Por Staff
Expreso-La Razón
El proceso electoral formal que definirá alcaldías, diputaciones locales y federales en 2027 arranca oficialmente hasta septiembre, pero las principales fuerzas políticas del estado llevan semanas operando como si ya hubiera comenzado.
En Morena, la instrucción es clara: los precandidatos serán identificados desde mediados de este año bajo la figura de “coordinadores de la defensa de la cuarta transformación”.
El PAN y el PRI han respondido en el mismo sentido: también ellos tendrán perfiles definidos para alcaldías y curules antes de que el Instituto Electoral de Tamaulipas abra formalmente el proceso.
El resultado de esa decisión colectiva de adelantar los tiempos es un estado en ebullición política.
Hay municipios donde la disputa es ordenada y predecible, pero otros donde la acumulación de variables —sucesiones pendientes, conflictos entre aliados, candidatos con expedientes comprometidos— produce escenarios inciertos.
Dos factores transversales atraviesan toda la geografía electoral de Tamaulipas y condicionarán el desenlace en prácticamente todos los frentes: el estado de la relación entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, que se deteriora de forma visible y acelerada; y la manera en que los nuevos mecanismos de depuración de candidaturas —impulsados tanto desde la dirigencia nacional de Morena como desde la presidencia de la República— modificarán los equilibrios internos del partido en el poder.
La nueva variable: los filtros de integridad
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lo dijo sin ambigüedades hace apenas unas semanas: ningún candidato con pasado de corrupción será avalado por el partido, independientemente de los resultados que obtenga en las encuestas. La declaración fue una advertencia operativa dirigida a los cuadros del partido en todo el país, en un momento en que varios perfiles políticamente fuertes pero judicialmente cuestionados aspiran a encabezar candidaturas en los municipios más importantes de Tamaulipas.
A esa advertencia se sumó, días después, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo que operará bajo el eje del Instituto Nacional Electoral y cuya función será revisar que ningún aspirante tenga vínculos documentados con la delincuencia organizada.
El mecanismo, si se aprueba en los términos planteados, añadiría un filtro externo al proceso de selección interna, con consecuencias directas para candidatos que hoy aparecen en las encuestas de preferencia pero cuya trayectoria pública genera preguntas que los órganos partidistas han preferido no hacerse.
Matamoros: epicentro de la duda
El caso de Matamoros ilustra con precisión el tipo de presión que estos filtros pueden ejercer. El alcalde Alberto Granados acumula escándalos de gestión que ya forman parte del registro público, y sin embargo el grupo político que orbita en torno a él presionará hasta donde sea posible para garantizar su reelección.
Si los nuevos mecanismos de integridad funcionan como han sido descritos, Granados tendría que superar un escrutinio que va más allá de la encuesta interna de Morena.
Ese escenario abre espacio para perfiles alternativos: en las últimas semanas ha cobrado forma la posibilidad de que el candidato morenista en Matamoros sea el diputado local Víctor García Fuentes, un perfil más limpio en términos de imagen pública, aunque sin el aparato electoral que el alcalde saliente puede movilizar.
El contexto en Matamoros se complicó adicionalmente por una intervención que nadie esperaba.
El exalcalde Mario López Hernández, hoy diputado federal bajo las siglas del Partido Verde, acusó públicamente en un medio de alcance nacional a una lista de morenistas de tener vínculos con el huachicol fiscal. La declaración encendió los reflectores sobre tensiones que hasta ese momento circulaban en privado, y aunque López Hernández intentó después matizar o desmentir sus propias palabras, el daño político ya estaba hecho.
El episodio añadió una capa más de desconfianza entre los dos partidos que hasta hace no mucho gobernaban en alianza en buena parte del estado.
Reynosa: guerra campal
Ningún municipio concentra tantas variables simultáneas como Reynosa. Es el municipio con el padrón electoral más grande de Tamaulipas, lo que lo convierte en pieza clave no solo para 2027 sino, con mayor peso aún, para la elección de gobernador en 2028.
El final del segundo periodo de Carlos Peña Ortiz —que no puede reelegirse— impone una condición de incertidumbre sobre la que se superponen los intereses del grupo familiar que ha dominado la política local durante años y que hoy navega en aguas cada vez más complicadas.
El grupo integrado por la exalcaldesa Maki Ortiz, su hijo el alcalde saliente, y el operador político José Ramón Gómez Leal ha estrechado progresivamente su vínculo con el Partido Verde, con el que mantiene una relación de utilidad mutua que parece encaminarse hacia una ruptura formal con Morena.
La visita de Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde, a Reynosa el fin de semana pasado fue un hecho político de primera magnitud: en público, y por segunda ocasión, Castrejón señaló a Maki Ortiz como la candidata prácticamente segura del Partido Verde para la gubernatura de 2028.
Fue una declaración de intenciones que traza una línea divisoria entre el Verde y las aspiraciones de Morena para ese proceso.
Al mismo tiempo, Gómez Leal recorría el centro y sur del estado acompañado del senador Gerardo Fernández Noroña y de la senadora tamaulipeca Olga Sosa.
En una transmisión en vivo, Noroña afirmó que la candidatura de Morena para la gubernatura en 2028 ya tenía nombre: Gómez Leal o Sosa.
Mientras el Verde destapa a Maki para 2028, Morena construye sus propios candidatos en paralelo.
El escenario de una elección con los dos socios actuales compitiendo por separado es el camino más probable si las tendencias actuales no se revierten.
Para la alcaldía de Reynosa en 2027, la lista de aspirantes por Morena es larga. El presidente del Congreso, Humberto Prieto, ha sido el más visible, y ha utilizado con notoriedad los recursos y la tribuna del Poder Legislativo para construir su perfil de cara a la selección interna.
Sin embargo, en las últimas semanas ha comenzado a ganar espacio su compañera de bancada, Magaly Deandar Robinson, cuya presencia en el escenario complica los cálculos de quienes ya habían descartado sorpresas en ese frente. La candidata que apuntaba el grupo Maki-Gómez Leal, la diputada federal Claudia Hernández, es un tercer elemento en una disputa que todavía no tiene resolución visible.
Nuevo Laredo: la alcaldía como antesala
En Nuevo Laredo, la dinámica local está atravesada por la misma lógica que opera en Reynosa: las decisiones de 2027 no pueden leerse de manera aislada, porque son, en buena medida, posicionamientos para la sucesión de 2028.
La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas concluye su segundo periodo y figura entre las aspirantes con mayor proyección para la candidatura de Morena a la gubernatura. Ese posicionamiento convierte cada movimiento político en una pieza de un juego más amplio.
Para la alcaldía, el nombre que circula con más insistencia desde el interior del grupo de Canturosas es el del actual director de Obras Públicas, Carlos de Anda.
Fuera de ese círculo, aparece el nombre de Ninfa Deandar, secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal, como alternativa que no proviene del equipo de la alcaldesa.
La tercera variable es el diputado federal Carlos Canturosas, hermano de la presidenta municipal y exalcalde del municipio, quien milita en el Partido Verde y que, precisamente por eso, enfrenta una restricción que puede resultar determinante: la regla antinepotismo que Morena ha anunciado aplicar en sus procesos de selección le impediría competir bajo las siglas del partido mayoritario.
El Verde, en cambio, ha anticipado que no atenderá esa regla, lo que abriría la posibilidad de que Canturosas compita por esa vía.
El resultado de ese cálculo afectará directamente las posibilidades de la alcaldesa en su proyección hacia 2028.
Ciudad Victoria: la capital en pugna
La capital del estado reúne la mayoría de las tensiones que se reproducen en distintos puntos del territorio. El alcalde Eduardo Gattás concluye su segundo periodo sin posibilidad de reelección, y la disputa por su sucesión ya está abierta entre un número amplio de aspirantes con perfiles, orígenes y respaldos distintos.
El más cercano al alcalde saliente es Hugo Reséndez, secretario del Ayuntamiento, quien ha comenzado a movilizarse con claridad y ha mostrado acercamiento al Partido Verde.
La señal es significativa: si dentro de Morena la competencia se presenta difícil, el Verde aparece como una opción de salida para quienes no logren el aval del partido mayoritario.
Contra Reséndez compiten varios perfiles jóvenes: la diputada local Katalyna Méndez, el secretario del Trabajo Gerardo Illoldi, y Karl Heinz Becker, titular de la Seduma, y sobrino del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, plenamente identificado con el Verde.
La zona conurbada: dos batallas paralelas
En Ciudad Madero, el ambiente político está marcado por un enfrentamiento abierto entre el alcalde en funciones, Erasmo González —que todavía puede aspirar a la reelección—, y su antecesor, Adrián Oseguera, quien no oculta su intención de recuperar el Ayuntamiento.
La confrontación adquirió dimensión pública cuando González denunció, sin nombrarlo, que la administración anterior había dejado un adeudo de 25 millones de pesos por el impuesto sobre nómina de al menos dos años. Oseguera no respondió directamente, pero la acusación instaló el conflicto en el espacio público con la suficiente contundencia como para condicionar el posicionamiento de ambos de cara a la selección.
En ese contexto irrumpió un elemento adicional: Andrés Zorrilla, exalcalde panista de Madero, anunció su incorporación al Partido Verde, lo que suma otro actor al tablero y refuerza la presencia del Verde como receptáculo político para figuras en tránsito.
En Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal puede aspirar a la reelección y cuenta con posición de ventaja en un municipio donde el PAN mantiene una presencia que los resultados más recientes no terminan de reflejar. Morena tiene grupos internos con aspiraciones sobre el Palacio Municipal, aunque con perspectivas más acotadas que en otros municipios de la zona conurbada.
En Altamira, Armando Martínez concluye su segundo periodo y la disputa ya está en marcha entre tres aspirantes que provienen de distintos espacios institucionales: la secretaria de Bienestar del municipio, Blanca Guzmán, desde el interior del Ayuntamiento; y por fuera, la diputada federal Blanca Narro y el diputado local Marcelo Abundiz. Los tres representan sectores distintos dentro de Morena, y su disputa reproducirá, en escala local, la dinámica que se observa en el resto del estado.
El Verde como variable estructural
La relación entre Morena y el Partido Verde nunca ha sido sencilla. Los dos partidos han operado en alianza en Tamaulipas durante los últimos procesos electorales, con resultados que han beneficiado principalmente a Morena pero que han permitido al Verde mantener una presencia institucional que de otra manera habría sido difícil de sostener.
Esa alianza se basa en un equilibrio que hoy muestra señales de ruptura en varios frentes simultáneos.
El Verde ha desarrollado una estrategia de posicionamiento propio que en varios municipios entra en conflicto directo con los intereses de Morena.
El patrón es consistente: el Verde está construyendo su propio espacio político en Tamaulipas, y lo está haciendo en buena medida a expensas de la coalición que lo ha sostenido.
Morena, por su parte, enfrenta el dilema de cómo responder a esa presión sin fracturar la alianza antes de tiempo y sin ceder posiciones que considera estratégicas.
Los filtros de integridad que la dirección nacional ha anunciado añaden una dimensión adicional al problema: si se aplican de forma efectiva, pueden afectar candidaturas que el Verde estaría dispuesto a respaldar, lo que profundizaría la distancia entre los dos partidos.
Si no se aplican, la credibilidad del discurso de regeneración política que Morena ha construido en Tamaulipas queda comprometida ante un electorado que ha visto de cerca las consecuencias de gobiernos cuestionados.
La selección adelantada de candidatos ha comprimido el tiempo disponible para que los equilibrios internos se estabilicen, y ha expuesto conflictos que en condiciones normales habrían permanecido contenidos hasta el inicio formal del proceso.
La frontera, la capital, la zona conurbada y los municipios medianos presentan variantes locales de un mismo problema estructural: cómo distribuir el poder en un ciclo electoral que ya comenzó, entre actores que no comparten los mismos intereses y bajo reglas que todavía están siendo definidas.
Las respuestas a esas preguntas se irán escribiendo en los próximos meses.
