El portafolio de negocios de los grupos delictivos en Tamaulipas se reconfiguró en la última década, hoy el narcotráfico genera menos ingresos que actividades como el huachicol y el cobro de piso, modalidades más estables, menos expuestas a la persecución federal y con imposición recurrente de cuotas sobre la actividad económica formal del estado.
Las células surgidas de la fragmentación de diversos carteles operan hoy un negocio diversificado, donde el hidrocarburo robado, la extorsión y el tráfico humano superan en margen al trasiego de droga en la mayoría de las plazas tamaulipecas.
Cada actividad tiene una geografía precisa dentro del estado, un grupo dominante y un caso emblemático que la ilustra, este reportaje recorre ese mapa criminal por orden de productividad documentada con datos de fuentes oficiales mexicanas y estadounidenses.
Huachicol, el negocio principal
El robo y contrabando de hidrocarburos encabeza la lista, Petróleos Mexicanos registró pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos en 2025 a nivel nacional, un aumento de 14.4 por ciento respecto al año previo, según el reporte entregado por la paraestatal a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense.
Tamaulipas cerró 2025 con 471 tomas clandestinas detectadas en su territorio, cifra que coloca al estado en los focos del norte junto con Baja California y Nuevo León, lejos del primer lugar nacional ocupado por Hidalgo, pero con un peso estratégico distinto al del centro del país.
La diferencia tamaulipeca está en el cruce fronterizo, una alerta de FinCEN del Departamento del Tesoro de mayo de 2025 señaló a diversas organizaciones que contrabandean petróleo crudo robado de Pemex hacia pequeñas empresas estadounidenses cómplices.
El crudo sale de instalaciones en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, atraviesa la frontera disfrazado como aceite usado o material peligroso, y termina en terrenos baldíos del sur de Texas donde se reetiqueta para reventa industrial dentro de Estados Unidos.
Los grupos obtienen el petróleo mediante sobornos a empleados de Pemex, perforaciones directas a ductos, robo en refinerías y amenazas a personal de la paraestatal, una operación que combina infiltración interna con violencia territorial sobre la infraestructura.
El caso emblemático es la incautación del 25 de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, donde el Gabinete de Seguridad federal aseguró 10 millones de litros de diésel ilegal, ingresados presuntamente bajo etiqueta falsa de aditivos para aceites lubricantes.
El huachicol fiscal opera en paralelo al robo en ductos, esta modalidad de importación ilegal de diésel representó en 2024 un volumen de 59 mil barriles diarios, equivalente al 17 por ciento del consumo aparente nacional, con valor estimado en nueve mil millones de dólares en el sexenio.
El sur de Tamaulipas concentra el flanco logístico, Tampico, Madero y Altamira ofrecen infraestructura portuaria y de almacenamiento que permite el ingreso de combustible bajo declaraciones aduanales falsas, una operación que ningún ducto puede igualar en volumen.
El reporte de Pemex también consigna 10 mil 591 tomas clandestinas detectadas en el sistema nacional de ductos durante 2025, una disminución del 10 por ciento frente al año previo que la paraestatal advierte no necesariamente refleja una mejora estructural en el combate al delito.
El Servicio de Administración Tributaria dejó de recaudar 177 mil 170 millones de pesos en 2024 por concepto de IEPS e IVA asociados al combustible ilegal, según estimaciones de la consultora PetroIntelligence retomadas por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo.
Cobro de piso, un cobro diario
La extorsión territorial es la segunda fuente de ingresos por volumen y la primera por penetración social, golpea de manera diferenciada al comercio fronterizo y al pequeño establecimiento de las cabeceras municipales en todo el territorio tamaulipeco.
Un caso emblemático que generó reacciones en todo el país ocurrió en 2024 en Matamoros, Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, recibió diez balazos al llegar a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en la colonia Buena Vista.
Un día antes había denunciado en televisión nacional el cierre forzado de 191 tiendas Oxxo y siete gasolineras en Nuevo Laredo, atribuido a la exigencia de un grupo criminal que pidió la base de datos de los empleados con copia de credencial de elector.
Femsa reconoció pérdidas superiores a 50 millones de pesos por ese cierre de una semana, episodio que se repitió en enero de 2026 en Río Bravo, donde nuevamente las tiendas Oxxo bajaron cortinas hasta que arribaron Fuerzas Especiales del estado.
La denuncia formal es minoritaria, la ENVIPE 2024, encuesta sobre seguridad, ubica en Tamaulipas una cifra negra de delitos no denunciados del 96.4 por ciento, lo que mantiene al estado fuera de los primeros lugares del Sistema Nacional de Seguridad, pese a la evidencia indirecta de cobros sistemáticos sobre miles de comercios.
El alcalde matamorense Beto Granados reconoció en febrero de 2026 que grupos foráneos suplantan a funcionarios municipales mediante documentos apócrifos sin folios oficiales, esquema que mimetiza la cobranza fiscal real y dificulta la denuncia ciudadana.
El propio municipio había generado tensión meses antes con cobros excesivos de licencias y permisos, lo que derivó en el cierre de 40 restaurantes formales reportado por la Canirac en octubre de 2025, incluido El Fortín del Bravo con tres décadas de historia en la ciudad.
Ante la presión empresarial y de cámaras como la Concanaco y el CCE, el ayuntamiento revirtió la política mediante la condonación al 100 por ciento de las multas del ejercicio 2025, un repliegue forzado que refleja el costo político de la cobranza institucional desbordada.
Impuesto fronterizo a importadores
El cobro a importadores es una variante del cobro de piso, pero opera sobre flujos comerciales binacionales y deja un margen mucho mayor, una investigación del periodista Ioan Grillo documentó el esquema en Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Camargo y Miguel Alemán.
El periódico Reforma publicó en septiembre de 2024 una lista de 215 artículos con tarifas asignadas, las cuotas iban de 200 dólares por cajas de abrasivos y ferretería, 500 dólares por computadoras e impresoras, hasta 300 dólares por cabeza de caballo cruzada hacia Estados Unidos.
La lista también incluía motos acuáticas, cosméticos, colchones, animales exóticos y combustible, un catálogo que evidencia el grado de control territorial alcanzado por el Cártel del Golfo sobre los principales puentes internacionales de la entidad.
El cártel cobra el impuesto mediante el control territorial de las ciudades fronterizas y el apoyo de funcionarios corrompidos, según InSight Crime y reportes de la HSI estadounidense, lo que convierte el cruce comercial en una de sus principales fuentes de ingresos.
Diversas facciones administran este negocio en la franja Matamoros-Reynosa, los importadores que rechazan pagar enfrentan violencia directa o pérdida de la mercancía, sin denuncia posible ante la presunción de complicidad aduanal.
Tráfico de migrantes, el negocio histórico
El tráfico de migrantes ocupó durante años el primer lugar en márgenes brutos, cálculos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Sur estiman que la actividad deja a los cárteles mexicanos al menos 615 millones de dólares anuales en todo el corredor migratorio.
Tamaulipas concentra rutas críticas porque la Frontera Chica, integrada por Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero, Nueva Ciudad Guerrero y Díaz Ordaz, ofrece más de 300 kilómetros de frontera con Texas con menor presencia institucional que Matamoros o Nuevo Laredo.
El caso emblemático que internacionalizó esta actividad fue la masacre de San Fernando del 22 de agosto de 2010, cuando Los Zetas asesinaron a 72 migrantes en una bodega del ejido El Huizachal, tras negarse a trabajar para el grupo criminal.
El sobreviviente ecuatoriano Fredy Lala Pomadilla relató ante autoridades cómo las víctimas fueron amarradas en grupos de cuatro por la espalda antes de recibir un disparo en la cabeza, escena que reveló la lógica de aniquilación que sustituyó al cobro tradicional de cuota.
Once años después, el 22 de enero de 2021, agentes federales localizaron 19 cuerpos calcinados en el poblado Santa Anita del municipio de Camargo, dos de ellos identificados como guatemaltecos, lo que evidenció que el modus operandi seguía vigente en la Frontera Chica.
El caso Camargo derivó en una sentencia inédita, en septiembre de 2023 once integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la policía estatal recibieron 50 años de prisión por los asesinatos, un duodécimo elemento aceptó 19 años por cooperar con la fiscalía.
Las políticas migratorias de Donald Trump redujeron el flujo en 2025, según reportes locales esto detonó disputas internas entre células del Cártel del Golfo en Matamoros por el control del cobro de piso, ante la caída del negocio principal de la organización.
El narcotrafico ya es secundario
El trasiego de droga sigue siendo relevante pero ya no es el ingreso principal de la mayoría de las plazas, el National Drug Threat Assessment 2025 de la DEA mantiene al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste como organizaciones terroristas extranjeras designadas.
La especialización tamaulipeca está en el cruce hacia Texas, no en la producción, el estado funciona como embudo para fentanilo, metanfetamina y cocaína que llegan desde otras entidades, principalmente desde plazas controladas por Sinaloa y CJNG.
El caso emblemático reciente es la detención en febrero de 2026 de nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros, entre ellos Antonio Guadalupe N, buscado en ambos países por extorsión, secuestro, tráfico de armas, de personas y de drogas.
En el operativo fueron asegurados fusiles Barrett calibre 50, lanzacohetes y granadas, indicio del nivel de armamento que mantiene la organización pese a su pérdida de protagonismo en el negocio del narcotráfico puro frente a competidores como el CJNG.
La Operación Frontera Norte acordada con la administración Trump en febrero de 2025 derivó en la detención de 10 mil 929 personas y el aseguramiento de 120.3 toneladas de droga, incluidos 603 kilos de fentanilo, hasta el reporte del 21 de enero de 2026.
Lavado de dinero mediante casinos
El lavado mediante casinos y empresas fachada es la actividad de menor visibilidad pública y mayor sofisticación financiera, el Departamento del Tesoro sancionó el 14 de abril de 2026 a dos casinos vinculados al Cártel del Noreste en el norte y el sur del estado.
Uno de los casinos opera en Nuevo Laredo, muy cerca del cruce con Texas, y según el Tesoro funcionaba como instrumento para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero formal mediante sus operaciones de juego y procesamiento de apuestas.
El segundo casino está en Tampico, y el comunicado de la OFAC señaló que ambos almacenaban fentanilo y cocaína en sus instalaciones, además los cuartos traseros del establecimiento de Nuevo Laredo eran utilizados para torturar e intimidar a presuntos rivales.
La sanción alcanzó también a la empresa operadora de ambos establecimientos y a un sitio web de apuestas vinculado a la misma estructura corporativa, esquema que reproduce el modelo histórico del lavado tamaulipeco con apariencia de actividad empresarial legítima.
El antecedente remoto remite a Juan Nepomuceno Guerra, conocido como leyenda del contrabando del noreste, quien se movía en la esfera política mexicana con bandera de hombre de negocios mientras controlaba tráfico de alcohol, drogas y personas en la frontera tamaulipeca.
Pesca ilegal, lo novedoso
La pesca ilegal es la actividad emergente con mayor crecimiento documentado, opera sobre especies de alto valor comercial como pargo rojo, mero y diversas variedades de tiburón, con destino al mercado estadounidense y al asiático.
El Cártel del Golfo centralizó esta operación en Playa Bagdad, también conocida como Playa Costa Azul, en el municipio de Matamoros, las embarcaciones cruzan a Texas con migrantes o droga y regresan con dólares o producto pesquero de alto valor unitario.
La OFAC del Departamento del Tesoro ubicó estas operaciones del Cártel del Golfo como parte de la estrategia de diversificación, una respuesta al debilitamiento histórico de la organización tras la liberación de Osiel Cárdenas Guillén en Estados Unidos en 2025.
Un mapa criminal sin un solo dueño
El portafolio criminal tamaulipeco abandonó la dependencia del narcotráfico para construir un modelo de rentas territoriales, donde cada actividad genera flujos estables y la violencia se concentra en proteger el sistema de cobranza, no en abrir nuevas rutas.
La cifra negra del 96.4 por ciento mantiene la opacidad oficial, las estadísticas del SESNSP capturan apenas la superficie de un fenómeno que se mide mejor en cierres de comercios, asesinatos de dirigentes empresariales y disputas internas entre células criminales.
Frontera Chica, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y la franja del sur operan como nodos especializados de un mismo portafolio, donde el huachicol fiscal y el cobro de piso desplazaron al trasiego de droga como motor económico de los grupos criminales del noreste.
Las plazas se mantienen estables no por la ausencia de cárteles sino por la coexistencia de células que repartieron el territorio, donde la violencia abierta se reserva para episodios de reconfiguración y la cobranza diaria fluye en silencio sobre la economía formal tamaulipeca.
Mientras la presión fronteriza estadounidense reduce aún más los márgenes del tráfico humano y del trasiego de droga, las células tamaulipecas ya demostraron capacidad de migrar hacia el huachicol fiscal y el cobro territorial, sin abandonar las rutas.
