Por Staff
Expreso-La Razón
Entre diciembre de 2018 y febrero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 2,393 carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos en Tamaulipas.
Pero en ese mismo periodo, únicamente 10 personas fueron puestas a disposición de un juez de control, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia federal en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública.
La cifra equivale a una tasa de judicialización de 0.41 por ciento, inferior al promedio nacional de 3.53 por ciento registrado para el mismo concepto estadístico.
La brecha implica que, de cada 200 investigaciones abiertas en la entidad por este delito, en promedio solo una concluye con una persona presentada ante el juez.
La dependencia atribuye la disparidad a la naturaleza de las investigaciones: la mayoría se origina por el hallazgo de tomas clandestinas o el aseguramiento de producto y vehículos, escenarios en los que con frecuencia no hay personas presentes al momento de la intervención de las autoridades.
El comportamiento se repite al revisar el único periodo en que la FGR desglosó detenciones por estado, comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En ese lapso, Tamaulipas registró 22 personas detenidas frente a 472 carpetas de investigación iniciadas, una proporción de 4.66 por ciento. El promedio nacional en ese mismo año fue de 17.5 por ciento, casi cuatro veces superior al de la entidad.
A partir de noviembre de 2019, la FGR dejó de concentrar estadísticas de detenciones por estado. La dependencia federal explicó que esa información pasó a ser responsabilidad del Registro Nacional de Detenciones, operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que remitió a esa instancia para datos posteriores a dicha fecha.
El desglose anual de carpetas de investigación abiertas en Tamaulipas muestra fluctuaciones importantes. En diciembre de 2018 se contabilizaron 132 expedientes. La cifra se mantuvo alta durante 2019, con 350 carpetas, y descendió a 204 en 2020 y a 126 en 2021. Luego volvió a incrementarse, con 234 carpetas ese año, 481 en 2023 y 468 en 2024.
En 2025 se registraron 341 expedientes, y entre enero y febrero de 2026 ya se habían abierto 57 carpetas adicionales.
Las personas puestas a disposición de un juez de control en la entidad se concentraron en años específicos: dos en diciembre de 2018, dos en 2019, cuatro en 2023 y dos en 2025. En 2020, 2021, 2022, 2024 y en lo que va de 2026 no se registró a ninguna persona bajo este estatus procesal en Tamaulipas.
La misma brecha, a mayor escala
El fenómeno no es exclusivo de Tamaulipas. A nivel nacional, la FGR reportó 54,587 carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos entre diciembre de 2018 y febrero de 2026, frente a 1,926 personas puestas a disposición de un juez de control en el mismo periodo. Esto representa una tasa de judicialización de 3.53 por ciento.
La incidencia delictiva se concentra de manera desproporcionada en los estados que integran el corredor de ductos y las zonas de refinación. Hidalgo se mantiene como la entidad con más investigaciones registradas de forma consistente; solo en enero y febrero de 2026 acumuló 297 y 281 carpetas, respectivamente. Estado de México y Puebla ocupan el siguiente lugar en volumen de expedientes y personas puestas a disposición. Veracruz y Jalisco también muestran una actividad sostenida, con un incremento en este último estado a inicios de 2026, de alrededor de 100 carpetas mensuales.
En el único año con detenciones desglosadas por entidad —de diciembre de 2018 a noviembre de 2019— el Estado de México encabezó la lista con 375 detenciones, seguido de Tabasco con 282, Puebla con 189, Hidalgo con 124 y Nuevo León con 105. Tamaulipas, con 22 detenciones en ese periodo, se ubicó por debajo de entidades como Veracruz (83), Guanajuato (77) y Querétaro (64).
La distribución de competencias entre fiscalías especializadas también arroja una concentración desigual. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) tramitó 1,476 de las puestas a disposición a nivel nacional, mientras que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) procesó a 450 personas en el mismo periodo. En el primer año del módulo estadístico, la FECOR concentró 1,800 de las 1,898 detenciones reportadas, frente a 98 de la FEMDO.
La FGR precisó que cierta información solicitada, como los datos de vinculación a proceso o los listados de empresas relacionadas con estos delitos, no es competencia de la dependencia y debe consultarse directamente con el Poder Judicial de la Federación.
Casos de alto impacto
La baja tasa de judicialización contrasta con la magnitud de los decomisos registrados en los puertos tamaulipecos durante 2025, año en que la entidad acumuló aseguramientos superiores a 15 millones de litros de combustible ilegal, con el puerto de Tampico como epicentro de la actividad.
El caso de mayor relevancia ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando arribó al puerto de Tampico el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur y procedente de Texas, Estados Unidos, declarado bajo el concepto de aditivos para aceites lubricantes. Una inspección por irregularidades aduanales determinó que la embarcación transportaba diésel ilegal. El gobierno federal reportó oficialmente el aseguramiento de 10 millones de litros, calificado entonces como un golpe histórico contra el huachicol fiscal.
Documentos obtenidos posteriormente por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre ellos la guía de carga del buque y una factura expedida en Houston, indican que la embarcación ingresó en realidad con 20 millones 944 mil litros, el doble del volumen reconocido por las autoridades. La discrepancia, según esos documentos, se explica porque el operativo de aseguramiento se realizó días después de la llegada del buque, cuando una parte de la carga ya había sido descargada y trasladada a predios en Altamira, municipio conurbado con Tampico.
La investigación derivada de ese caso llevó a un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a librar órdenes de aprehensión contra ocho integrantes de la empresa Mefra, señalada por operar dos de los predios en Altamira donde se ubicó parte del combustible descargado del buque.
En junio de 2025, la FGR, a través de la FECOR en Tamaulipas, cateó un predio en la colonia La Escondida, en Reynosa, municipio fronterizo con Estados Unidos, donde se asegura un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo. El operativo fue encabezado por la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Investigaciones periodísticas adicionales han documentado que, entre 2024 y principios de 2025, ingresaron al puerto de Tampico hasta 31 embarcaciones con características similares a las del Challenge Procyon, de acuerdo con información atribuida a la FGR. Un exdirector de aduana declaró haber recibido pagos por 24.5 millones de pesos a cambio de permitir el paso de dichos buques.
En materia de transporte terrestre, durante 2025 se reportó la detención de 26 operadores de tráileres por transporte ilegal de hidrocarburo, 18 de ellos específicamente por huachicol fiscal, aunque solo se documentó una vinculación a proceso, contra el propietario de una empresa de camiones de carga.
En abril de ese año, las autoridades federales informaron la detención de 18 conductores y el decomiso de 18 autotanques en las aduanas de Reynosa y Matamoros, unidades que transportaban 540 mil litros de combustible presuntamente importado sin el pago de impuestos correspondientes.
Para 2026, la FGR prepara nuevas órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y exfuncionarios presuntamente vinculados a la red de contrabando que operó a través de los puertos de Tampico y Altamira durante al menos dos años, según ha trascendido en medios locales.
