Quien tiene una pensión alimenticia, una custodia o una herencia en trámite en un juzgado de Tamaulipas lleva su propia cuenta de la reforma judicial. La lleva en meses: los que han pasado desde que presentó la demanda y los que calcula que todavía faltan para la sentencia.
El primero de octubre se cumplió un año de que entraron en funciones los jueces y magistrados salidos de las urnas, 147 cargos en el primer estado que decidió elegir por voto a todos sus juzgadores. Hay resultados que mostrar, pero a quien espera le importa, sobre todo, cuánto tarda en resolverse su asunto.
Con la boleta cambió el origen de todos los cargos y solo una parte de las personas que los ocupan. De los 128 jueces, 69 ya ejercían y conservaron el puesto al ganar; las 19 magistraturas quedaron en manos nuevas porque ninguno de los magistrados anteriores buscó repetir.
Ese dato alcanza para cuestionar la idea de una sustitución total, aunque no explica por qué salieron los demás. Sobre la calidad de quienes juzgan dice poco: permanecer en el cargo acredita experiencia, y la preparación y la independencia se demuestran con sentencias y evaluaciones.
Desde enero el Pleno sesiona en vivo y en septiembre se sumaron las salas civiles y la Sala Colegiada Penal, así que un asunto de segunda instancia puede seguirse desde un teléfono, sin ir al tribunal y sin depender de lo que otros cuenten. Es un cambio que cualquiera puede comprobar.
Dos datos más vienen del propio Poder Judicial: ninguno de sus trabajadores gana ya menos del salario mínimo, lo que retrata el punto del que se partía, y en julio se dictó la primera sentencia en formato de lectura fácil, para una víctima menor de edad.
Al cumplir cien días, en enero, la institución informó que estaban resueltos los 1,034 asuntos que las salas unitarias de segunda instancia habían recibido hasta el 30 de septiembre. Reportó además que en materia civil los asuntos resueltos por mes pasaron de 832 a 1,180, un aumento de 42%, y que en ese periodo salieron 1,445 más de los que ingresaron.
Son buenos datos sobre el rezago y sobre el ritmo de trabajo, pero miden productividad y el volumen de resoluciones no revela cuánto duró cada juicio. La duración no aparece en esos resultados, y quien espera una pensión no encuentra en ellos cuánto le falta.
Ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que la reforma creó para vigilar a jueces y magistrados, la queja más repetida es también el tiempo. En sus primeros meses acumuló más de 200 investigaciones, la mayoría por retrasos, y ya impuso sanciones que van de la amonestación a la suspensión, según han informado sus integrantes.
En lo penal, buena parte del problema ocurre antes de que un caso llegue al juzgado. La encuesta de victimización del INEGI describe 2025, cuando los jueces electos apenas cubrieron el último trimestre, y estima que ese año 5.5% de los delitos en el estado derivó en una carpeta de investigación y que en 57.2% de los no denunciados la razón fue atribuible a la autoridad.
Lo que viene tiene fecha y alcanza a la mayoría de los asuntos: según el Poder Judicial, 80% de los que atiende son civiles o familiares. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que lleva esos juicios del trámite escrito a las audiencias orales, debe estar en vigor a más tardar el primero de abril de 2027, aunque en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para prorrogar ese plazo.
A los juicios que comiencen con el nuevo código les tocará el sistema oral, y los que ya están en trámite seguirán con las reglas con las que empezaron, salvo que las dos partes acuerden cambiarse. Quien hoy tiene un expediente abierto seguirá, en principio, en el trámite escrito.
Con la oralidad, estima el Poder Judicial, los tiempos de resolución bajarán entre 60% y 70%, y el arranque será por Ciudad Victoria. Es una estimación alentadora, con un problema práctico, porque una reducción de 60% solo se comprueba contra una cifra de partida: cuántos meses tarda hoy una pensión, un divorcio o un juicio sucesorio en cada distrito.
Los datos para calcularla ya están en los expedientes. Todos tienen fecha de demanda y los resueltos, además, fecha de sentencia, de modo que pueden publicarse dos medidas: la duración de los juicios que ya terminaron y la antigüedad de los que siguen abiertos.
La segunda mide la espera de quienes todavía no tienen sentencia. El primer informe anual del Poder Judicial electo es el lugar natural para dar a conocer las dos, y hacerlo antes de que arranque la oralidad dejaría fijo el punto de comparación.
De cuántos juzgan depende también la velocidad. El nuevo sistema exige salas, capacitación y más jueces, que el Poder Judicial ya gestiona ante el Congreso, pero el periodo de los jueces electos dura ocho años y concluye en 2033.
Para sumar jueces antes de esa fecha, el Poder Judicial ha planteado dos caminos: tomarlos de la lista de quienes compitieron en 2025 o nombrarlos por carrera judicial. La decisión corresponde a los diputados y, si se adopta cualquiera de los dos, un Poder Judicial de jueces electos crecería con jueces que no ganaron una elección.
Ese mismo calendario deja a los ciudadanos, hasta entonces, sin boleta para premiar o castigar a un juez, y es un periodo largo para sostenerse solo en el voto de origen, el de una elección en la que participó 13.9% del electorado. Mientras tanto, el respaldo de quienes juzgan dependerá en buena medida de lo que la propia institución publique: evaluaciones, sanciones y cifras que cualquiera pueda comparar de un año a otro.
El primer año deja un Poder Judicial más abierto, sin sueldos por debajo del mínimo y con un órgano de disciplina en funciones, y le hereda al segundo la cifra que permite saber si la reforma se nota en la vida de la gente, que es la del tiempo que tarda una sentencia. Yo empezaría por publicarla juzgado por juzgado, porque es una estadística que el ciudadano ya trae hecha: sabe de memoria cuántos meses lleva esperando.
