La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con nexos con la delincuencia organizada participen como candidatos en procesos electorales.
La propuesta surge, dijo, de casos recientes en los que se detectaron vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales y se espera que sea aplicada en la elección del 2027.
“Hemos vivido algunos casos de vínculos entre algunas presidencias municipales y el crimen organizado; se encontró que estaban involucrados con la delincuencia”, afirmó la Mandataria.
La reforma plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al INE, según informó Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia. El órgano estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del instituto para periodos de tres años.
El mecanismo operaría de forma voluntaria: los partidos políticos que decidan adherirse entregarán la lista de sus aspirantes a la Comisión, la cual actuará como enlace con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Los perfiles serían cruzados con bases de datos del Centro Nacional de Inteligencia, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de identificar un posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada antes de que los candidatos sean registrados formalmente.
