El poder se abrió para las mujeres, pero no sin costo; cada avance ha traído una nueva forma de resistencia, y detrás de cada nombramiento femenino hay una historia de desgaste, de miedo y de valentía.
En México el poder político ya no tiene un solo rostro; las mujeres han logrado ocupar espacios que durante décadas fueron inaccesibles. Hoy dirigen instituciones, encabezan secretarías, integran gabinetes y presiden congresos locales; su presencia en la vida pública no es casualidad, es resultado de años de lucha, de reformas constitucionales y de la presión constante de un movimiento feminista que exigió equidad real y no solo discursos sin fundamento.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no solo representa una alternancia política, marca un punto de inflexión histórico; por primera vez, las niñas mexicanas pueden mirar hacia arriba y reconocerse en el poder. Sin embargo, mientras más mujeres avanzan, más fuerte se vuelve la resistencia de un sistema que aún se niega a ceder privilegios; la paridad formal no ha eliminado la violencia, solo la ha transformado.
La violencia política de género se ha convertido en una nueva forma de control. El INE registró más de doscientas denuncias en el último proceso electoral federal, y los ataques en redes sociales se multiplicaron; no se cuestionan las ideas ni la capacidad, sino el aspecto, la vida privada o la maternidad. Se intenta anular la legitimidad pública de las mujeres con insultos que repiten el mismo mensaje de siempre: ‘no perteneces aquí’
En Tamaulipas, el fenómeno tiene rostro propio; cada vez más mujeres participan en el servicio público, presiden comisiones, encabezan regidurías, direcciones municipales y ordenes de tres niveles de Gobierno. Su presencia es más visible y sus trayectorias más sólidas, pero esa visibilidad también las ha expuesto. De acuerdo con el SESNSP, los casos de violencia de género aumentaron más de 22% del 2024 a 2025; las agresiones psicológicas, digitales y laborales son las más frecuentes, y entre las funcionarias locales, la violencia simbólica se disfraza de comentarios, rumores y descalificaciones; a mayor acceso al poder, mayor exposición a la violencia.
El acoso digital es hoy una extensión del espacio político. Los ataques en redes buscan destruir reputaciones, romper la estabilidad emocional y desalentar la participación; las campañas de desprestigio se organizan desde cuentas anónimas o portales informales, donde se manipulan imágenes, se inventan historias y se involucra a familiares; la intención es clara: provocar miedo, silenciar, aislar y desvalorizar.
En Tamaulipas la violencia política de género crece, pero las sanciones siguen siendo excepción; el costo del silencio institucional es alto, porque cuando el Estado calla, valida, y cuando los medios repiten estereotipos, legitiman el castigo simbólico contra las mujeres visibles.
A nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya reconocen la violencia política en razón de género. Sin embargo, la realidad digital avanza más rápido que la norma; los ataques en línea cruzan estados, jurisdicciones y plataformas sin que haya claridad sobre quién debe sancionar. Las redes sociales operan bajo lógicas globales y las leyes locales todavía no alcanzan a proteger de forma efectiva.
Urge una política integral que reconozca la violencia política digital como una amenaza directa a los derechos políticos de las mujeres. Se requiere una reforma que obligue a las plataformas digitales a cooperar con las autoridades electorales y fiscales, que sancione con severidad la difamación, la manipulación de contenido y el acoso sistemático. Además, deben crearse observatorios estatales de violencia política de género con datos públicos, protocolos de reacción inmediata y acompañamiento psicológico y legal para las víctimas.
La equidad no se consolida con discursos, se garantiza con instituciones que protejan. Porque cada mujer que es callada o humillada en el espacio público es una fractura en la democracia, pero también en su entorno emocional. La violencia política no solo daña su carrera, afecta su salud mental, su confianza y su entorno familiar; hijas e hijos crecen viendo cómo se castiga a una mujer por opinar y cómo la valentía tiene un costo emocional.
El verdadero cambio vendrá cuando ninguna mujer tenga que elegir entre su voz y su paz, y cuando el poder deje de medirse en cuánto se tiene que sacrificar para ocuparlo.
ENPÚBLICO / NORA M. GARCÍA RODRÍGUEZ
