En la Constitución, el artículo 4 garantiza que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”, pero hay una brecha impresionante entre la norma y la realidad: ese derecho se ha reducido a casas improvisadas, terrenos irregulares, techos de lámina y complejos habitacionales con servicios que nunca llegan.
En México, en el 2024 el 29.6% de la población vivía en pobreza —38.5 millones de mexicanos—, de los cuales el 5% vivía en pobreza extrema. Y, a pesar de que entre 2018-2024 el 15% salió del rezago habitacional, la deuda sigue siendo enorme.
En Tamaulipas, la desigualdad en vivienda se refleja con nitidez: el estado tiene 3.5 millones de habitantes, de los cuales en el 2024 el 20% vivía en pobreza. A pesar de que este índice ha disminuido, una de cada 5 personas carece de lo elemental.
El rezago habitacional estatal asciende a 172,805 viviendas, el 16.4% del total. En ellas habitan más de 580 mil personas que requieren mejoramiento, 50,000 necesitan sustitución total y el resto ampliaciones. En Ciudad Victoria la situación se agrava con 7,935 viviendas en donde viven 30,771 personas. Un tercio de estos casos requiere vivienda nueva y el resto mejoramiento y ampliación.
El ayuntamiento de Ciudad Victoria reconoce alrededor de 70 asentamientos irregulares, de los cuales menos del 10% están regularizados, es decir, más de 10,000 familias viven sin certeza jurídica. La informalidad e incertidumbre los reduce a tener marginación en materia de servicios básicos.
Los programas oficiales intentan dar respuesta. El ITAVU entregó este año 3,200 lotes con servicios básicos, incluidos como parte del programa “Vivienda para el Bienestar”.
El INSUS federal trabaja en la regularización de tierras en coordinación con los municipios. La SEDATU y la CONAVI operan los programas Vivienda Social y Por una Mejor Vivienda, dirigidos a grupos vulnerables y hogares con bajos recursos.
El Plan Nacional 2025 anunció que el estado de Tamaulipas sería el más beneficiado, en su primera etapa, con 1,611 viviendas nuevas antes de febrero de 2026, pero esto resulta insuficiente ante los 55,000 hogares que requieren sustitución.
Las fallas de estos programas son muy evidentes: muchas viviendas se construyen lejos de transporte, escuelas u hospitales. Los trámites excluyen a quienes no tienen un empleo formal o documentos que respalden su deuda, y se habla de vivienda digna, pero lo que se entrega son estructuras sin servicios y sin las condiciones adecuadas para vivir.
El problema de vivienda también tiene un tema de género. Muchas mujeres jefas de familia quedan relegadas por criterios burocráticos, a pesar de que son ellas quienes sostienen los hogares más vulnerables. Replantear la política de vivienda es urgente. Ningún hogar debería destinar más del 30% de su ingreso al pago de vivienda. La planeación debe ser participativa, con medidas sociales y rendición de cuentas.
Basta de utilizar temas de vivienda como un comodín electoral. No se trata de construir casas, sino de garantizar una vivienda digna. Lo más importante es garantizar un hogar a las mujeres que crían solas en cuartos improvisados, adultos mayores que envejecen con carencia de servicios básicos e inseguridad y a las niñas y niños que sufren de enfermedades sobre pisos de tierra.
La vivienda digna es un derecho humano. La ONU define la vivienda adecuada como asequible, habitable y accesible, con servicios y oportunidades cercanas. Bajo este estándar, miles de hogares en Tamaulipas no cumplen con lo mínimo.
AGENDA MUNICIPAL
En Ciudad Victoria, el programa Vivienda para el Bienestar arrancó recientemente con un convenio firmado por los tres órdenes de gobierno. Se prevé la construcción de entre 4,000 y 5,000 viviendas sociales con un costo de $600,000 pesos aproximadamente cada una, financiadas a 30 años para familias que no cumplen con requisitos bancarios y carecen de recursos. Por otro lado, el regidor Daniel Pérez, de MC, advirtió que alrededor de 100 familias serán desalojadas por CONAGUA al encontrarse en las márgenes del San Marcos. Y aunque no es un asunto de competencia municipal, se trata de familias victorenses que se quedarían desprotegidas y que necesitan acompañamiento institucional para no perder su patrimonio.
EN PÚBLICO / NORA M GARCÍA
