Un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara dejó al descubierto una realidad que las autoridades han negado durante años: dos agentes de la CIA viajaban con elementos ministeriales del estado de Chihuahua al regreso de un operativo, y ninguno de ellos había sido reportado al gobierno federal. El percance vial expuso así una operación encubierta y obligó a abrir investigaciones bilaterales sobre los términos de la cooperación en materia de seguridad.
Lo de Chihuahua, sin embargo, no es nuevo es apenas el capítulo más reciente de una historia que en Tamaulipas tiene más de medio siglo. Mientras la atención nacional se concentra en la Sierra Tarahumara, la frontera tamaulipeca lleva décadas funcionando como zona de operación de las agencias de inteligencia estadounidenses, según consta en los registros de la historia local y en los archivos desclasificados por el National Security Archive.
La entidad concentra una cantidad de operaciones que rara vez se menciona en conjunto: en su territorio funcionan dos de las diez oficinas que la DEA mantiene en México —Matamoros y Nuevo Laredo, ambas alojadas en consulados estadounidenses y establecidas desde los años setenta—, y por Nuevo Laredo cruza el principal puerto terrestre de comercio entre México y Estados Unidos, donde el Cártel del Noreste controla rutas de cocaína, metanfetamina, migrantes y huachicol fiscal hacia Texas.
En esa frontera norte sobrevuelan, según funcionarios estadounidenses citados por CNN y The New York Times, los drones MQ-9 Reaper de la CIA, cuya misión consiste en identificar laboratorios de fentanilo —detectables por las sustancias químicas que emiten— y rastrear a los líderes de los seis cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras, dos de los cuales —el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste— mantienen control territorial precisamente en Tamaulipas.
El Comando Norte del Ejército estadounidense ha realizado más de 300 vuelos de reconocimiento sobre la frontera, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza coordina con las autoridades mexicanas el rastreo de drones criminales; en ese marco, Tamaulipas acumuló durante 2025 los 28 decomisos de aeronaves no tripuladas del Cártel del Golfo, un incremento del 2,500% respecto al año anterior.
Pero el frente más significativo de los últimos meses no ha sido aéreo, sino financiero: el 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a una red de casinos vinculados al Cártel del Noreste —entre ellos el Casino Centenario y el Casino Diamante— por lavar dinero del grupo terrorista designado por Estados Unidos.
El escándalo se duplicó al saberse que una de las empresas sancionadas había recibido en noviembre de 2025 contratos por más de 1.2 millones de pesos otorgados por la propia Fiscalía de Tamaulipas; la Unidad de Inteligencia Financiera presentó entonces denuncia por lavado y evasión fiscal, mientras la FinCEN del Tesoro emitía alertas paralelas sobre las tipologías de operación de esa red.
El otro frente es el huachicol fiscal: el 19 de marzo de 2025, el buque Challenge Procyon arribó al puerto de Tampico procedente de Beaumont, Texas, declarando aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad transportaba 10 millones de litros de diésel; el operativo, considerado por el gobierno federal como uno de los mayores golpes al huachicol fiscal de la historia reciente, dejó catorce detenidos.
Entre los procesados quedaron empresarios, marinos y funcionarios de aduanas vinculados a una red del CJNG que extraía hasta 1.5 millones de litros de combustible por semana; la inteligencia que permitió la incautación combinó información de FinCEN, alertas de OFAC y trabajo de la Secretaría de Marina, mientras del lado estadounidense los hermanos Jensen eran acusados de apoyar materialmente al cártel.
El operativo del Challenge Procyon ilustra el nuevo mecanismo de supervisión sobre la frontera: ningún agente estadounidense pisó suelo tamaulipeco con uniforme, pero hubo cruce de bases de datos, intercambio de tipologías financieras y sanciones extraterritoriales con efectos en México, mientras del lado mexicano una Secretaría de Marina y una Fiscalía actuaban con información procesada en buena parte fuera del país.
Esta forma de operar tiene historia, y la historia reciente arranca el 3 de marzo de 2023, cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros —dos murieron— y el despliegue del FBI, la DEA y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional fue inmediato; el entonces embajador Ken Salazar lo dijo sin matices: “Tenemos que desmantelar cárteles que operan en Tamaulipas”.
Mucho tiempo antes, el 9 de noviembre de 1999, una Ford Bronco blanca con placas diplomáticas pasó frente a la casa de Osiel Cárdenas Guillén en el fraccionamiento La Aurora de Matamoros, llevando a bordo a Joe DuBois, agente de la DEA del consulado de Monterrey, y a Daniel Fuentes, del FBI con base en Houston, acompañados por un periodista local que operaba como informante de la propia DEA.
Quince hombres armados con AK-47 los cercaron, algunos con uniformes de policía; DuBois recordó a Cárdenas Guillén el destino de los responsables del asesinato del agente Enrique Camarena en 1985 y, tras veinte minutos de tensión, los dejaron ir: el incidente disparó la presión binacional que cuatro años después terminaría con la captura del propio Osiel.
Más atrás todavía, en Reynosa, el 30 de septiembre de 1982, el comandante Rafael Chao López —entonces coordinador de la zona fronteriza de Tamaulipas y Nuevo León por la Dirección Federal de Seguridad— entregó vehículos robados a Edward Sanders, jefe del Departamento de Vehículos Robados de Texas, en un acto oficial; mientras tanto, la misma DFS operaba pistas clandestinas de aterrizaje en la Laguna Madre, Soto La Marina, Valle Hermoso, Reynosa y Nuevo Laredo, donde sus propios agentes traficaban y protegían a narcotraficantes formales.
Esa misma DFS operaba en estrecha coordinación con la estación de la CIA en México —comandada por Winston Scott entre 1956 y 1969—, bajo cuyo paraguas se desarrolló el programa LITEMPO, una red de reclutamiento de altos funcionarios mexicanos como informantes pagados de la agencia.
Documentos desclasificados por el National Security Archive identifican como LITEMPO-2 al presidente Gustavo Díaz Ordaz, como LITEMPO-8 a Luis Echeverría Álvarez y como LITEMPO-4 al entonces director de la DFS Fernando Gutiérrez Barrios, en una red cuyo monitoreo incluyó al movimiento estudiantil, al sindicalismo combativo y a los grupos de izquierda en todo el país, incluida la zona petrolera tamaulipeca.
Y antes de todo eso, en febrero de 1968, un periodista mexicano llamado Juan José Humberto Carrillo y Colón fue nombrado agregado de prensa de la Embajada de México en La Habana, cargo que ocupó con perfil bajo durante más de un año.
Había hecho carrera en la cadena de José García Valseca —pasando por Al Día y El Sol de León en Guanajuato, El Heraldo de León, la revista Atisbos y El Sol de México— antes de saltar, sin credenciales diplomáticas previas, al servicio exterior con el respaldo de un nombramiento que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores creó a su medida.
Desde su residencia en el barrio de Miramar, bajo el alias operativo de “José María Zalo”, Carrillo Colón recibía órdenes de la CIA por radio los domingos a las diez de la mañana, ocultas en canciones mexicanas: La Paloma significaba que no había instrucción esa semana; Cielito Lindo, que venía mensaje cifrado, y las transmisiones procedían de estaciones en Florida y Nassau.
El esquema funcionó hasta que el 3 de septiembre de 1969 Fidel Castro denunció el caso al embajador Miguel Covián Pérez y, dos días después, sonó por última vez la radio en la casa ya sellada por la Seguridad del Estado cubana; un operador firmado como “Enrique” ordenaba destruir todo el equipo, pero ya era tarde.
Carrillo fue expulsado de Cuba, interrogado en México por Fernando Gutiérrez Barrios —entonces director de la DFS y, según los archivos desclasificados, LITEMPO-4— y nunca procesado.
Tras el escándalo, Carrillo Colón regresó al ejercicio del periodismo y, según testimonios locales, en la década de los setenta pasó por la redacción de El Heraldo de Tampico, en los años en que el comandante Rafael Chao López coordinaba para la DFS la zona fronteriza de Tamaulipas y Nuevo León.
Años udespués publicaría un libro de defensa propia, El insólito caso del espía de la CIA, y se dedicaría durante más de cinco décadas a impartir cátedra de periodismo en la Universidad La Salle del Bajío.
Cincuenta y ocho años después las herramientas son otras —drones Reaper en lugar de boleros, listas OFAC en lugar de tarjetas DFS, bases de datos en lugar de informantes pagados con sobres—, pero el territorio es el mismo y el tipo de información que las agencias estadounidenses buscan en él tampoco ha cambiado tanto: quién manda, dónde está el dinero, por dónde se mueve la mercancía, qué autoridad coopera y cuál encubre.
l marco institucional que regula hoy esa cooperación es el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, firmado en octubre de 2021 en sustitución de la Iniciativa Mérida, y operado a través del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) instalado en septiembre de 2025, que celebró su tercera reunión en Washington en enero de 2026 bajo el principio declarado de “cooperación sin subordinación”.
Bajo ese paraguas, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos en febrero y marzo de 2025 a veintinueve líderes del crimen organizado —entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales del Cártel del Noreste, con base histórica en Tamaulipas—, en una operación que el director del FBI, Kash Patel, calificó como hito de la cooperación bilateral; un segundo grupo de capos sería trasladado meses después.
Los canales operativos se han ampliado: en junio de 2025, los secretarios de Marina y Defensa visitaron por primera vez bajo este gobierno la sede del Comando Norte en Colorado, donde se acordaron mecanismos de intercambio de información y entrenamiento conjunto.
El GIS sumó el Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), creado para coordinar la detección de drones criminales, una problemática en la que Tamaulipas figura como punto de concentración.
En el plano financiero, la UIF mexicana y FinCEN sostienen un canal directo para tipologías de lavado, y la Secretaría de Hacienda coordina con OFAC las listas de sanciones extraterritoriales que han alcanzado este último año a empresarios y operadores tamaulipecos.
La cooperación judicial, según el comunicado oficial del GIS, ha producido resultados que ambos gobiernos describen como tangibles.
Lo que el caso Chihuahua puso en evidencia es la zona gris entre el marco legal —que prohíbe a los agentes extranjeros operativos directos— y la realidad operativa, en la que la presencia de agentes en territorio mexicano se ha vuelto más frecuente. En Tamaulipas, esa realidad lleva décadas de funcionamiento sostenido, y los expedientes recientes muestran que el patrón se ha intensificado, no reducido, bajo el nuevo arreglo bilateral.
