Por Perla Reséndez
El cambio de jurisdicción aduanera del Puerto del Norte, en Matamoros, abrió un frente legislativo en Tamaulipas. Los diputados Isidro Vargas Fernández y Elvia Eguía Castillo presentaron propuestas para exigir explicaciones sobre la decisión federal, aunque con enfoques distintos: uno busca frenar el traslado y la otra demanda certeza sobre su implementación.
La controversia surgió luego de que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) publicó, el 9 de octubre, modificaciones a las circunscripciones territoriales de distintas aduanas, entre ellas el traslado de la Sección Aduanera del Puerto El Mezquital, también conocido como Puerto del Norte, de Matamoros a Altamira.
Isidro Vargas Fernández advirtió que el cambio podría generar mayores costos logísticos, retrasos y pérdida de competitividad para las empresas que utilizan esta infraestructura portuaria fronteriza.
Por ello, solicitó revisar de inmediato el acuerdo federal y realizar las modificaciones necesarias para mantener la sección aduanera bajo la jurisdicción de Matamoros.
También propuso suspender o diferir los efectos de la nueva adscripción, si el marco legal lo permite, mientras se analizan sus consecuencias económicas y operativas.
El legislador señaló que el traslado de determinadas gestiones a Altamira podría implicar recorridos carreteros de aproximadamente 500 kilómetros, además de gastos adicionales para importadores, exportadores y operadores comerciales.
Cuestionó que una reorganización justificada bajo criterios de eficiencia administrativa pueda terminar complicando los trámites de los usuarios y las operaciones de comercio exterior en la frontera tamaulipeca.
Vargas recordó que existe una propuesta para consolidar el Puerto del Norte como Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, aprovechando su cercanía con Estados Unidos y su potencial industrial.
A su juicio, modificar su adscripción aduanera podría contravenir los esfuerzos para atraer inversiones, fortalecer la conectividad comercial e impulsar el desarrollo económico de Matamoros.
El diputado también retomó las preocupaciones expresadas por integrantes de Alianza Matamoros ante las autoridades federales.
Como alternativa, propuso instalar una mesa de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, representantes portuarios, agentes aduanales y las 27 representaciones de esa organización, para analizar las implicaciones del cambio y plantear opciones antes de que se consolide la medida.
Por su parte, la diputada Elvia Eguía Castillo enfocó su iniciativa en obtener información oficial sobre los criterios que llevaron a la ANAM a modificar la jurisdicción de la sección aduanera.
Aunque reconoció las facultades de la autoridad federal para reorganizar sus operaciones, consideró necesario conocer los fundamentos técnicos, administrativos y operativos de la decisión.
Su punto de acuerdo solicita precisar cómo se distribuirán las competencias territoriales y funcionales entre las aduanas de Matamoros y Altamira, una vez que entre en vigor la modificación.
La legisladora sostuvo que contar con esa información permitirá brindar certeza jurídica a importadores, exportadores y demás usuarios que realizan operaciones comerciales en el puerto.
También pidió que se informe el calendario de implementación, las condiciones para la entrada en vigor y las medidas previstas para garantizar la continuidad de las actividades comerciales.
Eguía planteó establecer una comunicación permanente entre la autoridad aduanera, las dependencias portuarias federales, el Gobierno de Tamaulipas y las autoridades municipales de Matamoros.
Explicó que esa coordinación ayudaría a identificar necesidades de infraestructura, resolver obstáculos administrativos y atender las inquietudes de los sectores productivos y comerciales.
Además, solicitó conocer los beneficios institucionales que la ANAM espera obtener con la nueva distribución de responsabilidades entre ambas aduanas.
La diputada aclaró que su propuesta no pretende cuestionar la legalidad del acuerdo federal, sino garantizar transparencia, coordinación y condiciones que eviten incertidumbre durante la transición administrativa.
