La reforma electoral abrió un debate que el poder intentó disimular, porque lo que se discute no son simples ajustes sino la arquitectura que define quién arbitra, quién compite y qué márgenes tendrá la política en un país que vive tensiones acumuladas.
El gobierno sostiene que el sistema se volvió costoso y saturado de filtros, por eso impulsa elección directa de consejeros, recortes al financiamiento y menos pluris, medidas que prometen eficiencia pero que también mueven equilibrios construidos para contener abusos.
La eliminación de la representación proporcional es el punto más tenso, reduce voces que equilibran al Congreso y amplía el dominio de mayorías, un cambio que incomoda incluso a aliados del oficialismo, preocupados por un Legislativo menos diverso y más predecible.
El método para elegir consejeros también inquieta, llevarlo al voto directo no garantiza autonomía, la experiencia comparada muestra capturas abiertas en modelos similares, y en México el INE resistió presiones gracias a un diseño que dispersó el control del poder.
Los partidos pequeños ven otro riesgo, menos recursos implica operaciones frágiles, menos presencia territorial y contiendas más desiguales, un escenario que ya se asomó tras recortes previos y que consolidó la ventaja de estructuras financiadas por intereses privados.
La oposición argumenta que la reforma beneficia al partido gobernante, aunque admite que el modelo vigente requiere ajustes que reduzcan costos y fortalezcan la fiscalización, pero pide que los cambios no erosionen los contrapesos que sostienen un sistema ya presionado.
Morena y sus aliados enfrentan fricciones internas, porque el rediseño electoral reorganiza su ruta hacia 2027, influye en candidaturas y anticipa un Congreso donde la presidenta dependerá de un equilibrio aún incierto entre acuerdos, presiones y fatigas acumuladas.
Los estados no quedan fuera, sus congresos deberán armonizar normas, redefinir órganos electorales y ajustar mecanismos de representación, un proceso que ya genera tensiones y expone la fragilidad institucional de gobiernos que operan con mayorías volátiles.
En Tamaulipas el impacto sería profundo, la pluralidad legislativa ha frenado excesos y suprimir pluris abriría un tablero desigual, con ventajas para quien domine el territorio y riesgos para zonas que históricamente quedan fuera de los acuerdos que reparten poder.
El punto final exige menos estridencia y más rigor, porque toda reforma debe medirse por sus efectos y no por sus banderas, y lo indispensable es asegurar que los cambios fortalezcan reglas sin ampliar grietas, para que el país llegue a las próximas urnas con certidumbre.
EN PÚBLICO / NORA M. GARCÍA
