El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) contrató en tres ocasiones a Cajas Graf, S.A. de C.V., la empresa de material electoral que hoy está en el centro de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales.
Los tres contratos suman 34 millones 37 mil 860 pesos.
Los contratos se firmaron entre octubre de 2021 y marzo de 2022, periodo que coincidió con la preparación de la elección de gobernador. De acuerdo con los registros de transparencia del organismo, el primero fue el DA-CB-002-2021, asignado por licitación pública por 14 millones 587 mil 401 pesos, con vigencia de octubre a diciembre de 2021.
El segundo, DA-CB-01-2022, se otorgó mediante invitación a cuando menos tres personas por 2 millones 480 mil 675 pesos.
El tercero, DA-CB-002-2022, se adjudicó por licitación pública por 16 millones 969 mil 783 pesos. Ambos corresponden al primer trimestre de 2022.
Una revisión de EXPRESO a los contratos del IETAM correspondientes al proceso electoral 2023-2024 no encontró registros a nombre de Cajas Graf ni de las otras empresas señaladas en el caso.
Las empresas de los hermanos Hernández Casillas
Cajas Graf y Corporativo Zeg pertenecen a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Ambas firmas y una tercera, Formas Finas, habían obtenido más de 40 contratos con institutos electorales entre 2018 y 2023, por más de mil millones de pesos.
En ese periodo, Cajas Graf firmó 21 contratos con 13 organismos electorales estatales, entre ellos el de Tamaulipas, por 586 millones 309 mil pesos. Esta semana, se revelaron 90 contratos con casi todos los organismos electorales del país desde 2018, por un monto acumulado de 750 millones 828 mil pesos.
El caso adquirió dimensión nacional en la última semana, tras la difusión de videos y fotografías que muestran la relación personal entre Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
En el material difundido por Latinus aparece el empresario en un hotel de París con un hijo de la funcionaria, así como Taddei con sus hijos en la residencia del contratista en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes, en 2025 Cajas Graf firmó un contrato con el INE para suministrar material para la elección judicial por un monto máximo de 198.7 millones de pesos.
En 2021, cuando Taddei presidía el Instituto Electoral de Sonora, ella y Hernández Casillas firmaron una asignación por 46 millones de pesos a favor de la empresa.
Las investigaciones periodísticas también señalaron a Jesús Octavio García González, quien fue representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg antes de ser nombrado director de Administración del INE en septiembre de 2025. Otra funcionaria designada por Taddei, Claudia Arlett Espino, otorgó a Cajas Graf un contrato por 33.8 millones de pesos en 2021, cuando presidía el instituto electoral de Chihuahua. Tras la difusión de los videos, el INE removió a directivos de áreas ejecutivas y administrativas.
La ASF investiga al INE y a los OPLE
El 23 de octubre, la ASF anunció una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos. Según el órgano fiscalizador, la indagatoria abarca al INE, a los organismos públicos locales electorales y a las empresas, servidores públicos y proveedores relacionados. Por los contratos firmados entre 2021 y 2022, el IETAM queda dentro del universo de organismos que podrían ser revisados.
Taddei negó haber favorecido a Cajas Graf y Corporativo Zeg, afirmó que el INE no tiene empresas favoritas y sostuvo que las contrataciones ya habían sido revisadas por el Órgano Interno de Control y por la propia ASF.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en el INE no debe haber ninguna sombra de corrupción, menos aún ante el proceso electoral de 2027.
Este domingo, Taddei anunció que el lunes 26 de octubre presentará su renuncia como consejera presidenta ante la Cámara de Diputados. Su mensaje fue difundido en un comunicado del INE que fue retirado del portal del instituto poco después de su publicación. En el texto, la funcionaria no desmintió los señalamientos y planteó que deben verificarse por las vías institucionales.
