Si alguien preguntara qué pasó en Tamaulipas en 2022, habría que resumir que fueron tiempos de tormenta. Hoy se cumplen cuatro años del relevo en Palacio de Gobierno y, del 28 de septiembre al primero de octubre de aquel año, el gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, gastó sus últimos cartuchos para que Américo Villarreal Anaya no rindiera protesta. La última palabra la tenían los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, mientras que las fiscalías del estado, la general y la anticorrupción, estaban a las órdenes de su jefe político, quien les impuso su ley.
La tensión de aquellos días de septiembre de 2022 no fue un accidente burocrático. Todo parece indicar que, para el PAN y el gobierno de García Cabeza de Vaca, perder el poder era perder el blindaje y el control del presupuesto estatal, de ahí que buscaran en los tribunales lo que las urnas les quitaron el 5 de junio. Sus acusaciones de presunta infiltración delictiva en la campaña del ganador llegaron al Tribunal Electoral con más especulaciones y sospechas que pruebas documentadas.
En el centro de todo estaba la autonomía de las Fiscalías que recibían órdenes desde la oficina principal de Palacio. En julio, la bancada de Morena denunció persecución contra alcaldes en funciones; al mismo tiempo circularon filtraciones sobre supuestas órdenes de aprehensión y creció la presión en los medios. La intención de toda la maniobra legal era sembrar dudas sobre la legitimidad del triunfo antes de que el ganador pisara el Palacio de Gobierno.
El conflicto había empezado en plena campaña. La diputada local morenista Magaly Deandar denunciaba que la Fiscalía estatal había girado unas cuarenta órdenes de aprehensión contra políticos y operadores afines a Américo Villarreal, mientras el PAN, partido del gobernador, postulaba a César “Truko” Verástegui con el respaldo, según denunció Morena, de la estructura gubernamental.
De esas órdenes de aprehensión no sabemos si realmente existieron o en qué terminaron, quizá arrumbadas en algún archivo. Lo que sí quedó a la vista fue el veredicto de las urnas: el 5 de junio Américo Villarreal, candidato de Morena, fue declarado ganador, y el PAN y el gobierno de García Cabeza de Vaca, no se conformaron con ese veredicto y buscaron revertirlo después por la vía de los tribunales y de las fiscalía.
Tampoco entre los panistas hubo unanimidad: en marzo de 2022, los alcaldes de región controlada por la columna “Pedro J. Méndez” renunciaron al partido y se negaron a apoyar a Verástegui, con el argumento de que ni él ni el PAN presentaban un plan contra la inseguridad. En el otro extremo, el equipo de campaña de Américo Villarreal denunció que policías estatales rodearon y revisaron sin orden un vehículo de su personal de logística el primero de junio, una hora antes del cierre en Ciudad Victoria; el IETAM terminó multando a Cabeza de Vaca por menos de cien mil pesos, por faltar a la neutralidad, y la turbulencia llegó a su máxima expresión.
A mediados de junio, el PAN impugnó la elección ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas exigiendo la nulidad por la supuesta intervención del crimen organizado como argumento central; Villarreal reviró acusando al gobernador Cabeza de Vaca de impulsar la impugnación. El tribunal local la desechó el 13 de agosto, por mayoría, y el PAN llevó el caso a la Sala Superior del TEPJF, que en septiembre hizo lo mismo. Operó el criterio que haber conocido y tratado a un presunto contrabandista no bastaba para acreditar financiamiento criminal, y los magistrados no encontraron conexión válida entre organizaciones delictivas y el grupo ganador ni prueba de que la violencia hubiera afectado el voto.
El fallo se dio por unanimidad, el 28 de septiembre. Sobre el supuesto vínculo criminal, los magistrados deliberaron y solo apuntaron que Villarreal había sido delegado electoral en Sinaloa y que circuló en redes un mensaje anónimo atribuido a un grupo delictivo, sin más elementos que los conectaran, y calificó el planteamiento de “mera especulación”. El Tribunal desechó además el reclamo sobre la elegibilidad de Villarreal por su regreso al escaño en el Senado. Tres días después, el primero de octubre de 2022, Américo rindió protesta como gobernador de Tamaulipas y el PAN, con el peso de la derrota encima, tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno.
A cuatro años de aquel septiembre, la toma de protesta ya es historia, lo que quedó a la vista, fue el intento de usar el aparato legal para reabrir en tribunales y fiscalías lo que ya había decidido el voto, y de acorralar jurídicamente a los adversarios con la idea de construir un poder que sobreviviera al sexenio. Las fiscalías, a nuestro juicio, se apartaron en ese tramo de la función para la que fueron creadas, y el caso Tamaulipas 2022 queda en los registros como una etapa de excesos fincados en la idea de eternizarse en el poder. Habrá que esperar que no se repita y que sea el voto de los ciudadanos, y no la ambición de quien gobierna, el que siempre decida quién manda.
