Este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos durante el segundo gobierno de Donald Trump, 14 de ellos fallecieron dentro de centros de detención y 3 durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; detrás de cada expediente hay algo más que un trámite consular, hay el retrato de una maquinaria que convirtió el encierro de migrantes en una de las operaciones mejor financiadas del gobierno estadounidense.
El caso que precipitó la decisión fue el de Lorenzo Salgado Araujo, constructor de 52 años con tres décadas de vida en Estados Unidos, muerto el 7 de julio por el disparo de un agente del ICE en Houston, Texas, cuando llevaba a su cuadrilla a una obra; el Departamento de Seguridad Nacional alegó legítima defensa, pero los tres hombres que viajaban con él disputan esa versión, los videos conocidos muestran una persecución en vehículos sin identificación y la fiscalía del condado de Harris revisa el caso, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Congreso y a todas las fuerzas políticas a pronunciarse.
Los números explican la urgencia; entre el inicio de la actual administración estadounidense y junio de este año se documentaron 52 muertes bajo custodia del ICE, con una tasa de 8.4 fallecimientos por cada 10 mil detenidos, la más alta en casi dos décadas y superior al peor momento de la pandemia, cuando llegó a 4.4, y de los 39 casos analizados a profundidad, 10 correspondieron a personas mexicanas, la cifra mayor entre 20 nacionalidades.
La escala completa el diagnóstico, la población detenida pasó de 40 mil 806 a 70 mil 800 personas en un año, un aumento superior a 70%, las muertes anuales casi se triplicaron, de 11 en 2024 a 32 en 2025, y el año fiscal 2026 acumula ya 30 decesos, el número más alto en más de dos décadas; buena parte de esas muertes eran prevenibles, ligadas a servicios médicos rebasados y sin personal suficiente, mientras el conteo por administración remata el punto, las 50 muertes bajo custodia acumuladas a junio de 2026 durante el segundo mandato ya rebasan las 48 de todo el primero, con la mexicana como nacionalidad más frecuente entre las víctimas.
Nada de esto es un accidente presupuestal; la ley fiscal aprobada en julio de 2025 asignó al ICE cerca de 75 mil millones de dólares hasta 2029, de los cuales 45 mil millones se destinan a ampliar la capacidad de detención en almacenes reacondicionados, cárceles de condado e instalaciones privadas, un aumento de 400% en el gasto anual de encierro que supera lo solicitado para todo el sistema penitenciario federal de aquel país, un salto desde los cerca de 10 mil millones anuales que la agencia manejó durante años, y con ello el ICE pasó a ser la corporación policial mejor financiada de Estados Unidos, por encima de todas las demás policías federales juntas.
Cuando un gobierno paga por camas antes que por médicos, jueces o defensores, el resultado ya no es un exceso operativo sino un modelo de negocio, cada persona encerrada genera contratos, cada contrato exige ocupación y la salud de los detenidos aparece como costo a contener; los reportes oficiales sobre los fallecimientos contienen información limitada, de modo que ni siquiera morir garantiza que el Estado explique cómo ocurrió, la violencia deja de ser un hecho aislado y se revela como una estructura con presupuesto plurianual.
Esa estructura aterriza en Tamaulipas por la puerta de Matamoros; las deportaciones por el estado crecieron 58% en los primeros cinco meses de 2026, al sumar 15 mil 458 casos frente a 9 mil 759 del mismo periodo del año anterior, casi 90% se concentró en Matamoros, que pasó de 3 mil 786 repatriados a 13 mil 841, mientras Nuevo Laredo se desplomó 90.2% con apenas 450 retornos y Reynosa quedó en 859.
Organizaciones de derechos humanos reportan llegadas nocturnas, sin información clara y con personas en condiciones físicas y emocionales críticas, advierten que sin coordinación binacional el flujo puede derivar en crisis humanitaria, y un dato invierte la lectura, los registros oficiales muestran a la baja los intentos de cruce hacia Estados Unidos, de modo que la frontera tamaulipeca dejó de funcionar como trampolín de salida y se consolidó como zona de recepción de los expulsados por un aparato que cobra del otro lado.
Quien baja del puente en la madrugada trae encima meses de encierro, a veces una enfermedad que nadie atendió, casi siempre una familia dividida entre dos países y unas pertenencias que caben en una bolsa de plástico; para esas personas la discusión sobre presupuestos y tasas de mortalidad tiene nombre propio, es el compañero de celda que ya no despertó.
Las denuncias presentadas este lunes son una decisión poco habitual en la relación bilateral, aunque su destino quedará en manos de fiscales y jueces del mismo gobierno cuya agencia está señalada, juez y parte de su propia conducta, y llegan a una semana exacta de la tercera ronda de revisión del T-MEC en la Ciudad de México, bajo un esquema de revisiones anuales que correrá hasta 2036, donde el país defenderá reglas de origen y aranceles frente al mismo interlocutor al que hoy le reclama sus muertos.
El pronóstico de política pública deja poco espacio para el optimismo, el presupuesto estadounidense está autorizado hasta 2029 y contempla capacidad para detener a más de 100 mil personas por año, de modo que las deportaciones por Matamoros seguirán creciendo con o sin resoluciones favorables.
La respuesta mexicana tendrá que evolucionar de la reacción consular a un sistema permanente de recepción con presupuesto etiquetado, valoración médica al arribo, reposición de documentos de identidad y reinserción laboral en la frontera, y Tamaulipas, que ya concentra la puerta de entrada, será el territorio donde se mida si esa política llega a tiempo o si la crisis humanitaria que hoy anuncian las organizaciones termina convertida en la cifra del próximo informe.
