribuye participación en el tráfico de armas a favor del cártel.
En el rubro de transporte, la OFAC designó a Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de autotransporte con sede en Nuevo Laredo. De acuerdo con el Tesoro, de su patio salieron al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. Las autoridades los decomisaron y sumaban 52 kilogramos, ocultos en compartimentos de los tambores de freno de los remolques. Según la dependencia, Francisco Javier Inzunza Partida, “Pancho Amador”, despachador de la empresa nacido en Coahuila en 1986, participó en el envío de ambos tráileres. A diferencia del resto, Tamex e Inzunza fueron sancionados solo con base en la orden ejecutiva sobre narcotráfico y no en la de terrorismo.
Con la designación quedan bloqueados todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en poder de ciudadanos o empresas estadounidenses, y deben reportarse a la OFAC. El bloqueo se extiende a cualquier entidad en la que los sancionados tengan, en conjunto, una participación de 50 por ciento o más. Salvo licencia, las regulaciones prohíben cualquier transacción de personas estadounidenses con los designados.
El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas con los sancionados pueden recibir sanciones secundarias. Entre ellas está la prohibición o restricción de cuentas corresponsales en Estados Unidos.
La dependencia informó que su investigación se realizó en paralelo con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF). Contó con el apoyo de la DEA, el FBI, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza, la división de Investigación Criminal del IRS y la ATF. También colaboraron el Buró Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles. Del lado mexicano, la acción se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al igual que las anteriores contra el CDN.
