Por Perla Reséndez
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas enfrenta un rezago histórico en la ejecución de órdenes de aprehensión, cuya atención, reconoció su titular, depende de resolver problemas operativos, falta de personal y dificultades para localizar a personas sujetas a proceso.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2026, publicado por el INEGI el 2 de octubre, la Fiscalía inició 2025 con 1,636 órdenes de aprehensión y comparecencia pendientes de cumplirse. En esos doce meses se cumplieron o concluyeron 542, y al cierre del año el saldo era de 1,615, una cifra casi idéntica a la de enero.
El Fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco explicó que durante este año se trabaja tanto en el abatimiento de los mandamientos judiciales acumulados como en la atención de las órdenes recientes, para evitar que la carga pendiente continúe creciendo.
“Se trabaja, sí, buscando combatir el rezago histórico en este rubro de las órdenes de aprehensión, pero se está abordando también de manera directa, tratando de que no se cree un rezago que se sume a lo anterior”, afirmó.
Cuestionado sobre las causas de la acumulación de órdenes de aprehensión y la posibilidad de que agentes del Ministerio Público o jueces hayan retenido mandamientos judiciales de manera irregular, el Fiscal sostuvo que se trata de un fenómeno que no corresponde a una sola administración.
“No diría que se trate de ese tipo de actos de corrupción, aunque tampoco los descarto”, respondió.
Govea Orozco señaló que el rezago obedece a diversos factores, entre ellos mencionó la falta de personal, las dificultades técnicas para localizar a las personas buscadas y posibles actos de corrupción.
“Es multifactorial”, resumió.
Agregó que existen órdenes relacionadas con personas que incluso han fallecido, lo que obliga a revisar cada expediente para determinar la situación jurídica correspondiente.
El fiscal explicó que una parte importante de los asuntos pendientes corresponde al antiguo sistema procesal penal ordinario.
Estas causas continúan en trámite ante juzgados estatales y pueden resolverse por distintas vías, entre ellas el sobreseimiento, las comparecencias de las personas involucradas y el impulso procesal de los expedientes.
La antigüedad de algunos casos, indicó, ha obligado a revisar su situación jurídica para determinar cuáles siguen vigentes y cuáles pueden concluir conforme a derecho.
El funcionario aseguró que la Fiscalía continuará atendiendo el rezago histórico, pero sin descuidar las órdenes de aprehensión que se generan actualmente.
“Ese rezago histórico se atenderá en la medida de nuestras posibilidades”, sostuvo, precisando que la prioridad operativa es evitar que los nuevos mandamientos judiciales se acumulen y se conviertan en otro problema pendiente para la institución.
Además del rezago, el Censo registra un flujo bajo de nuevas órdenes. En 2025 se giraron 694 mandamientos de este tipo en Tamaulipas, menos de dos por cada 100 carpetas de investigación abiertas, cuando el promedio de las fiscalías estatales es cercano a seis.
El mismo patrón aparece en la judicialización. La Fiscalía abrió 39,923 carpetas en 2025, y en 23,201 de ellas, el 58.1 por ciento, existía desde el inicio una persona señalada como probable responsable. Esa proporción casi duplica el promedio nacional de 30.6 por ciento. Sin embargo, solo 1,499 personas fueron presentadas ante un juez, el equivalente a 3.8 por cada 100 carpetas, frente a 9.8 en el conjunto de las fiscalías estatales.
El INEGI ofrece un matiz sobre esas cifras. De las 44,395 personas imputadas registradas en la entidad, en 17,985, el 40.5 por ciento, no se identificó siquiera el sexo. Esa proporción indica que en una parte considerable de los expedientes el señalado no está plenamente identificado, lo que coincide con la dificultad de localización que mencionó el Fiscal.
Cuando los casos llegan a tribunales, avanzan. De las personas cuya situación jurídica resolvió un juez en 2025, 1,371 fueron vinculadas a proceso y solo en 122 casos se determinó lo contrario, una tasa de vinculación de 91.8 por ciento.
Al cierre del año, la dependencia reportó 35,788 procedimientos pendientes de concluir, casi un año completo de denuncias. Lo hizo con 3,187 servidores públicos, 296 unidades administrativas, la tercera cifra más alta del país, y un presupuesto ejercido de 1,697.1 millones de pesos.
