Tamaulipas lleva una espiga de sorgo en su escudo, símbolo de la tierra que durante generaciones alimentó al país, hoy ese emblema convive con una paradoja incómoda, el principal productor nacional de grano vende su cosecha al precio de hace una década mientras el grano extranjero entra sin freno.
El estado aporta cerca del 46% del sorgo que se produce en México, más de dos millones de toneladas al año que sostienen a la ganadería nacional, de ese grano dependen la carne, la leche y el huevo que llegan a las mesas mexicanas, y dependen también 35 mil productores del norte tamaulipeco.
La cifra que define el momento no está en Ciudad Victoria, está en el agregado nacional, al cierre de noviembre de 2025 la autosuficiencia de granos y oleaginosas se ubicó en 44.1%, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, México produce menos de la mitad de lo que consume.
Ese dato convierte al país en el segundo mayor importador mundial de granos y oleaginosas y en el principal comprador global de maíz, las importaciones de ese cereal rondan los 25 millones de toneladas, casi todo de un solo origen, Estados Unidos concentra el 99% del volumen.
El cuadro no mejora por el lado de la oferta, la producción nacional de maíz cayó 3.9% anual pese a que se sembró más superficie, una pérdida de productividad que el clima explica en parte, pero que la falta de inversión y de certidumbre de precio termina por agravar.
El sorgo sigue la misma pendiente, su autosuficiencia bajó a 81.5% y las compras externas superaron las 990 mil toneladas en 2025, el nivel más alto desde 2013, a un precio de importación cercano a los 200 dólares por tonelada, el más bajo en años.
Aquí aparece la mecánica que no se explica del todo, desde 2008 el maíz amarillo entra a México sin arancel, y la industria de alimentos balanceados sustituyó el sorgo nacional por ese grano importado más barato, lo que se presentó como apertura terminó desplazando la demanda interna del producto tamaulipeco.
El productor absorbe el costo de este andamiaje, la tonelada de sorgo se paga entre 3,600 y 4,600 pesos, el mismo rango de hace diez años, mientras los insumos subieron más del 200%, pues una bolsa de semilla supera los 3 mil pesos y llenar el tanque de diésel ronda los 7 mil.
Conviene preguntar quién gana en este arreglo, la industria pecuaria recibe un insumo más barato, el importador asegura volumen y el consumidor disfruta un precio momentáneamente contenido en la carne y la leche, la cuenta la paga, desafortunadamente, el agricultor nacional.
El resultado es aritmético, no ideológico, el precio no cubre el costo, por eso los sorgueros pidieron un subsidio directo de 2,400 pesos por tonelada para alcanzar los 6 mil que vuelven viable la siembra, y por eso en San Fernando, el viejo granero, ya se discute dejar hectáreas sin sembrar.
La diputada local Marina Ramírez Andrade lo planteó esta semana con claridad, la importación de granos básicos para cubrir la demanda nacional golpea al productor tamaulipeco, pues no existe un precio compensatorio frente a un grano extranjero que sí recibe subsidios en su país de origen.
Esa es la asimetría de fondo, el agricultor estadounidense opera con pagos directos y programas de facilitación de mercado, el mexicano compite contra ese respaldo sin equivalente propio, no es un mercado libre entre iguales, sino productores subsidiados frente a productores sin ningún tipo de apoyo.
Mientras tanto, el presupuesto federal para el campo se contrae, el Ramo 08 de Agricultura recibirá en 2026 alrededor de 75 mil 195 millones de pesos, una caída real de 2.5% respecto al año previo, menos recursos para sostener lo que la narrativa oficial llama soberanía.
Y ahí está la contradicción que da nombre a esta columna, el gobierno federal abre una línea de crédito llamada Cosechando Soberanía mientras administra una dependencia en granos y oleaginosas cercana al 56%, la palabra soberanía se volvió marca antes que política.
El lenguaje del poder es revelador, se nombra granero a una región a la que se deja sin precio, y se invoca soberanía sobre una balanza comercial que importa la mitad de lo que el país consume cada año.
Conviene mirar también lo que se omite, hay versiones del sector que señalan ajustes en las cifras oficiales para no exhibir el déficit de maíz blanco, y cuando el dato incomoda la salida no siempre es corregir la política, a veces es corregir la estadística.
El Congreso local tampoco ofreció refugio, la propuesta de declarar el sorgo cereal básico, equiparándolo al maíz, el frijol y el trigo, fue desechada por la mayoría, y con ella se desechó la posibilidad de un precio de garantía que diera piso al productor.
En Tamaulipas se ensayan respuestas desde el territorio, la reconversión hacia trigo, el sorgo blanco para harina y el proyecto de una planta de etanol que compraría 400 mil toneladas son salidas razonables, aunque ninguna sustituye una política nacional de comercio y precios.
Porque el problema no nació local, es sistemático y es federal, se construyó con décadas de apertura sin red, con la decisión de abaratar el insumo pecuario a costa del grano nacional, y se sostiene con un presupuesto que cada año dice soberanía y firma importación.
Detrás de cada tonelada hay una contabilidad familiar, el productor que cobra hoy lo mismo que hace diez años no empobrece por azar, empobrece deliberadamente, y cada ciclo que cierra en pérdida es un eslabón menos en comunidades enteras que viven del grano.
Cuando el productor bloqueó carreteras y cruces fronterizos para ser escuchado, la respuesta más visible fue la detención de su dirigente por la autoridad federal, acusado de interrupción a las vías generales de comunicación, porque criminalizar la protesta sale más barato que garantizar un precio, aunque resuelva mucho menos.
Lo que falta no es diagnóstico, son cimientos de política pública, un precio de garantía o ingreso objetivo que ponga piso al productor, una regulación de las importaciones que module el grano subsidiado que hoy entra sin arancel, el reconocimiento del sorgo como cultivo estratégico con presupuesto propio, y un esquema de coberturas y de valor agregado que blinde al campo tamaulipeco frente a la volatilidad internacional, sin esos pilares la soberanía seguirá siendo una palabra en los programas y una deuda para los agricultores.
