Por Perla Reséndez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas varias disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas y del Código Penal estatal que criminalizan el aborto en Tamaulipas y reconocen la protección de la vida “desde la fecundación”.
En la sesión de ayer se revisó el amparo promovido desde Tamaulipas por diferentes colectivas y personas, declarando inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo, aunque de momento solo será para aquellas que promuevan el juicio de amparo.
Con el proyecto del Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, se abre la posibilidad de que el Congreso del Estado legisle para hacer cambios en los artículos 356, 357, primer párrafo, 358, fracciones I y II, 359, 360 y 361, fracción II, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que criminalizan el aborto, así como el articulo 16 de la Constitución Política del estado que indica que se protegerá la vida “desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.
El Ministro apuntó que si el Congreso no actúa, la Suprema Corte podrá anular dichos artículos con efectos generales, al retomar el criterio establecido en 2021, cuando invalidó la penalización del aborto en Coahuila.
El Código Penal estatal prevé de uno a cinco años de prisión para la mujer que procure un aborto en cualquier etapa del embarazo.
La Corte retomó por unanimidad el criterio ya sostenido desde 2021, cuando invalido la penalización en Coahuila, por atentar contra los derechos a la salud, libertad reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
“Si está Corte ya se ha pronunciado, respecto de otras entidades federativas, sobre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, así como de las obligaciones del Estado en materia del derecho a la salud, en su vertiente individual y colectiva, de la libertad reproductiva, del libre desarrollo de la personalidad, y de la igualdad y no discriminación, derechos cuyos titulares son todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, entonces debe adoptar un criterio similar para garantizar tales derechos humanos de las usuarias del sistema de salud pública del Estado de Tamaulipas”, dice la sentencia.
El amparo también exenta de sanción al personal médico que practique un aborto a alguna de las seis mujeres que lo solicitaron, y ordena “capacitaciones y programas de difusión” para sensibilizar al dicho personal, para eliminar los estigmas que persisten por esta práctica.
Tamaulipas, rezagado
Tamaulipas es uno de los ocho estados rezagados del mapa nacional en la despenalización del aborto.
El artículo 356 del Código Penal del Estado considera delito el aborto y establece penas de uno a cinco años de prisión para la mujer que lo consienta. El artículo 359 del mismo ordenamiento sanciona con seis meses a un año de cárcel a la mujer que voluntariamente procure su aborto, mientras que quienes lo practiquen pueden recibir hasta nueve años.
Esas disposiciones siguen vigentes hoy, en 2026, mientras en 24 entidades del país la interrupción legal del embarazo ya es un derecho ejercible.
Desde 2023, el diputado Isidro Vargas presentó una primera iniciativa de despenalización que fue turnada a comisiones y congelada sin mayor discusión.
Meses después, Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, aseguró que el tema se discutiría con otra reforma más completa.
Aseguró que la iniciativa “ya está terminada”, que sería presentada “en unas semanas”, que podría aprobarse “a fin de año o antes de que termine el periodo”. Lo dijo en mayo de 2024, durante la sesión itinerante en Altamira. Lo repitió cinco meses después. Y siguió repitiéndolo durante el primer semestre de 2025, asegurando que la reforma se aprobaría antes del cierre del segundo periodo legislativo, el cual concluyó el 30 de junio de 2025.
“Yo respeto a las mujeres, ellas tienen el derecho de hacer lo que gusten con su cuerpo, entonces estaré apoyando esta propuesta”, declaró Prieto Herrera.
A pesar del hermetismo de los 36 representantes locales, en los últimos meses se ha insistido en que existe un anteproyecto que contempla permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con participación del sistema hospitalario público para garantizar un procedimiento gratuito y seguro.
La diputada Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, aseguró en febrero que el tema “sí se va a analizar en este periodo”, aunque reconoció que genera posturas encontradas.
