Por Perla Reséndez
La Fiscalía General de la República (FGR) destacó el caso de los 144 millones de litros de hidrocarburos contrabandeados el año pasado en la Aduana de Matamoros, en el que se implica a militares, como uno de los asuntos más relevantes de huachicol fiscal que las autoridades han descubierto hasta ahora.
Esta semana se dio a conocer que entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, esa cantidad de carburante fue introducida al País por ese puente fronterizo en mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera declarados todos como «solución de cloruro de calcio».
En un comunicado, la FGR recordó que del total alcanzó a asegurar en la Aduana 15 millones de litros de hidrocarburos, el 10.4 por ciento de lo contrabandeado en 52 días.
«De igual forma, entre los resultados más relevantes de esta estrategia se encuentra una indagatoria que recientemente trascendió al ámbito público sobre los resultados de las investigaciones con respecto a uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en el País, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas», dijo la FGR.
«Como resultado de estas indagatorias se logró el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de diversas órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización criminal, así como el seguimiento de una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados».
Por este asunto, se libraron 13 órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y agentes aduanales, de los cuales siete han sido los detenidos y procesados hasta ahora, entre ellos Armando Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR S.A. de C.V. y señalado como presunto líder de esta red de huachicol fiscal.
En el mismo caso están prófugos de la justicia los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como el teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera del mismo recinto.
Los otros grandes casos de huachicol que destaca la FGR son el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros, así como una espuela ferroviaria, en Coahuila, así como la incautación de otros en San Luis Potosí, Nuevo Laredo y Tampico.
El impacto económico aproximado para los propietarios fue de 238 millones 818 mil pesos y el caso ameritó abrir diversas líneas de investigación relacionadas con más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades del País.
Otro aseguramiento relevante que refiere la Fiscalía es el buque Challenge Procyon en Tampico, en el que se incautaron 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento, y se detuvo de dos personas.
Tamaulipas, epicentro contra huachicol
Tamaulipas se consolidó como uno de los principales frentes en la estrategia nacional contra el huachicol fiscal, al concentrar algunos de los aseguramientos de combustible ilegal más importantes realizados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre ellos, el decomiso de alrededor de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico y el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos vinculados a una red de contrabando con operaciones en la Aduana de Matamoros.
Estos golpes representan un punto clave en la ofensiva del Gobierno para desmantelar las estructuras financieras y logísticas dedicadas al tráfico ilícito de combustibles, conocido también como huachicol fiscal.
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el contrabando de combustible o huachicol fiscal opera mediante complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros que han permitido a grupos criminales introducir al país combustible de procedencia ilícita, evadir el pago de impuestos y comercializarlo ilegalmente.
Con el propósito de resarcir el daño que la delincuencia organizada provocó a la economía nacional y al patrimonio de las y los mexicanos, la Fiscalía General de la República fortaleció las investigaciones para combatir el contrabando de combustible.
Las investigaciones establecen que estas organizaciones utilizaban distintas rutas y medios de transporte para movilizar el combustible. Una de las principales era la vía marítima, mediante documentación falsa para simular importaciones legales.
Una vez que el combustible llegaba a puertos nacionales era descargado sin ser declarado y almacenado en instalaciones clandestinas para posteriormente distribuirlo a estaciones de servicio y clientes industriales.
Después, mediante transporte terrestre, el hidrocarburo era mezclado con combustible de origen legal para dificultar su identificación e incorporarlo al mercado a través de una red de distribución diseñada para ocultar su origen ilícito.
Los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se detectó una red de contrabando ferroviario que utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o incluso declarándolos como si fueran otros productos con una carga fiscal distinta, ocultando así millones de litros de hidrocarburos y causando afectaciones a la hacienda pública, por medio de la omisión del pago de impuestos.
De acuerdo con la FGR, en este esquema participan empresas importadoras, agentes aduanales, empresas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y empresas encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos ellos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene un origen lícito.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han permitido establecer que todas estas operaciones forman parte de una misma estructura criminal.
Estados como Coahuila, Durango y Zacatecas funcionan como nodos logísticos que conectan las operaciones marítimas, ferroviarias y terrestres para insertar el combustible en el mercado nacional.
Por lo que la estrategia no se limita al aseguramiento del combustible, sino también a desarticular por completo las organizaciones, identificar a quienes las financian, localizar a las empresas utilizadas para simular operaciones, investigar a los responsables de la logística, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.
Entre los principales resultados sobresalen los aseguramientos realizados en Tamaulipas. En la modalidad marítima, destaca el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico.
Allí fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento, así como la detención de dos personas.
Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos.
En Ensenada, Baja California, fue asegurado el combustible descargado del buque TORM AGNES, con ocho millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo localizados en un predio de El Sauzal.
En esa operación también fueron aseguradas pipas cargadas con combustible de procedencia ilícita, fueron detenidas tres personas y continúan vigentes órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables.
El impacto económico para la organización fue de 154 millones 920 mil 363 pesos.
En la modalidad ferroviaria, la FGR aseguró ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, sumando 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros, así como una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza.
Estas acciones representaron un impacto económico aproximado de 238 millones 818 mil pesos, mientras permanecen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades del país.
De igual forma, entre los resultados más relevantes de esta estrategia se encuentra una indagatoria que recientemente trascendió al ámbito público sobre los resultados de las investigaciones con respecto a uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en el país, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.
Como resultado de estas indagatorias se logró el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.
Además de diversas órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización criminal, así como el seguimiento de una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.
Estas acciones reflejan una nueva etapa en el combate al huachicol fiscal. Las investigaciones ya no sólo buscan asegurar combustible de procedencia ilícita, sino desmantelar las estructuras financieras, empresariales y logísticas que hacen posible este delito, recuperar activos obtenidos ilegalmente, combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.
