Una madre de Ciudad Victoria esperó nueve meses para que la Fiscalía General de Justicia del Estado atendiera su denuncia; cuando la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas le dio la razón, la dependencia recibió una recomendación formal con número de expediente, argumentos jurídicos y medidas específicas de reparación, pero acatarla no era obligatorio; la ley lo dice con esa precisión: el cumplimiento depende de la buena fe institucional, y el caso de esta mujer no es excepcional, sino parte de un registro que, entre 2024 y los primeros meses de 2026, acumula 62 recomendaciones emitidas por el mismo organismo a las mismas instituciones.
Eso no significa que el sistema no funcione; significa que funciona exactamente como fue diseñado.
Tamaulipas cuenta con una Comisión de Derechos Humanos autónoma, la CODHET, con presidenta designada por el Congreso del Estado, presupuesto propio y facultad legal para investigar, documentar y resolver quejas ciudadanas contra cualquier autoridad estatal o municipal; cuando acredita una violación a derechos fundamentales, emite una recomendación formal, el instrumento de mayor contundencia disponible, y el artículo 48 de su Ley Orgánica lo define como un acto de carácter no vinculatorio, definición que no es una omisión reciente ni una particularidad de Tamaulipas, sino el modelo heredado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada en 1990 bajo la premisa de que la persuasión moral y la presión pública son suficientes para corregir la conducta institucional; treinta y cinco años después, esa premisa es la que se discute en el Congreso federal.
En 2024 la CODHET emitió 19 recomendaciones: seis a la Fiscalía General de Justicia, cuatro a la Secretaría de Educación, dos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dos al CONALEP y dos a Seguridad Pública. En 2025 el total subió a 30, con la Fiscalía nuevamente a la cabeza con diez resoluciones y Seguridad Pública con seis; en lo que va de 2026, de enero a la segunda semana de abril, el organismo ha emitido ya 13 recomendaciones más: tres a la Fiscalía, tres al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tres a la Secretaría de Educación, y el resto entre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Finanzas y los municipios de Ciudad Victoria y Xicoténcatl.
La doctora María Taide Garza Guerra presentó en febrero de este año su Segundo Informe Anual ante la Legislatura 66; el documento registra más de seis mil atenciones a la ciudadanía, más de 800 expedientes de queja iniciados y más de 200 medidas cautelares emitidas entre 2024 y 2025, con un crecimiento de hasta el 40% en quejas y hasta el 80% en recomendaciones respecto al año anterior, y la tasa de cumplimiento es igualmente precisa: alrededor del 40% de las recomendaciones alcanza acatamiento total; el 60% restante permanece en seguimiento activo o cumplimiento parcial, y al cierre de 2025, de las 30 recomendaciones del año, 17 continuaban en proceso.
Desde la perspectiva institucional, ese seguimiento es parte del diseño: la CODHET no fue concebida como un órgano sancionador sino como mediador con autoridad moral, y los casi 500 eventos de capacitación realizados entre 2024 y 2025, que beneficiaron a más de 37 mil personas, son expresión de esa apuesta; la Comisión privilegia el diálogo antes de emitir una recomendación formal y, cuando la emite, ofrece acompañamiento jurídico a la dependencia involucrada para subsanar las observaciones. Garza Guerra lo ha subrayado en distintos foros: el propósito es reducir nuevas quejas y fortalecer una cultura institucional de respeto a los derechos humanos.
Lo que los números permiten observar es que el diálogo y la capacitación coexisten con la recurrencia; la Fiscalía recibió seis recomendaciones en 2024 y ya acumula tres más en los primeros meses de 2026, y la Secretaría de Educación cierra el mismo ciclo, cuatro resoluciones en 2024 y otras tres en lo que va del año. La propia Garza Guerra reconoció ante el Congreso que estas dependencias concentran la mayoría de los señalamientos y que su recurrencia, lejos de disminuir, se mantiene; cada recomendación activa un proceso de seguimiento, y cada proceso de seguimiento coexiste con la apertura de nuevos expedientes sobre la misma institución.
En mayo de 2025 Garza Guerra anticipó el alcance de la discusión federal: hoy en día las recomendaciones deben ser de buena fe para que se dé cumplimiento con base en la integridad de la institución; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado ante el Congreso una iniciativa para convertir las recomendaciones en instrumentos jurídicamente exigibles, sin sanciones económicas, y si avanza, el Congreso de Tamaulipas deberá ajustar su legislación estatal. Hasta que eso ocurra, el marco vigente es el mismo desde 1990, y el segundo informe de la CODHET lo confirma al nombrar entre sus retos persistentes el rezago de expedientes y el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, los mismos retos que el primer informe había identificado.
La ciudadana de Ciudad Victoria que esperó nueve meses, el trabajador cuya queja laboral acumula tres recomendaciones al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el menor de edad cuyo caso generó un expediente en la Secretaría de Educación: todos tienen número de resolución, fecha de emisión y dependencia formalmente señalada; lo que la ley no les garantiza es una respuesta obligatoria, y el Estado los reconoció como titulares de derechos vulnerados, de modo que, si la reparación ocurre, dependerá de algo que el artículo 48 nombra sin ambigüedad: la buena fe.
La pregunta que los datos dejan abierta no apunta a la Comisión ni a las dependencias señaladas, sino al diseño del instrumento: cuando el mecanismo más contundente de un organismo autónomo de derechos humanos depende de la buena fe de quien lo recibe.
¿qué mide exactamente el aumento sostenido en el número de recomendaciones que nadie está obligado a cumplir?
