Por Perla Reséndez
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas revisa las carpetas de investigación que podrían ser materia de informes sobre la viabilidad de candidaturas, ante los cambios derivados de la reforma electoral, informó su titular, Andrés Norberto García Repper Favila.
El fiscal señaló que la dependencia trabaja en la revisión de los expedientes y en la actualización del estado procesal de las investigaciones. Sin embargo, aclaró que todavía no puede adelantar información sobre casos específicos.
“Estamos trabajando muy duro, muy duro; recuerden que ahora el Instituto Nacional Electoral, a través de la nueva reforma, va a pedir informes sobre la viabilidad de candidaturas y muy probablemente a las fiscalías nos toque también responder”, explicó.
La reforma a la que se refirió el fiscal es la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que crea, dentro del INE, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. La Cámara de Diputados la aprobó el 28 de mayo pasado con 271 votos a favor y 92 en contra, al cabo de una sesión de 32 horas.
El mecanismo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, permite que los partidos políticos envíen al INE, antes del registro oficial, los nombres de quienes pretenden postular a cargos federales o locales. La comisión, integrada por cinco consejeros electorales, consulta después a la UIF, la CNBV, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR sobre la información que exista de cada aspirante.
Con base en esa revisión, las autoridades determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
El INE no tendrá acceso a investigaciones en curso, expedientes, carpetas de investigación ni productos de inteligencia, y la comisión podrá advertir sobre posibles vínculos delictivos, pero no tendrá la última palabra sobre quién aparece en la boleta.
La comisión recibirá solicitudes a partir de octubre y hasta siete días antes del registro de candidatos para el proceso electoral de 2027. Durante su aprobación, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la reforma como un mecanismo de control político.
García Repper Favila precisó que la revisión que realiza la FECC no significa que exista una determinación anticipada sobre algún aspirante, y aseguró que la Fiscalía dará prioridad a todas las investigaciones, incluidas las que comenzaron antes de su llegada al cargo.
Sobre los actores políticos que buscan posicionarse rumbo a los próximos procesos electorales y que enfrentan denuncias, indicó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones.
Explicó que las denuncias pueden responder a conflictos políticos o a intentos de desprestigio, pero también pueden estar relacionadas con hechos posiblemente delictivos.
“Nos toca ser muy cuidadosos a nosotros, no podemos generarle molestia ni daños a la reputación de quienes estén postulándose, a menos que haya fundamento para ello”, sostuvo.
El funcionario evitó pronunciarse sobre casos particulares y afirmó que cada denuncia debe analizarse antes de establecer si existen elementos para proceder.
Falta personal para atender denuncias
García Repper Favila reconoció que la FECC necesita más agentes del Ministerio Público y personal auxiliar para agilizar la atención de las denuncias, principalmente las relacionadas con presuntos abusos de autoridad.
Explicó que una parte importante de las querellas proviene de ciudadanos que reportan presuntas irregularidades durante encuentros con elementos policiales.
Estimó que más del 70 por ciento de las denuncias que atienden corresponde a este tipo de señalamientos, aunque advirtió que no todas llegan a acreditarse.
El funcionario explicó que algunas personas desisten de continuar con el procedimiento, no comparecen a declarar o no proporcionan datos necesarios para identificar a los agentes involucrados.
Esta situación, dijo, genera una carga de trabajo considerable para la Fiscalía y reduce la capacidad disponible para avanzar en investigaciones de mayor complejidad, insistiendo en la necesidad de incorporar más personal que permita atender los expedientes pendientes y fortalecer el seguimiento de los casos.
