Por Perla Reséndez
En el Distrito de Riego 025, en el norte de Tamaulipas, cada litro almacenado en la presa Falcón se ha convertido en un recurso invaluable que se disputa gota a gota a lo largo de la frontera.
A casi 700 kilómetros de distancia, sobre las márgenes del río Tamesí, en el sur del estado, la escena es completamente distinta. Los pescadores observan con preocupación cómo el agua dulce rebasa diques artesanales y termina su recorrido hacia el mar, arrastrada por corrientes que la infraestructura existente es incapaz de contener.
Ambas postales reflejan la paradoja hídrica que enfrenta Tamaulipas: un estado dividido por dos realidades opuestas, donde una parte de la población enfrenta los efectos de la sequía mientras otra presencia la pérdida de enormes volúmenes de agua por falta de capacidad para almacenarla y aprovecharla.
Las presas internacionales que México comparte con Estados Unidos en la cuenca del río Bravo permanecen muy por debajo de los niveles requeridos para sostener la actividad agrícola de la región.
La presa Internacional La Amistad registra un almacenamiento crítico de apenas 5.1 por ciento de su capacidad total, con alrededor de 85.2 millones de metros cúbicos disponibles.
La presa Internacional Falcón se encuentra en 11.3 por ciento de llenado, después de haber alcanzado mínimos históricos por debajo del siete por ciento en semanas recientes, con poco más de 82.2 millones de metros cúbicos.
En tanto, la presa Las Blancas, ubicada en el municipio de Mier, mantiene un nivel aproximado de 27.8 por ciento de su capacidad.
Aunque en condiciones normales estos embalses pueden almacenar de manera conjunta más de siete mil millones de metros cúbicos, la disponibilidad actual ha obligado a las autoridades a destinar prácticamente todo el volumen al abastecimiento de agua para uso público urbano, dejando sin margen de operación a los ciclos agrícolas de los distritos de riego, particularmente al Distrito 025.
Como consecuencia de esta situación, diez municipios del norte de Tamaulipas permanecen bajo Semáforo Rojo de Agua, el nivel más alto de restricción en el consumo del recurso.
Paradójicamente, los reportes más recientes del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que las lluvias registradas durante las últimas semanas permitieron que varios municipios dejaran de aparecer en la categoría de sequía extrema.
Sin embargo, especialistas advierten que esa mejoría solo se refleja en la humedad superficial del suelo; las presas, sostienen, continúan prácticamente vacías, aunque el sur enfrenta el problema contrario.
Mientras el norte sobrevive con embalses en niveles mínimos, el panorama cambia radicalmente en el sur del estado.
El sistema lagunario Chairel-Tamesí opera por encima del 100 por ciento de su capacidad ordinaria, con niveles que se mantienen entre 1.35 y 1.40 metros sobre su cota de referencia; esto representa una reserva cercana a los 860 millones de metros cúbicos de agua dulce para la zona conurbada.
La presa Emilio Portes Gil, en Xicoténcatl, reporta un almacenamiento de 94.6 por ciento, suficiente para garantizar el riego de su distrito agrícola.
A ello se suma la presa Estudiante Ramiro Caballero Dorantes, que alcanza 89.6 por ciento de llenado y continúa recibiendo escurrimientos del río Guayalejo de hasta 100 metros cúbicos por segundo.
El problema en esta región no es la falta de agua, sino el exceso.
Para reducir el riesgo de inundaciones en zonas habitacionales, las autoridades mantienen abiertas las compuertas de control, lo que provoca la liberación de aproximadamente 100 metros cúbicos por segundo hacia el río Pánuco.
Este volumen finalmente desemboca en el Golfo de México sin posibilidad de ser aprovechado por falta de infraestructura de almacenamiento adicional.
Los registros de la Coordinación Nacional de Protección Civil ubican precisamente al sur de Tamaulipas como la región con mayor vulnerabilidad por inundaciones.
En esa zona se han identificado 111 puntos críticos de riesgo, de los cuales 57 se localizan en Ciudad Madero y 11 en Tampico.
Aunque obras recientes, como las realizadas en el Dique El Camalote y el Dique 5, permitieron contener temporalmente la intrusión de agua salada y reducir la pérdida de agua dulce hacia el sistema lagunario, especialistas consideran que esas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Coinciden en que el estado requiere infraestructura de mayor escala que permita almacenar, regular o redireccionar los excedentes hídricos.
La brecha entre el norte y el sur de Tamaulipas no responde únicamente a diferencias climáticas; especialistas sostienen que también es consecuencia de un rezago histórico en materia de infraestructura hidráulica.
Mientras la región fronteriza enfrenta el agotamiento de los embalses y la presión derivada de los compromisos binacionales sobre el río Bravo, el sur dispone de grandes volúmenes de agua que, ante la ausencia de obras de regulación, terminan perdiéndose en el mar.
Las cifras oficiales de Conagua y del Monitor de Sequía muestran un estado profundamente desequilibrado: presas fronterizas con almacenamientos de un solo dígito frente a un sistema lagunario que opera al límite de su capacidad.
El contraste pone de manifiesto el costo económico, agrícola y social de una infraestructura incapaz de redistribuir un recurso cuya disponibilidad cambia drásticamente de una región a otra.
En ese contexto, el Acueducto del Pánuco ha vuelto a colocarse en el centro del debate; el proyecto plantea conducir parte de los excedentes de agua dulce de la cuenca del Pánuco hacia la presa Vicente Guerrero, en el centro del estado, y desde ahí fortalecer el abasto para el norte de Tamaulipas y la zona de Monterrey, Nuevo León.
Se trata de la propuesta de infraestructura hidráulica más ambiciosa planteada para la entidad en las últimas décadas, aunque su viabilidad continúa enfrentando obstáculos políticos, financieros y ambientales.
Mientras productores agrícolas consideran que la obra representa una alternativa para recuperar la actividad de los distritos de riego, ambientalistas y sectores pesqueros advierten que modificar los flujos naturales del sistema lagunario podría afectar de manera irreversible el equilibrio ecológico de la región.
