Las fuerzas federales entraron el 21 de julio a un predio de Reynosa y encontraron una instalación industrial completa, tanques fijos, tubería, bombas y camiones, con tres millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo y nadie detenido.
El cateo, autorizado por un juez de distrito y ejecutado por el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, ocurrió sobre la Brecha El Becerro, donde se inventariaron siete tanques verticales, once tanques móviles y tres generadores.
Días después se aseguró un segundo inmueble en zona rural del mismo municipio, con 109 mil 400 litros, tanques, pipas, doce motobombas y un sistema de videovigilancia con antena de transmisión, es decir, una operación que se cuidaba a sí misma.
Lo relevante dejó de ser el volumen y pasó a ser la obra, porque una instalación así no se roba, se construye, y levantarla exige terreno, obra civil, suministro eléctrico, proveedores y meses de operación sin aparecer en ningún registro.
La estadística venía anunciando el cambio y casi nadie la leyó así, en su reporte anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Pemex informó que en 2025 identificó 10 mil 591 tomas clandestinas, frente a 11 mil 774 en 2024.
Las perforaciones bajaron 10%, mientras el volumen robado subió a 19 mil 600 barriles diarios, 15.3% más que el año anterior, y las pérdidas llegaron a 23 mil 491 millones de pesos, alrededor de 64 millones por día.
Menos agujeros y más litros solo puede significar operaciones más grandes y mejor equipadas, y es la propia empresa la que lo consigna, al señalar en ese informe que las medidas adoptadas no han derivado en una mejora sostenida.
El primer trimestre de 2026 dio un respiro parcial, el quebranto por robo en ductos pasó de 5 mil 417 a 3 mil 812 millones de pesos, una baja cercana a 30% que de todos modos sigue equivaliendo a 42 millones de pesos diarios.
Tamaulipas conoce el fenómeno completo y no solo este capítulo, el 19 de marzo de 2025 arribó a Tampico el buque Challenge Procyon, procedente de Beaumont, Texas, con la carga declarada como aditivos para aceites lubricantes.
Lo que traía era diésel, y el operativo derivó en aseguramientos en Altamira por 10 millones de litros, 192 contenedores, tractocamiones y armamento, considerado entonces el mayor golpe al huachicol fiscal en el país.
Meses después, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad publicó actas de un procedimiento de la Agencia Nacional de Aduanas, según las cuales el cargamento amparado en ese expediente ascendía a 20 millones 944 mil litros.
La cifra duplica el volumen reportado como asegurado, y esa diferencia no ha sido aclarada de manera pública, con una evasión que la propia organización calcula en 190 millones de pesos para la hacienda federal.
La respuesta institucional fue rediseñar el control, la reforma integral a la Ley Aduanera entró en vigor en enero de 2026 con expediente electrónico obligatorio, trazabilidad reforzada y sanciones mucho más severas para el sector.
La reforma fiscal del mismo año sumó otro candado, todo comprobante de distribuidores de combustible debe incluir el permiso vigente de la Comisión Nacional de Energía, y si los datos no coinciden en tiempo real, la factura no se certifica.
El diseño es bueno y conviene reconocerlo, hoy una factura se valida contra el permiso, el registro del emisor y la clave del producto, algo impensable hace tres años, sin embargo esa arquitectura corre sobre un solo carril, el documento.
El sistema aprendió a leer facturas con una precisión que antes no tenía, y justo ahí se le termina el alcance, porque un predio sin registro no emite comprobantes, no pide permisos y no aparece en ningún expediente electrónico.
Ahí está el desplazamiento que define al negocio actual, el delito dejó de intentar burlar el registro fiscal para instalarse fuera de él, algo bastante más barato, más discreto y más seguro que simular papeles ante una aduana.
El incentivo explica la inversión, una consultora especializada calcula que durante 2024 circularon en el país más de 18 mil millones de litros de combustible ilegal, cerca de 30% del volumen vendido en estaciones de servicio.
Ese descuento sale del impuesto que nunca se pagó, y contra eso ninguna estación formal de Reynosa, Victoria o Matamoros puede competir, porque su margen se mide en centavos por litro y la diferencia fiscal se mide en pesos.
El costo llega también al tanque de cada quien, porque el combustible de origen ilícito, con frecuencia adulterado, daña inyectores y bombas, y esa reparación la termina pagando el consumidor que jamás supo qué le despacharon.
El efecto último es presupuestal, cada litro que entra sin impuesto se descuenta de lo que financia hospitales, escuelas y seguridad, de manera que el huachicol no compite con Pemex, compite directamente con el presupuesto público.
El pronóstico no requiere adivinar, mientras la fiscalización sea documental y el negocio sea territorial, el conteo de tomas seguirá bajando, los aseguramientos crecerán y los expedientes avanzarán más despacio que las instalaciones.
La corrección está a la mano, una planta así no emite facturas, pero sus tanques, sus pipas y sus tractocamiones se compran, se rentan y se emplacan, de modo que cruzar esos registros con los permisos de almacenamiento y la información del SAT sí alcanza.
Mientras ese cruce no exista, cada decomiso seguirá siendo lo que fue este, un inventario levantado con precisión, fotografiado con detalle y entregado después a la opinión pública sin un solo dueño identificado.
