Un presupuesto no miente, pero tampoco lo dice todo; hay que leerlo como lo que es: una declaración de prioridades, y el Paquete Económico 2026 del gobierno federal es, en ese registro, bastante elocuente sobre a quién protege el Estado de manera sistemática y a quién apenas administra.
La administración de Claudia Sheinbaum corrigió el desfinanciamiento de años anteriores en tres rubros sociales que lo necesitaban: salud creció 4.5%, educación 2.3% y vivienda 2.1%, cifras que Fundar, Centro de Análisis e Investigación documenta en su análisis del paquete, sin embargo, cuando se revisa la clasificación funcional del gasto, es decir, cómo se distribuyen los recursos según sus objetivos reales, aparece una contradicción que el discurso oficial prefiere no nombrar.
La desaparición de personas no cede: al inicio de 2026 hay casi 140 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, y frente a esa dimensión la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas recibirá 1,214 millones de pesos este año, apenas 58.9 millones más que en 2025, un incremento de 5% que no tiene ninguna proporción con la magnitud del problema ni con la velocidad a la que crece.
En 2024, la federación y las entidades federativas juntas destinaron el 0.036% del gasto público total a la búsqueda de desaparecidos y a la atención de la crisis forense, según el informe En búsqueda de presupuesto 2024, de Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva; menos de cuatro centavos de cada 10 mil pesos del erario fueron a buscar a quienes no aparecen, mientras 987 mil millones de pesos, equivalentes a 2.5% del PIB, se asignaron a programas sociales prioritarios en el mismo ejercicio.
Esa diferencia revela algo más que una brecha presupuestal: revela dos categorías distintas de ciudadanía dentro de la política pública, los beneficiarios de transferencias sociales (pensiones, becas, apoyos al campo) y las víctimas de violencia estructural, que incluyen a personas desaparecidas, sus familias y quienes esperan una identificación forense para recuperar a los suyos; los primeros reciben atención sistemática y recursos crecientes, los segundos reciben administración, que es una forma de respuesta que no resuelve sino que distrae.
Los datos judiciales confirman esa distracción: en 2023 se abrieron 10,706 carpetas por desaparición, pero solo existían 900 causas penales activas, 8.4% del total, lo que significa que nueve de cada 10 desapariciones no se investigan como delito sino que se procesan como trámite, con esa proporción el Estado no busca, clasifica, y el tiempo corre a favor de la impunidad.
El gobierno argumenta que sus programas sociales atacan la raíz del problema porque reducen la pobreza que alimenta la violencia, y hay evidencia de que los ingresos de los hogares mejoraron en años recientes, sin embargo, reducir la pobreza no reemplaza la política de justicia: son respuestas en tiempos distintos del mismo daño, una opera antes de que ocurra, la otra cuando ya ocurrió, cancelar la segunda en nombre de la primera no es racionalidad presupuestal, es una elección sobre quién tiene derecho a ser reparado.
El problema de fondo es de raíz institucional: la atención a la crisis forense no funciona como política de Estado porque no existe una rectoría que la conduzca de forma sostenida, los restos de decenas de miles de personas permanecen en morgues saturadas o fosas comunes sin que nadie tenga la obligación concreta de identificarlos, y esa ausencia tiene historia: el Banco Nacional de Datos Forenses, que la ley mandató desde 2017, solo se instaló en 2023 después de que un juez lo ordenó, el retraso no se recupera con 5% anual ni con convenios que obligan a las comisiones locales a solicitar recursos que deberían llegar sin pedir permiso.
Para Tamaulipas la discusión no es teórica, el estado tiene la tasa de desaparición más alta del país en términos per cápita, con más de 18,500 personas no localizadas desde el año 2000 según el Registro Nacional de Búsqueda, y siete de cada 10 casos concentrados en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, la diferencia entre un presupuesto suficiente y uno inercial es la diferencia entre una comisión local con personal especializado o una operando con contratos temporales, sin equipo y con recursos que llegan en dos ministraciones al año, cuando la búsqueda no tiene calendario.
El nudo presupuestal tiene una explicación política muy evidente, los programas sociales producen resultados medibles, beneficiarios registrados, transferencias verificadas, pobreza por ingresos reducida, que se traducen en informes, indicadores y votos; la justicia para víctimas produce algo distinto: verdad, reparación, dignidad, categorías que no generan titulares celebratorios ni semáforos en verde, lo que no se puede contar con facilidad no se presupuesta con generosidad, y esa asimetría no es técnica, es política.
Toda política pública enfrenta la tensión entre el beneficio del mayor número y la protección de quienes están en los márgenes; cuando el gasto se orienta solo hacia lo que produce resultados agregados visibles, los derechos de quienes más lo necesitan quedan subordinados a la aritmética de la mayoría, un Estado que no corrige ese sesgo no está siendo eficiente, está decidiendo que ciertas pérdidas son administrables y que ciertas familias pueden seguir esperando.
El presupuesto lo dice sin decirlo: aliviar la pobreza es una obligación exigible; encontrar a los desaparecidos es una aspiración sujeta a disponibilidad, esa jerarquía no figura en ningún artículo de ley, pero está impresa con exactitud en cada cifra, y lo que no se nombra, no se puede corregir.
