La democracia empieza con una idea simple, la gente decide y los partidos trasladan esa decisión hasta el gobierno, ese es todo su oficio, ninguna otra cosa los justifica.
El problema aparece cuando el partido deja de trasladar decisiones y empieza a trasladar personas, cuando su tarea ya no es representar a nadie sino acomodar a alguien, ahí la democracia se vuelve oficina de colocación.
Tamaulipas todavía no entra al proceso, pero la antesala ya empezó, el calendario marca septiembre de 2026 para el arranque formal y junio de 2027 para la jornada, con 43 ayuntamientos y 36 diputaciones locales en disputa.
No es asunto menor, el ayuntamiento es el gobierno que se toca con la mano, el que recoge la basura, alumbra la calle, tapa el bache, decide si el agua llega o se queda en la promesa.
Y vuelve la pregunta que nunca termina de responderse, ¿quién representa a quién en este estado?, porque representar dejó de ser un verbo de la ciudadanía para volverse un acuerdo entre cúpulas que reparten lo que aún no ganan.
Hay que recordar de dónde venimos, la deuda pública que arrastra el estado se contrató desde 2010 y tiene vigencia hasta 2041, un compromiso que sobrevive a quien lo firmó y a más de una generación de votantes.
Al inicio de esta administración esa herencia rondaba los 15 mil 924 millones de pesos, hoy se ubica cerca de 15 mil 72 millones, y la deuda por habitante bajó de 5 mil 201 pesos en 2021 a 4 mil 488 en 2025, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
El número grande, sin embargo, engaña, una deuda así no se paga en un año, lo que aprieta el presupuesto es lo que cada ejercicio se va en servirla, un impuesto silencioso que el presente cubre por decisiones que tomó el pasado.
Esa cifra no es contabilidad, es una biografía, cuenta quién gobernó pensando en el siguiente cargo y no en la siguiente generación, y deja una pregunta colgada hasta 2041, quién responde por lo que ya nadie firma.
En el piso municipal la historia es distinta, los ayuntamientos no viven de la deuda estatal sino de transferencias federales, Fortamun, Faismun, participaciones, y es ahí donde el dinero se vuelve niebla.
La Auditoría Superior del Estado observó en la cuenta pública 2024 irregularidades por 14 mil 414 millones de pesos, un alza cercana al 26% frente a 2023, con 88% de los entes municipales incumpliendo en algún rubro.
El propio auditor lo ató al calendario, buena parte del desorden coincidió con la transición de gobiernos y el cambio de alcaldes, por eso pidió algo elemental, que cada quien deje solventado antes de irse a buscar otro cargo.
Ahí está el patrón completo, miles de millones observados y apenas 27 expedientes de responsabilidad administrativa, porque el gasto que no se comprueba se observa, pero observar no es sancionar, y casi nunca termina en consecuencia.
Y mientras los expedientes envejecen, la consecuencia tiene domicilio, la obra que no se hizo, el pozo sin agua, la calle sin pavimentar, el recurso que llegó para un barrio y se perdió en el camino de regreso a la federación.
No es defecto de hoy, la gestión estatal anterior, la de Francisco García Cabeza de Vaca, dejó más de 14 mil millones sin aclarar ante la federación, cerca del 80% de lo observado, con expedientes que cumplen años sin una sola línea de avance.
Con eso se alimenta el reciclaje, cuentas que nunca se cierran, responsabilidades que se diluyen, y nombres que en vez de rendir simplemente cambian de fila, esperando turno.
Porque eso hace un proceso electoral con la memoria corta, recicla, los que dejaron las cuentas abiertas regresan con otro color, otra sigla, otro discurso, los mismos nombres debajo del maquillaje.
El método se conoce, las cúpulas arman las listas por cuota y por lealtad, no por mérito ni por arraigo, de ahí que la militancia sea muchas veces decorado y el dedo siga decidiendo quién encabeza.
Y aquí cabe la vieja imagen, el partido convertido en arca de Noé, una embarcación que ya no salva al pueblo del diluvio sino que pone a salvo a quienes provocaron la inundación.
Suben de dos en dos, los de siempre y sus herederos, los operadores y sus aprendices, mientras la ciudadanía mira el embarque desde tierra firme, sin boleto, sin voz en la lista de pasajeros.
La exigencia ciudadana es modesta hasta la humildad, no se pide heroísmo ni pureza, se pide lo mínimo verificable, expediente limpio y propuesta concreta, dos requisitos que deberían ser piso y se volvieron techo.
Y hay con qué exigirlo, los filtros de registro del instituto electoral, las declaraciones patrimoniales públicas, las observaciones abiertas de la auditoría, todo está a un clic, lo que falta no es información sino el hábito de leerla.
Lo demás es propaganda, prometen renovación y postulan a los de siempre, hablan de futuro con el expediente del pasado.
Conviene distinguir alternancia de cambio, que gobierne otro partido no garantiza nada si la clase que opera por debajo es la misma, cambia el color de la camiseta, la plantilla de jugadores no.
No hay que confundir el ruido con el movimiento, habrá spots, habrá promesas redondas, habrá quien jure que esta vez será distinto, la prueba no estará en el discurso sino en los nombres que cada partido decida subir al barco.
Si esos nombres vuelven a ser los de siempre, la elección será un trámite con escenografía, un cambio de tripulación sin cambio de rumbo, y el estado seguirá pagando cuentas que no abrió.
La lista de abordaje todavía no se cierra, falta más de un año, y en ese plazo la ciudadanía puede dejar de ser espectadora para volverse jurado, preguntando antes de aplaudir.
Porque la democracia no se mide por cuántos suben al arca, sino por quién decide la lista de abordaje, y mientras esa lista la escriban los mismos, el diluvio no será castigo del cielo, será herencia de la nómina.
Y la ciudadanía, como siempre, despidiendo el barco desde el muelle, no por costumbre, sino porque nunca le dieron la llave del camarote.
