La Secretaría de Marina otorgó, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (ASIPONA), contratos para realizar obras en ese puerto a empresas en las que ha participado Christian Julián Cazarín Meza, empresario mexicano que se declaró culpable ante una corte federal de Nueva York por su papel como intermediario en una trama de sobornos a funcionarios relacionados con Pemex, de acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la organización, los contratos fueron otorgados en 2024 y 2025, cuando Cazarín ya había comparecido ante la justicia estadounidense y se había declarado culpable de conspirar para violar la legislación de ese país contra prácticas corruptas en el extranjero. Una de las empresas beneficiadas fue Constructora Terco, de la cual, según documentos del Registro Público de Comercio revisados por MCCI, Cazarín fue socio fundador mayoritario: en 2020 poseía 80 por ciento de las acciones de la compañía, participación que mantuvo en los años siguientes hasta ser designado administrador único en mayo de 2025.
Dos contratos por más de 33 millones de pesos
MCCI documenta que el 12 de julio de 2024, ASIPONA Tampico contrató a un consorcio integrado por Constructora Terco y Servicios y Soluciones La Heroica para realizar trabajos de mantenimiento en bodegas del puerto, tras una adjudicación ocurrida dos días antes, por un monto de 21 millones 226 mil pesos incluido el IVA. Menos de un año después, el 3 de abril de 2025, la misma administración portuaria adjudicó a Insumos y Comercializadora del Sureste Aspac —otra empresa vinculada a Cazarín— junto con Constructora Terco, trabajos de mantenimiento en las bodegas 10 y 14 del puerto, por 11 millones 887 mil pesos con IVA incluido. En conjunto, ambos contratos suman 33 millones 114 mil 260 pesos, de acuerdo con el conteo de la organización.
Según documentos mercantiles citados en la investigación, Cazarín aparece desde la constitución de Aspac, en octubre de 2020, y posteriormente recibió poderes de la empresa, cuyo objeto social incluía desde su origen el transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas, entre ellas hidrocarburos.
El puerto donde se destapó el huachicol fiscal
MCCI subraya que la relevancia de estas contrataciones radica en el lugar donde ocurrieron. El puerto de Tampico quedó en el centro de una de las principales investigaciones federales sobre contrabando de combustible después de que, el 19 de marzo de 2025, atracara ahí el buque Challenge Procyon, procedente de Texas, cuyo aseguramiento destapó el escándalo conocido como huachicol fiscal. De acuerdo con la organización, las pesquisas derivadas del decomiso de 10 millones de litros de ese buque revelaron una estructura en la que participaron empresarios, agentes aduanales y elementos de la Marina, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. MCCI señala también que en los testimonios incorporados a esa investigación surgieron referencias a Adán Augusto López Hernández y a un “hijo del Presidente”, mención que la defensa de los hermanos Farías ha vinculado con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente.
La organización destaca que fue precisamente en ese puerto donde ASIPONA había contratado a Constructora Terco en julio de 2024, y que el segundo contrato —adjudicado a Terco y Aspac el 3 de abril de 2025— se otorgó apenas dos semanas después del arribo del Challenge Procyon. Para entonces, de acuerdo con MCCI, Cazarín ya era un personaje identificado por la justicia estadounidense, pues se había declarado culpable desde el 27 de octubre de 2023.
El origen: la red de sobornos de Vitol a funcionarios de Pemex
La investigación de MCCI reconstruye el origen del caso que llevó a Cazarín ante la justicia de Estados Unidos, derivado de una trama de corrupción de la comercializadora de combustibles Vitol para obtener ventajas en negocios con Pemex. De acuerdo con la organización, la investigación del Departamento de Justicia estadounidense documentó que Cazarín participó en un mecanismo para hacer llegar dinero de Vitol a Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, entonces funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial de Pemex en Texas encargada de adquisiciones internacionales.
El esquema, según MCCI, comenzó a operar en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y continuó tras el cambio de administración: los pagos a los funcionarios de Pemex se extendieron durante 2019 y al menos uno de ellos llegó hasta enero de 2020, ya en el sexenio de López Obrador. A cambio del dinero, de acuerdo con la organización, Guzmán y Espinosa entregaron información confidencial sobre procesos de contratación, lo que permitió a Vitol obtener, entre otros negocios, un contrato firmado en junio de 2018 para suministrar a Pemex al menos 540 mil toneladas de etano líquido, con un valor aproximado de 230 millones de dólares. MCCI cita cifras documentadas por la fiscalía estadounidense: al menos siete pagos a favor de Guzmán por alrededor de 371 mil 466 dólares entre octubre de 2017 y enero de 2020, y ocho pagos a favor de Espinosa por cerca de 255 mil 895 dólares entre octubre de 2017 y septiembre de 2019.
Una ruta del dinero que pasó por Curazao
De acuerdo con la investigación, el dinero de los sobornos siguió una ruta diseñada para dificultar su rastreo: desde Vitol era transferido a dos sociedades controladas por un ciudadano neerlandés con cuentas en Curazao, y de ahí llegaba a México a través de empresas utilizadas para recibir, ocultar y distribuir los pagos. MCCI señala que la acusación contra Cazarín identifica cinco empresas mexicanas cuyas razones sociales se mantienen reservadas, denominadas únicamente como “empresas fantasma” en el expediente, y que para justificar los movimientos se emplearon contratos y facturas que la fiscalía estadounidense considera falsos, además de entregas de dinero en efectivo y comunicaciones cifradas con palabras clave.
Ese mecanismo, apunta la organización, quedó expuesto también en el proceso judicial contra Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol sentenciado el pasado 21 de septiembre por una trama internacional de corrupción y lavado de dinero que involucró a funcionarios de México y Ecuador. De acuerdo con MCCI, las comunicaciones incorporadas como evidencia en ese proceso muestran cómo los involucrados se referían a los sobornos con palabras como “zapatos”, “medicina”, “receta”, “invitaciones” y “café”, y llamaban “gringo” a cada mil dólares. La organización documenta, entre otras operaciones citadas en el expediente, una transferencia de aproximadamente 741 mil pesos entre cuentas mexicanas el 19 de julio de 2018, el mismo día en que salieron 37 mil dólares hacia una cuenta en Estados Unidos controlada para beneficio de uno de los funcionarios, así como una secuencia similar de transferencias registrada a finales de octubre de ese año.
