Por Perla Reséndez
Ciudad Victoria.- Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron cateos en varios puntos del municipio de Victoria durante las primeras horas de este jueves, en un asunto presuntamente relacionado con el robo de ganado.
Acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se realizó un despliegue operativo que incluyó cateos en diferentes propiedades.
Fue en un domicilio de la colonia Residencial Las Palmas en la capital del estado, donde los agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Eduardo “P”, quien es requerido por el ministerio público federal por una investigación que las autoridades federales llevan a cabo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, a las 07:38 horas los efectivos de seguridad federal detuvieron en un domicilio de la calle Olivia Ramírez a Héctor Eduardo “P”, de 1.65 metros de estatura es de tez morena, de complexión delgada, cabello corto ondulado, vestía camina de manga larga a cuadros color azul y morado y pantalón de mezclilla azul.
Como parte del operativo, fueron detenidas otras tres personas más que fueron trasladadas a la Ciudad de México donde deberán comparecer ante la autoridad federal que los requiere.
Las investigaciones se habrían originado luego que en denuncia anónima se alertó sobre la posible operación de una estructura dedicada a controlar ilegalmente la compraventa y movilización de ganado en El Mante, Nueva Apolonia, González y otras localidades del sur de Tamaulipas.
La indagatoria que llevan a cabo las autoridades federales, esta relacionada con la comercialización ilícita de los denominados “aretes” del ganado, lo que ayudaría al traslado de reses, algunas de ellas presuntamente robadas.
Los delitos que presuntamente se configuran en este caso son extorsión, abigeato y operaciones ilícitas relacionadas con el control de la comercialización y movilización de ganado.
Estas prácticas afectaban directamente a productores en municipios como El Mante y González, además de otras zonas del estado. En Soto la Marina y Aldama anterormente ganaderos y agricultores denunciaron a presuntos líderes agrarios por intentos de invasión de ranchos y cobro de cuotas ilegales mediante documentación apócrifa.
Cómo opera el SINIIGA
El arete que está en el centro de la indagatoria federal es el dispositivo del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Se trata de una pieza de plástico fijada en la oreja izquierda de la res, con un número único que el animal conserva toda su vida. Su uso está regulado por la NOM-001-SAG/GAN-2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015.
La rectoría del sistema corresponde al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), por delegación de la Secretaría de Agricultura. La trazabilidad se apoya en tres registros: el Padrón Ganadero Nacional, el propio SINIIGA y el Registro Electrónico de Movilización (REEMO).
Los identificadores llegan al productor a través de las asociaciones ganaderas locales, que los venden a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP), los predios donde cada ganadero registra su hato. La cantidad que puede solicitar cada unidad se calcula con los datos del Padrón Ganadero Nacional, entre ellos el número de vientres identificados.
En Tamaulipas, el arete se enlaza con el permiso de traslado. La Ley de Ganadería estatal define el REEMO como el documento que expide un inspector acreditado para mover ganado dentro y fuera de la entidad, una vez acreditada la propiedad de los animales. Ese registro vence a los cinco días naturales de su expedición.
Una investigación de InSight Crime sobre el contrabando de reses documentó dos puntos débiles del esquema. Según las fuentes consultadas por esa organización, hay funcionarios del sistema que venden aretes bajo cuerda. También hay productores que declaran más cabezas de las que tienen para recibir identificadores de sobra y revenderlos.
En el Congreso de Tamaulipas hay al menos dos expedientes de la actual Legislatura sobre la materia.
El primero es una iniciativa presentada el 27 de septiembre de 2025, que agrega al Código Penal del estado un capítulo específico de abigeato, con los artículos 413 Bis a 413 Nonies, y deroga los artículos 410, 411 y 412. Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda firmaron el dictamen el 4 de febrero de 2026.
El dictamen fija para el robo de ganado mayor penas de dos a cuatro años de prisión por una o dos cabezas, de cuatro a nueve años por tres a cinco, y de seis a doce años por más de seis. Entre las agravantes figuran la violencia, la actuación en grupo y el uso de corrales o vehículos. El texto también convierte en delito trasladar ganado de un municipio a otro, o introducirlo al estado, sin documentos de legal procedencia, trazabilidad o permiso.
La Ley de Ganadería vigente se expidió mediante el Decreto 65-675, publicado en el Periódico Oficial el 7 de marzo de 2024, y abrogó la de 1993. Su reforma más reciente en materia de movilización apareció el 17 de junio de 2025.
